El viernes 26 de abril fue el último día de Jorge Remes Lenicov como ministro de Economía. Tres días antes había presentado su renuncia, pero las dificultades que tenía Eduardo Duhalde para encontrarle reemplazante le dieron esa “yapa” a su gestión. Su permanencia era formal, aunque el entonces ministro no lo entendió así. Horas antes de abandonar el Palacio de Hacienda, Remes Lenicov firmó un convenio con las tabacaleras Nobleza Piccardo y Massalín Particulares por el cual el precio de los atados aumentará el 15,5 por ciento, y a cambio el Estado se garantiza una recaudación del impuesto a los cigarrillos de 3300 millones de pesos por el período que va de enero de este año a diciembre de 2003. En una primera etapa las empresas aplicarían un incremento del 10 por ciento. En el Ministerio de Economía se redacta el decreto que convalida la suba, que se concretará en cuanto la norma salga publicada en el Boletín Oficial.
Las tabacaleras confían en que Roberto Lavagna convalidará el acuerdo alcanzado con Remes Lenicov. El precio promedio de los atados es de 1,61 peso, pero saltará a 1,85 en cuanto Nobleza y Massalín completen los aumentos. A diferencia de otros rubros que retocaron los precios sin negociación previa con el Gobierno, las tabacaleras necesitan definir la pauta impositiva para los próximos meses antes de cualquier ajuste. En junio caduca un convenio similar al que suscribió Remes Lenicov, firmado en su momento por José Luis Machinea. Aquel pacto también establecía una garantía de recaudación, a cambio de una reducción del impuesto de Emergencia a los Cigarrillos del 21 al 7 por ciento. Es decir, sin la renovación del trato el Gobierno estaría con las manos libres el mes que viene para subir el impuesto.
El argumento que utilizan las empresas para prorrogar el acuerdo es que un alza del gravamen no les conviene ni a ellas ni al Estado. De producirse tal incremento, sostienen, su rentabilidad se vería resentida y para recuperar posiciones estarían forzadas a un aumento de precios todavía mayor. Y ni aun así el fisco conseguiría la recaudación que Nobleza y Massalín se comprometen a conseguir, puesto que la disparada en los precios haría caer la demanda o provocaría un corrimiento de los consumidores a marcas más baratas. En conclusión, dicen, nadie ganaría. Remes Lenicov aceptó la explicación y sobre el estribo puso la firma.
Mientras la crisis por la renuncia del ministro de Economía sacudía al país, las tabacaleras se movieron con rapidez para que Remes Lenicov dejara el convenio firmado. No querían perder tiempo iniciando otra ronda de negociaciones con su sucesor. Las empresas están apuradas por subir los precios. Y lo harán en cuanto salga el decreto, lo que ocurriría en los próximos días. Sus insumos se encarecieron por la devaluación. El tabaco, igual que el petróleo, el aceite o las harinas, se producen internamente, pero como los otros commodities su precio se fija a nivel internacional. También les cuesta más caro importar el papel con que se arman los cigarrillos y otros componentes de los atados.
La garantía de una recaudación de 3300 millones de pesos se completa con el pago de una deuda de 93 millones que las compañías arrastran del convenio vigente. Un apoyo fundamental que consiguieron los fabricantes de cigarrillos para que Lavagna emita el decreto es el del FMI. Semanas antes a la renuncia de Remes Lenicov, las proyecciones de recaudación que Oscar Lamberto presentó a la misión del organismo de crédito que encabezó el indio Anoop Singh incluía esos 3300 millones de pesos.
Una vez que el decreto aparezca, las empresas subirán los precios, un 10 por ciento en una primera etapa y un 5,5 más adelante. Ese cronograma, sin embargo, podría verse alterado porque la inflación se disparara más de lo previsto al momento de suscribirse el convenio, que se negoció con una pauta de incremento de los precios minoristas del 15 por ciento.
El acuerdo establece específicamente que si la inflación saltaba la marca pautada, las partes se sentarían a renegociar sus condiciones. Habrá que ver si las empresas deciden reabrir la discusión para gestionar unmayor ajuste de precios o si se conforman con lo ya pactado. También habrá que ver la actitud de Economía, ya que está en condiciones de reclamar más ingresos, aunque provocará que los fumadores tengan que pagar más por los cigarrillos. El plan contempla a la vez la garantía de que no habrá despidos en las plantas de Nobleza y Massalín, y que las empresas no exportarán a los países limítrofes, para evitar el reenvío por contrabando.