El Ministerio de Planificación no descarta apelar a la constitución de un fondo fiduciario para costear la expansión de las redes de distribución de gas. De prosperar este recurso, podría alivianarse la presión sobre la tarifa que aspiran a cobrar las proveedoras del servicio con las que el Gobierno no consigue celebrar ni siquiera un acuerdo provisorio de renegociación contractual. A pesar de los gestos auspiciosos de Gas Natural BAN –liderada por la española Gas Natural, subsidiaria de Repsol– y a sólo diez días de la audiencia pública para discutir un buscado entendimiento con ella, las imprecisiones sobre el plan de inversiones que estaría obligada a ejecutar la privatizada dejan abierta una brecha difícil de cerrar.
El conjunto de las empresas gasíferas sostienen que la tarifa actual “no refleja los costos económicos y, por lo tanto, hace inviable el negocio”, a menos que sus precios se recompongan rápidamente. Pero esta posición común tiene matices según la operadora en cuestión.
Hace unos días fracasó la posibilidad de celebrar un acuerdo
con Metrogas, desalentada, entre otras, porque el aumento tarifario que el Gobierno concedería en forma inmediata excluiría a los usuarios residenciales, que representan el 56 por ciento de su facturación. Estos recién estarían alcanzados por esa mejora el año próximo, cuando se concrete una revisión tarifaria integral, que estaría más sujeta a la voluntad del poder regulador que a lo que planteen las empresas.
No es el desvelo que tiene Gas Natural, quizá porque tienen una proporción menor de residenciales netos: éstos suman el 55 por ciento pero junto a los comerciales que, según nivel de consumo, sí serían alcanzado por los aumentos de este año; el 27 por ciento corresponde a los industriales y 18 por ciento a las estaciones de GNC, ambos sujetos a ajustes. Tampoco el volumen de la deuda de esta distribuidora tiene un peso demasiado relevante: los 200 millones de dólares son considerados “manejables” por la sociedad, y esto también resta ansiedad al incremento de precios inmediato y generalizado.
La hispana Gas Natural se mostró así dispuesta a renunciar (y no sólo suspender) sus reclamos ante el Ciadi, eso sí, en la medida en que firme con el Gobierno un acta acuerdo que por estas horas aún está empantanado y que debería someterse a audiencia pública el viernes 13 de mayo. Lo que no le resulta muy simpático es la cláusula de indemnidad, por la cual la sociedad debería hacerse cargo de una eventual indemnización si alguna de sus socias (la norteamericana LG&E, en este caso) consiguiera una sentencia favorable en ese tribunal arbitral.
Tampoco le seduce comprometerse a invertir 40 millones de pesos en el próximo año sin que el documento a firmar con la Unidad de Renegociación especifique en qué y de qué modo debería hacerse el desembolso de ese dinero. No es que la empresa desee que el Estado le imponga un plan. Pero según las pautas vigentes no hay forma de que los administradores privados tomen esa decisión a solas.
Los propios técnicos de la Uniren saben que con el aumento del 18 por ciento en el margen de distribución, que equivale a una suba de entre el 6 y 8 por ciento en el precio del gas que pagan los grandes usuarios, las empresas tienen un margen de maniobra limitado para cubrir costos operativos, repagar deuda y remunerar el capital. Menos para expandir la red, llevando el gas de redes a quienes hoy dependen del gas licuado, cuyo precio multiplica varias veces el del natural.
En este orden de ideas, la Secretaría de Energía no descarta el mecanismo de un fondo fiduciario para ampliar el servicio, tema que aún no ha sido formalmente puesto sobre la mesa de negociación con las empresas. La fórmula no está perfeccionada y por eso aún no hay precisiones acerca de con qué dinero se integraría, pero es un recurso a tono con la política del Gobierno, que aspira no sólo a garantizar el dinero para fines específicos sino que no quiere dejar librado a la voluntad de lasprestadoras privadas el desarrollo de infraestructura básica: sea cual fuere el formato y la fuente para nutrirse, ese fondo sería fiscalizado por el Estado.