A través de la resolución 410, el Ministerio de Planificación dispuso un aumento en el subsidio que cobran los operadores de trenes urbanos para compensarlos por el encarecimiento de la energía que consumen y los sueldos que pagan a su personal. La norma faculta al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a incrementar aquellos pagos, misión que honra echando mano al millonario fondo que nutre el impuesto sobre el gasoil. La norma no precisa cuál es el ajuste en la subvención que cobra cada línea, pero oficiosamente se sabe que los nuevos valores entrañarían una suba cercana al 70 por ciento sobre la subvención actual. El Gobierno podría argumentar que así elude la necesidad de admitir una mayor tarifa.
Es factible que el texto publicado ayer en el Boletín Oficial provoque la envidia de más de un ejecutivo de empresa privatizada que pugna por subir sus precios con el argumento de que la devaluación desbarató el valor de sus insumos. Por ahora, los concesionarios de trenes urbanos –incluidos los subtes– son los únicos privilegiados con el reconocimiento de “mayores costos” a partir de la emergencia económica: en la medida en que éstos se disparan, el Estado les aumenta la subvención mensual para cubrir ese mayor gasto.
Las líneas urbanas también gozan de una “compensación tarifaria”, fundada en el hecho de que el Gobierno bloqueó subas en el precio del boleto que debían aplicarse según los complejos contratos, renegociados más de una vez. Otra muestra de comprensión oficial que muchas otras prestadoras de servicios públicos anhelan fuertemente.
Pero ni aquel ni este concepto sirven para contentar a las prestadoras ferroviarias, cuyos planes de obra también son ejecutados con dinero público. Una de sus quejas es que el último reconocimiento de mayores costos habría correspondido a septiembre del 2003, fecha desde la cual varios insumos claves aumentaron dramáticamente.
Según los números difundidos por Trenes de Buenos Aires (TBA), desde la primavera de aquel año hasta la actualidad el costo de la energía eléctrica que consume la operadora de las líneas Mitre y Sarmiento se incrementó un 99 por ciento (el gasto mensual pasó de 950 mil a 1,7 millón de pesos), el de personal un 91 por ciento, el de seguros un 75 y el de materiales, un 63 por ciento. Subas que, puntos más puntos menos, se replicarían en el resto de las operadoras.
Justamente, una de las tareas que se había propuesto la Unidad de Renegociación de Contratos para analizar el impacto que la emergencia produjo en estas empresas fue el de desentrañar su estructura de costos que, a juicio de estos técnicos, resultaba bastante opaca. Tanto que no se podía juzgar con certeza si los pagos que ordena Jaime son correctos o no.
La resolución publicada ayer en el Boletín Oficial faculta a la cartera de Julio De Vido a “implementar la adecuación de los costos en el rubro personal y energía –los de mayor peso relativo–, de acuerdo con lo aconsejado por la Unidad de Renegociación” de los contratos. Este fragmento de la resolución permite suponer que el grupo comandado por Gustavo Simeonoff consiguió superar sus dudas y se involucró en un tema que hasta hace pocas semanas aspiraba a delegar en Jaime.
El salto en los gastos operativos es una cara del problema, agudizado por la avalancha de juicios por accidentes que enfrentan las empresas. Esas demandas abultan de modo contundente el pasivo de las sociedades y las animó a ir declarándose en convocatoria de acreedores de a una, con el fin de ganar tiempo para reestructurar sus deudas. La emergencia les ofreció otra prerrogativa para hacerlo: el concurso no es causal de rescisión de contrato, tal como se preveían los contratos.