La Defensoría del Pueblo de la Nación consideró “incomprensible” que el Gobierno mantenga el diálogo para renegociar contratos con una compañía de la cual uno de sus accionistas accionó contra el Estado en el Ciadi, obteniendo una sanción millonaria para el país. Dicha postura fue presentada por el representante de la Defensoría ante la audiencia pública que se realizó ayer en Salta, para poner a debate la Carta de Entendimiento entre el gobierno nacional y Transportadora Gas del Norte, empresa cuya mayoría accionaria está en manos de un consorcio conformado por Techint, Total, grupo Soldati y Petronas y tienen como socio minoritario a CMS Energy, de Estados Unidos, precisamente la que accionó ante el Ciadi.
TGN pasó por la audiencia pública sin efectuar una oferta concreta para el valor de su tarifa. Así lo explicó Gustavo Simeonof, titular de la Unidad Renegociadora de Contratos con Empresas de Servicios Públicos (Uniren). TGN está en el eje de la tormenta, ya que la semana pasada el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (Ciadi) falló en favor de la empresa CMS Energy y condenó al país a pagarle 133 millones de dólares. No obstante este episodio, Simeonof destacó que desde el Estado se seguirá “trabajando y conversando con las empresas hasta alcanzar un acuerdo”.
El representante de TGN, Daniel Ridelener, destacó en la audiencia “la necesidad de contar con un contrato de licencia que le permita a la empresa operar pensando en el largo plazo sobre la base de pautas claras”. Esas pautas, en opinión de la empresa, deberán establecer “cómo se llevará adelante la revisión tarifaria integral, dejando plasmado en la Carta de Entendimiento de qué forma se determinará la base tarifaria a remunerar, qué criterios y qué fórmulas se aplicarán para el cálculo del costo de capital”.