Organizaciones de defensa del consumidor denunciaron que la garrafa de gas de 10 kilos que se abona entre 22 y 30 pesos podría tener un precio final de no más de 14 pesos. La baja se lograría con el simple trámite de hacer cumplir la legislación existente. Entre diciembre de 2001 y fines de 2004, el precio de la garrafa aumentó el 140 por ciento, suba que casi duplicó la de la Canasta Básica Alimentaria, que fue del 75 por ciento, y más que triplicó la inflación del período, que fue del 42 por ciento.
El 38 por ciento de los hogares argentinos, la mitad de la población, carece de gas natural de redes y recurre mayoritariamente al uso de garrafas. Salvo en las 4 provincias del nordeste, que directamente carecen de redes de distribución domiciliaria –Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones–, se trata de un producto consumido principalmente por los sectores de menores recursos.
Como una forma de aliviar el problema que los continuos aumentos de precios provocaban en los sectores de menores recursos, el Gobierno impulsó un Programa de Garrafa Social. En abril de 2004 se firmó con los principales proveedores el desarrollo de 600 puntos de venta en todo el país para comercializar garrafas a 18 pesos. El acuerdo se previó inicialmente por 180 días y nunca fue renovado. Adicionalmente, los 600 puntos de venta se revelaron desde el principio escasos para abastecer a los 4,5 millones de hogares que consumen gas envasado. Estos hogares incluyen la mitad de la población del país, un universo que es casi coincidente con el de los hogares pobres.
Al no haberse renovado el acuerdo por la Garrafa Social, su distribución quedó librada a la buena voluntad de los proveedores. Ello sin contar los problemas de abastecimiento implícito en el escaso número de puntos de venta que, de acuerdo con cifras de la organización de defensa de los consumidores Deuco, sólo llegaron a proveer 100 mil de los alrededor de 4 millones de garrafas mensuales que se demandan en todo el país. No obstante, Deuco destacó que la ley 26.020 que establece el marco regulatorio para el GLP contiene algunas medidas que “de estar en vigencia podrían mejorar la capacidad de acceso de los usuarios” a precios más bajos.
Según el capítulo 10 de esta ley, la autoridad de aplicación de la norma, la Secretaría de Energía tiene la tarea de disponer “precios de referencia al GLP de uso doméstico de acuerdo con la estructura de costos” de los sectores que intervienen en la producción, fraccionamiento, distribución y venta minorista del producto. Estos precios alcanzarían no sólo a las garrafas, sino también a todos los envases de uso doméstico de hasta 45 kilos. De acuerdo con el informe realizado por Deuco, distintos especialistas coincidieron en que un precio de referencia sobre la base de los costos debería oscilar entre los 12 y los 14 pesos, aun por debajo de los 18 pesos de la esquiva garrafa social. Si este nivel se lograse, significaría reducir el precio que pagan los consumidores a menos de la mitad, lo que provocaría un ahorro para el conjunto de los hogares de no menos de 60 millones de pesos mensuales.
Este último dato se conecta con otro de los aspectos de la ley 26.020 que tampoco se cumple. En su artículo 44, establece la creación de un Fondo Fiduciario “para atender el consumo residencial de gas licuado de petróleo envasado para usuarios de bajos recursos” y para la expansión de redes de gas natural. Adicionalmente la norma prevé que los recursos del fondo se destinen en parte a “la adquisición de GLP en envases (garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos”. Además, el fondo debería haberse integrado en parte con los recursos emergentes del “régimen de sanciones” que fue establecido por la misma ley para “los apartamientos significativos a los precios de referencia”.