Con la firma de tres diputados justicialistas –el presidente del cuerpo, entre ellos–, la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene para emitir dictamen dos proyectos que impulsan la expropiación de los activos de Tandanor SA y la creación de una nueva estructura mixta en la órbita oficial. Tandanor es el astillero naval más importante del país y uno de los más equipados de Latinoamérica. La empresa fue privatizada en 1991 por el menemismo, pero su adjudicatario abandonó la explotación en 1999, al entrar en proceso de quiebra. El gobierno de la Alianza prácticamente se desentendió del problema y fueron los trabajadores de Tandanor los que se hicieron cargo de la administración y lograron sacarla adelante. Llamativamente, el proyecto de Eduardo Camaño no contempla la situación de los trabajadores de Tandanor ni su experiencia como administradores. Las actuales autoridades de la empresa convocaron para hoy a los autores de ambos proyectos para hacerles conocer su propia propuesta, y para el jueves citaron a miembros de distintos bloques –entre ellos Eduardo Macaluse, Alicia Castro, Claudio Lozano y Humberto Roggero– con el mismo fin.
Desde la caída en quiebra de su anterior concesionario, Indarsa, el destino de Tandanor quedó amenazado por el interés en convertir las 12 hectáreas que ocupa en Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires en un apetitoso negocio inmobiliario. Sería, para los especialistas en este tipo de emprendimientos, “la continuación natural” de Puerto Madero. Pero el juzgado comercial a cargo de la quiebra decidió en 1999 poner la empresa en manos del personal jerarquizado hasta tanto se concretara su readjudicación. Los dos llamados efectuados entre 2000 y 2001 resultaron desiertos, por lo que la empresa continuó, como por inercia, en manos de sus trabajadores.
Tras el nuevo cuadro de situación desde la devaluación, Tandanor recuperó competitividad, empezó a lograr contratos de reparación de barcos de grandes empresas y a generar un flujo de ingresos que le permitió reacomodarse económica y financieramente. Entre 1999 y 2002 llegaron a estar varios meses sin cobrar o repartiendo unos pocos pesos por cabeza los días viernes. Hoy, con tres años consecutivos de resultados positivos en sus balances, el personal estable asciende a casi 400 trabajadores y el sueldo mínimo es de 1200 pesos.
Como si nada de esto hubiera ocurrido, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, junto a los justicialistas José Antonio Romero y Oscar Lamberto, presentó un proyecto de ley por el que se declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los títulos representativos del capital social emitidos por Tandanor SA y que se encuentran en el activo patrimonial de Inversora Dársena Norte SA, Indarsa”.
Un segundo proyecto de ley propone la creación de Astilleros Argentinos Sapem (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria), que “tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros el desarrollo y explotación de todas las actividades de la industria naval y conexas (...) que se consideren convenientes”. El proyecto propone abrir a oferta pública las acciones representativas del 49 por ciento del capital social. En los fundamentos se señala, para disgusto de los trabajadores de Tandanor y sus representantes, que “la desindustrialización producida en grandes áreas de la economía (...), con una cuantiosa pérdida de la capacidad innovadora y de la ocupación de mano de obra, indican la necesidad de la intervención del Estado Nacional, mediante la creación de entidades específicas que tengan por objeto restablecer las capacidades industriales y comerciales de las áreas afectadas (...). La industria naval y sus conexas se encuentra en una situación crítica y por ello resulta imperioso crear una estructura que permita llevar adelante las actividades involucradas de manera efectiva”. Significativamente, el primer paso de la nueva estructura oficial seríaavanzar justamente sobre Tandanor, que logró superar por sí misma el proceso de desindustrialización y viene acumulando logros en materia de capacidad innovadora y ocupación de mano de obra desde entonces.
El único flanco débil de la recuperación de Tandanor por sus trabajadores es, justamente, la falta de estatus jurídico de sus actuales administradores. El astillero no está constituido como “empresa recuperada” ni sus empleados organizados como cooperativa. Son, formalmente, sólo continuadores del proceso de quiebra del anterior dueño. Es por eso que entre hoy y el jueves les demandarán a las autoridades legislativas que se contemple el derecho de los trabajadores a los títulos definitivos de control de la planta.