La principal consecuencia de subir a 630 pesos el salario mínimo a partir de julio será oficiar como “señal” para un tercio de los trabajadores informales, que hoy ganan por debajo de ese monto. Esa es la contundente apuesta del Ministerio de Trabajo, donde se descuenta que el impacto de aquella mejora sobre los 750 mil empleados informales ocupados en empresas registradas y con un mínimo de cinco empleados legalizados es un fenómeno probado estadísticamente.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial la resolución por la cual se dispone que el mínimo salarial se ajustará paulatinamente, según acordaron sindicalistas y empresarios en el seno del Consejo del Salario Mínimo: 510 pesos desde en mayo, 570 en junio y 630 en julio, montos que modifican la base para calcular otros beneficios adicionales como el presentismo, aguinaldo y compensatorios varios. Aquí uno de los réditos indiscutibles del nuevo piso que, al decir oficial, también engrosará la remuneración de bolsillo de los trabajadores en blanco que cobran menos.
Según los datos de la cartera laboral, hoy existen 600 mil trabajadores formales que cobran por debajo de 630 pesos. A partir de julio, 200 mil de ellos deberían tener una mejora en mano de unos 180 pesos promedio, que se reduce a 80 pesos para los restantes. Siempre sobre la base de que los empleadores acatarán la resolución 2/2005 publicada ayer.
Pero quizás el impacto mayor beneficiará a los informales, que comparten su lugar de tareas con compañeros blanqueados. Lo que para los hombres de Carlos Tomada constituye el efecto señal. Si se excluye a los trabajadores rurales y domésticos, el 31 por ciento de los ocupados en negro está en la situación detallada arriba y ganando alrededor de 450 pesos. Se trata de 750 mil almas que, ante una mejora de sus pares blanqueados, inmediatamente podrían ejercer una eficaz presión sobre sus patrones para que haga extensiva esa suba.
Esta ilusión está en parte fundada en los resultados de un análisis que realizó la cartera laboral confrontando los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares con los inmediatos anteriores. De ahí surgió que, en un año, el 68 por ciento de los trabajadores informales que habían conservado su puesto también habían conseguido una mejora en sus remuneraciones, siguiendo el derrotero ascendente del salario mínimo.
Claro que esta perspectiva se relativiza ante otro dato que consigna el propio ministerio: el nuevo mínimo no tendrá un impacto general en las remuneraciones de los convencionados. Esto ocurriría por dos razones. Una: prácticamente no hay salarios de convenio por debajo del nuevo valor a aplicar desde julio. Otra: que sólo “excepcionalmente” esta base impactará en las remuneraciones de otras categorías, lo que podría ocurrir en los convenios donde el salario de algunos puestos estén fijados en función del mínimo (un sueldo se fija como equivalente a x salarios mínimos).
La legislación general impide ese enganche automático, desvinculación que el Gobierno está dispuesto a mantener por convicción filosófica. “No creemos que debamos meternos en toda la grilla salarial”, opinaba ayer un asesor de Tomada, a tono con el criterio de Economía de suspender ajustes por decreto para que la suerte de los asalariados esté ligada a la productividad que consigan sus empleadores. Parámetro difícil de objetivar, mucho más en una discusión entre patrones y empleados cuando no existe cogestión.
En este marco, la cartera laboral resalta las supuestas ventajas del nuevo salario mínimo, entre ellas la de rescatar de la pobreza a los trabajadores solteros y sin carga de familia. O la de presuntamente “duplicar” el poder de compra de esa remuneración básica respecto de la última etapa de la convertibilidad, cuando este piso estaba apenas por encima de los 200 pesos. Lo que este cuadro omite es que la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo está en 772 pesos, algo que ni roza el mínimo a estrenar el mes que viene.