A pesar de los esmerados oficios del Gobierno, Techint, Roggio y los Werthein desecharon el convite para hacerse cargo de Aguas Argentinas y el rechazo no dejó otra alternativa que insistir con una renegociación que aún sigue trabada. Tanto que el ministro Julio De Vido acaba de recibir una queja escrita desde Francia, proveniente de la máxima conducción de Suez, por la falta de un cierre a la puja en torno de las nuevas condiciones de contrato. Entre las diferencias, hay una imposible de zanjar: Néstor Kirchner jamás admitirá una suba de tarifas antes de las elecciones, tal como pretende la empresa, aunque sí propone una mejora a partir del primer día de 2006. Pero hay más detalles de esta enrevesada historia.
Los entretelones de esta negociación prueban por qué es una de las más dificultosas, a pesar de la vocación oficial de llegar a un acuerdo que evite una reestatización total y forzosa. El último malentendido se originó cuando, el mes pasado, autoridades de la gala Suez, accionista mayoritaria, presentaron en Buenos Aires un punteo de las condiciones que debería incluir un nuevo contrato de concesión, quizá suponiendo erróneamente que sobre esa base se sellaría un acuerdo.
La empresa planteó una recomposición tarifaria del 20 por ciento a partir de agosto y otro tanto a partir del 1° de enero, anticipo de una revisión tarifaria integral a concretar en el futuro inmediato. Pero la Unidad de Renegociación de Contratos contraofertó un primer ajuste de esa envergadura recién a partir del primer mes de 2006 y un segundo del 15 por ciento en marzo o abril para recomponer el primer tramo de la tarifa, a complementar con otras subas que se definirán luego.
Esta diferencia de tiempos más que de montos no es el principal factor de discordia entre el Estado y una empresa cuya deuda cercana a los 600 millones de dólares la pone técnicamente en situación de quiebra. También en este terreno, Aguas consiguió avanzar bastante, aunque sin cristalizar ningún acuerdo. Negoció con el BID y la Corporación Financiera Internacional posibles quitas de entre el 25 y 30 por ciento en sus obligaciones, a lo que esas entidades estaban dispuestas a acceder a condición de capitalizar una parte de sus acreencias.
En este caso, los reparos fueron planteados por José Luis Lingeri, el representante de los trabajadores. El sindicalista, con notable predicamento en estas discusiones, advirtió que la incorporación de algún nuevo socio licuaría el 10 por ciento que hoy les corresponde a los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada. Para evitarlo, alguien hubiera tenido que hacer un aporte a favor del personal (el Estado o los accionistas actuales), cosa poco factible.
La empresa también apuntó hacia el Banco Nación, en busca de pesificar la parte remanente de su deuda tras las quitas. Según fuentes oficiales, habría pedido un crédito muy blando y a larguísimo plazo de 800 millones de pesos, pretensión que en los últimos días habría sido reducida a 300. Aun así, la idea poco sedujo al ministro de Economía, Roberto Lavagna, uno de los principales detractores de ese apoyo de la banca pública, legalmente poco sostenible en las condiciones actuales.
El Estado sí estaría dispuesto a intervenir para costear parte del plan de inversiones que permita expandir el servicio, algo que los propios funcionarios oficiales consideran imposible con el nivel de ingresos actuales. Este es un punto crítico. El órgano regulador objetó la desidia de la empresa, que por restringir el mantenimiento al mínimo ni siquiera palió los graves problemas de pérdidas de agua potabilizada por las malas condiciones de la red. Pero, al mismo tiempo, los reguladores saben que es imposible universalizar el servicio de aquí a 2030 sin una mejora importante en el flujo de caja.
Para la universalización, Aguas Argentinas necesita invertir no menos de 400 millones de pesos por año. La empresa, según hizo saber al Gobierno, estaría dispuesta a aportar la mitad. El Estado contribuiría con el resto pero a través de un fideicomiso. ¿donación? ¿Subsidio? No: préstamo a reintegrar por los usuarios a través de la tarifa. Según el plan aún no plasmado en papel, el dinero que aporte el Tesoro sería reintegrado con una parte del precio del servicio sobre el que se aplicarán otros incrementos futuros, adicionales a los detallados arriba. Es lo que los técnicos llaman “el segundo tramo tarifario”.
Quizás una elipsis para evitar hacerse cargo del servicio, riesgo que la actual administración debería asumir en el caso de que los actuales accionistas de Aguas concretaran su amenaza de abandonar la concesión. Por ahora, una advertencia de la que en la Rosada prefieren descreer.