El Gobierno hizo un primer movimiento para desactivar el principal foco de conflicto sindical de este momento, el de la administración pública. Anunció la incorporación como empleados en relación de dependencia de 9000 contratados, que si bien no pasan a formar parte de la planta permanente, mejoran de manera sustancial la calidad de su empleo. Los beneficiarios son aquellos que cobran sueldos de hasta 1512 pesos. La medida, que tendrá un costo fiscal de 30 millones de pesos anuales, fue acordada en paritarias con los gremios del sector, ATE y UPCN. El buen clima con los sindicatos, sin embargo, terminó unas horas después del acto en que se formalizó el blanqueo. En una nueva ronda de negociaciones por aumentos salariales, los representantes del Estado pidieron más tiempo para hacer una oferta concreta. ATE les respondería hoy con la convocatoria a un paro nacional.
Las principales figuras del Gobierno se presentaron en el Salón Sur de la Casa Rosada para comunicar la incorporación de contratados. Estuvieron Néstor Kirchner, Alberto Fernández, Roberto Lavagna y Carlos Tomada, además de varios secretarios de Estado. Se trata de un reclamo histórico de los gremios del sector, que denuncian la incongruencia de que la propia administración pública emplea a miles de trabajadores de manera irregular. Por un decreto de Domingo Cavallo de principios de los ’90, las vacantes en el sector público están congeladas. La forma de eludir ese obstáculo por parte de las distintas administraciones fue recurrir a los contratos de locación de servicios. Son, en realidad, empleos formales no reconocidos.
La consecuencia para miles de personas que quedaron encuadradas bajo esa figura fue sufrir la flexibilización laboral durante años. Hay contratados desde hace más de una década. La mayoría se encuentra en esa situación. Para los que perciben haberes de hasta 1512 pesos se inició ayer y culminará el 30 de septiembre un proceso de blanqueo. Son 9000 personas, sobre un total de 16.000 contratados. Norberto Ivancich, subsecretario de la Gestión Pública, explicó a Página/12 que a partir del decreto que firmó ayer Kirchner se les reconoce a esas personas “la relación de dependencia con el Estado”. Pero aclaró que no pasan a integrar la planta permanente –lo que les garantizaría estabilidad laboral– ni la planta transitoria. “Se trata de otra figura de contratación que existe en la administración pública nacional desde 2002”, indicó el funcionario. Contempla todos los beneficios de la relación de dependencia: aguinaldo, vacaciones, aportes previsionales y a la obra social.
Los contratados dejarán de pagar monotributo y recibirán aguinaldo. Con ello, compensarán los nuevos descuentos para jubilación, obra social y el PAMI. Ivancich admitió que “en algunos casos baja el salario de bolsillo”. Y precisó que eso ocurre entre quienes ganan entre 1250 y 1512 pesos mensuales. El resto sale más o menos empatado entre lo que le descuentan y lo que se ahorra. Ese es uno de los motivos por el cual se hizo el corte del blanqueo en 1512 pesos. Además, porque en ese rango de haberes se encuentran la mayoría de los trabajadores flexibilizados. Por arriba de ese monto y hasta 2500 pesos hay unos 2000 contratados que también son flexibilizados, mientras que otros 5000 contratados son profesionales con haberes de más de 3000 pesos que revisten como asesores o funcionarios de tercera o cuarta línea.
Ivancich señaló que el Gobierno trabajará en una segunda etapa para blanquear a los que quedan en situación irregular. Pero dijo que lo hará de manera “selectiva” y en acuerdo con los propios contratados.
Pablo Micheli, secretario de ATE Capital, dijo que “es un paso adelante”, aunque se quejó de que su sindicato no fue invitado al acto en que se hizo el anuncio pese a haber trabajado en su confección. Pero más que eso, protestó porque el Gobierno postergó su propuesta de aumento salarial para el sector hasta el 6 de julio. Hoy habrá un plenario de delegados de ATE que convocaría a un paro nacional de la administración pública.