Subir el dólar de un peso a 1,40 equivale a aumentar en 87 mil millones de pesos la deuda dolarizada de los argentinos, según calcula la consultora Ecolatina. De ese brusco incremento, el 56 por ciento le pega al Estado nacional argentino, y el restante 44 por ciento (es decir, 38.200 millones) al sector privado. El Gobierno apeló, en todo caso, al recurso de proclamarse insolvente, al menos frente a sus acreedores externos, y en la negociación que alguna vez comenzará seguramente planteará una quita en el capital adeudado. En tal caso, le bastará con rebanar un 29 por ciento para que la suba de 40 por ciento en el dólar lo deje igual que antes de la devaluación. Los deudores privados pueden eventualmente optar por la misma solución: ir a una convocatoria de acreedores y ofrecer un arreglo parecido. Pero esta salida es muy compleja si se plantea masivamente, y especialmente en el caso del sistema financiero, cuyos acreedores son los depositantes. Está claro que el presidente Duhalde no quiere darle malas noticias a la clase media respecto de sus ahorros y de sus deudas con los bancos. Pero no es seguro que pueda evitarse y evitarle ese disgusto.
Visto el problema desde otro ángulo, mientras el endeudamiento dolarizado roza los 220 mil millones, el Producto Bruto –es decir, toda la riqueza que el país genera en un año– será como mucho de 180 mil millones de dólares este año, aunque puede también caer bien por debajo de esta cifra. La suma de depresión económica –que implica una merma física en la producción– y desvalorización del peso –moneda en la que la Argentina contabiliza su PBI– provoca este derrumbe en el Ingreso de un país que, según prometían hasta 1998 los pronósticos de los mejores economistas del establishment, ahora debería estar orbitando holgadamente por encima de los 300 mil millones de dólares.
Si es cierto que la devaluación equivale a una brusca pérdida de capital, o un empobrecimiento generalizado, la lucha por los pedazos de la tarta transformada en tarteleta puede conducir a resultados curiosos. Uno llamativo es que los aportantes a las AFJP se encontrarán, de pronto, con una fantástica ganancia de capital en pesos, ya que sus fondos individuales están casi totalmente invertidos en activos dolarizados, cuyo equivalente en pesos aumentará tanto como el precio de la moneda estadounidense. Esto quiere decir que en el mismo momento en que empiece a regir la nueva paridad –lo cual sucederá el miércoles, siempre que pueda levantarse el feriado cambiario–, los 3.200.000 aportantes al sistema privado se encontrarán con que Jorge Remes Lenicov les ha regalado unos 10 mil millones de pesos. Esto Cavallo no lo hacía.
Sería prudente, sin embargo, que esperen para festejar, y mucho más para gastar a cuenta. Deberían recordar que su deudor, el mismo que tan generoso se muestra con ellos, es el fundido Estado nacional. Aunque el default no concierne a los fondos jubilatorios, no es descartable que en algún momento las AFJP sean obligadas a previsionar (pasar a pérdida) buena parte de sus acreencias contra el sector público. Por ahora no ha sucedido, y es difícil que suceda mientras sigan desiertos los dos despachos de los que depende el sistema: la Secretaría de Seguridad Social y la superintendencia de AFJP. Por el momento, del tema ni se habla.
Quienes sí están autorizados a celebrar, al menos provisoriamente, son los 95 mil beneficiarios de este circuito, o siquiera la gran mayoría de ellos, porque sus rentas vitalicias o sus retiros programados están dolarizados. De este modo, un jubilado que venía cobrando 500 pesos mensuales pasará repentinamente a llevarse 700. El estará entre los que momentáneamente quedarán a salvo del descenso, pero es posible que muchos trabajadores activos empiecen mañana o pasado a defender su salario real si el Gobierno no logra contener el nivel general de precios, más allá del lógico subibaja entre transables (bienes que se importan o exportan) y no transables (servicios). ¿El remesazo terminará transformado en un nuevo Rodrigazo, a pesar del hiperdesempleo?
Mientras los mayores focos de pensamiento liberal optan por no levantar la voz contra el desordenado regreso del setentismo, la que volvió intempestivamente a la palestra es la Fundación Mediterránea, lanzando un análisis que, bajo el título de “Devaluación: hecho consumado”, advierte sobre los peligros de un rebrote inflacionario: baja de salarios y precios de activos en dólares, fallidos controles de precios, estanflación y desabastecimiento, magnificación de la economía en negro por culpa de tipos de cambio (valores del dólar) múltiples, y hasta una caída de rentabilidad de las exportaciones. La pesificación de los contratos y las tarifas haría desaparecer a su vez el crédito, trepar las tasas de interés y cesar las inversiones. Dieciocho días después de la durísima caída de Domingo Cavallo, su regimiento vuelve a la carga. ¿Por qué privarse en una crisis tan fluida como ésta?
“Con (Adolfo) Rodríguez Saá, el dólar lo fijaron los españoles (manteniendo el 1 a 1). Con Duhalde lo fija (José Ignacio) de Mendiguren. ¿Por qué nadie quiere dejar que lo fije el mercado?”, se preguntaba ayer una fuente, con temor a que esta política rompa el sistema de precios en una economía que se modeló bajo las reglas de juego implantadas en 1991. Sólo suponiendo que la reducción del salario real será aceptada por los trabajadores puede pensarse, por ejemplo, que provincias y municipios no tendrán que aumentar el Inmobiliario o Patentes. Aunque el PJ quiera levantar diques para que la devaluación no sea pagada por la población, el agua ya está inundando las casas.
Pesificar por un lado las deudas de la gente y de las pyme con los bancos, y por el otro respetar los depósitos dolarizados, es una opción simpática. Pero, en estas condiciones, será muy difícil convencer a la banca internacional de que inyecte capital en sus filiales argentinas para evitar su quiebra, sin que tampoco esté claro quién acudirá a salvar a la banca nacional, privada y pública. A la larga se sabrá cuáles son los costos de este paternalismo, y si arregla lo que no tiene arreglo.