Los gobernadores peronistas siguieron de cerca las negociaciones entre Gobierno, legisladores y grupos económicos que acompañaron el tratamiento en Diputados de la Ley de Emergencia Económica. Los más activos fueron los mandatarios patagónicos, que llamaron al presidente Eduardo Duhalde para transmitirle su preocupación por las medidas que afectan a las empresas petroleras. El Gobierno, a su vez, se preocupó por lograr el respaldo de todas las provincias: el viernes a la noche, el Ministerio de Economía giró bonos Lecop a cuatro distritos y de esa forma saldó la deuda por coparticipación al 31 de diciembre del año pasado.
Mientras los operadores del Gobierno impulsaban la aprobación del proyecto “ómnibus”, los gobernadores de las provincias que producen combustible hacían lobby para que las retenciones a las exportaciones de petróleo no se trasladaran a los pagos de regalías. Según allegados al Presidente, Duhalde les contestó a los gobernadores que el Gobierno no pensaba dar marcha atrás con las medidas previstas. “Estuve reunido con el Presidente y está clarísimo que no vamos a ceder”, confirmaba el vocero presidencial, Eduardo Amadeo.
Las idas y vueltas tenían su explicación. Es que el sector petrolero –que en su mayor parte está en manos de poderosas empresas multinacionales, como Repsol– es uno de los más afectados por el proyecto oficial. Porque el Estado compensará la pérdida que sufran los bancos por la pesificación de deudas menores de 100.000 dólares con una retención a las exportaciones de naftas y combustibles. Claro que las compañías perjudicadas pretendían, a su vez, evitar la pérdida de ingresos pagando menos regalías a las provincias donde extraen petróleo.
Mientras los gobernadores de Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego trataban de hacer valer sus intereses, las provincias del Frente Federal se encolumnaban detrás de las necesidades del Ejecutivo. Su posición era entendible. Los tiempos de alto protagonismo de las provincias “chicas” quedaron en el pasado, luego del alejamiento de Adolfo Rodríguez Saá. Ahora la crisis la conducen los distritos más grandes, especialmente Buenos Aires, y un paso más atrás Córdoba y Santa Fe. Un allegado al gobernador jujeño Eduardo Fellner retrataba esa situación con una imagen muy gráfica: “Volvimos al lugar que teníamos. Seguimos siendo Jujuy, al sur de la República de Bolivia”, se reía, ayer, en diálogo con Página/12.
Muy distinta es la situación de Santa Fe. Carlos Reutemann era el candidato de las provincias chicas y Córdoba para asumir la Presidencia en reemplazo de Rodríguez Saá. Pero las gestiones del diputado Eduardo Camaño, y la vocación de poder de Duhalde, terminaron con las ilusiones del santafesino. Esta interna se manifestaba ayer en los Lecop que la Nación envió a algunos distritos y negó a otros, como Santa Fe y Córdoba. Desde la provincia que gobierna Reutemann, además, ven con desconfianza el anuncio oficial de que la Nación reemplazará con Lecop los bonos provinciales como los patacones o el Cecor: temen que el Ejecutivo, “cuando limpie esos patacones, limpie también las deudas”.
La sospecha la confirmaba ayer un alto funcionario del gobierno de Santa Fe, que en diálogo con Página/12 reclamaba “que no se nacionalice la deuda de las provincias de Buenos Aires y Córdoba”. En voz baja, el santafesino se quejaba porque su provincia no recibe el mismo tratamiento de parte del nuevo gobierno. “Nosotros somos acreedores de la Nación. No somos deudores –protestaba ante este diario–. Sin embargo, no hemos recibido Lecop pese a que ya tendríamos que haber recibido la mitad el 10 de diciembre.”