Desde el primer día de julio se comenzó a devengar un subsidio de 30 pesos por mes para 1 millón 12 mil jubilados que tienen más de 65 años y cobran hasta 600 pesos mensuales. El beneficio, que en principio será percibido por un año, excluye a los que hoy reciben en el marco del Plan Pro Bienestar un bolsón de comida por un monto equivalente. Pero éstos, antes de fin de año, tendrían su compensación: el gobierno analiza un ajuste del 10 por ciento en el valor de esa subvención, así como otorgarles la posibilidad de optar por recibir dinero en lugar de especie.
Los tiempos administrativos no dieron margen para apresurar las cosas, y aquella subvención será cobrada por primera vez junto a los haberes de agosto. De ese modo, el tercio del padrón de beneficiarios del PAMI que tendrá el incremento de los 30 pesos recibirá una paga de 60 el día de septiembre que le corresponda cobrar.
¿De dónde salen los recursos para esta mejora anual, que se suma al incremento del haber mínimo a 350 pesos? No es del superávit fiscal global, que en gran medida se utiliza a honrar deuda, sino de un ahorro interno, conseguido en la obra social de los jubilados que comanda Graciela Ocaña.
Hubo un incremento en la recaudación del PAMI, promovido por una suba de los salarios y las jubilaciones mínimas, contra un gasto contenido. Según se empeña en subrayar Ocaña, su gestión puso fin a desmanejos administrativos como el pago de prótesis que antes se oblaba 1,35 peso hasta reducirlas a 1. Idéntico criterio le permitió conseguir “audífonos alemanes de primera calidad a 155 dólares”, los mismos que antes obligaban a la obra social a desembolsar 300 dólares.
De esta manera, el PAMI pudo acumular hoy una especie de reserva de 700 millones de pesos, de los cuales 364 serían destinados al pago de aquella subvención especial durante un año. Pero para el resto de esos fondos también hay planes, comenzando por una mejora de 3 pesos en el valor de la bolsa alimentaria que hoy perciben alrededor de 450 mil jubilados.
La idea es que se consolide, primero, el pago de la reciente subvención para encarar, luego, una mejora adicional para aquellos que en esta ocasión no tendrán acceso al beneficio al que ayer se refirió expresamente el jefe de gabinete, Alberto Fernández. Quizás en unos noventa días, según se especula en la obra social de los jubilados, podría incrementarse el valor del bolsón y cambiar el sistema para otorgar esa prestación.
Hoy la obra social fija los valores nutricionales que debe contener el paquete que se administra a través de los centros de jubilados. Pero son en definitiva estas entidades las que se encargan de comprar los alimentos y entregarlos a los beneficiarios. La intención es que, en unos tres meses, éstos puedan optar por seguir recibiendo esa bolsa o los 33 pesos en efectivo, según lo que juzguen más conveniente para su frágil economía. Una modalidad que acotaría claramente el poder del que hoy disponen aquellas entidades intermediarias.
“El único propósito es que los ahorros de la mejor gestión del PAMI se vuelquen en mejor calidad prestacional para los afiliados”, explicó Fernández, al realizar el anuncio en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno. El funcionario pretendió negar de ese modo que el otorgamiento de las últimas subas, tanto en el haber mínimo como esta subvención adicional, tengan un propósito proselitista, tal como acusaron dirigentes de la oposición. “Si de acá a octubre todas las medidas que podamos dictar en favor de la gente van a ser consideradas electoralistas, entonces quiere decir que deberíamos paralizarlas (...) para que la oposición, desde su narcisismo, no nos acuse de electoralismo”, proclamó el jefe de Gabinete desde la Rosada.
En términos más diplomáticos, Ocaña apuntó que la idea es que el dinero que se ahorra en la entidad “llegue a los jubilados y no a cinco vivos que han sido los dueños del PAMI durante mucho tiempo”. El problema es que estos tímidos paliativos no logran compensar ni cercanamente el dramático derrape que sufrieron los haberes tras la devaluación y la pérdida de peso relativo en el gasto público total de las jubilaciones y pensiones.