El gobernador Felipe Solá evaluó que el costo político era demasiado elevado y ordenó que se “deje sin efecto la inspección impositiva” a los albergues transitorios, para no afectar “el derecho a la intimidad de los ciudadanos”. Así desautorizó a su subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, quien había lanzado una nueva cruzada contra los evasores, esta vez focalizada en los nidos de amor clandestino. El cortorcircuito, sin embargo, no provocó una crisis en el gabinete de Solá, ni mucho menos, porque el propio Montoya salió a decir públicamente que “fue un error” emprenderla contra los clientes de los albergues. Según explicaban anoche fuentes del Ministerio de Economía provincial, la fiscalización a los hoteles alojamiento continuará, porque se detectó en ellos un elevado nivel de negreo en la facturación, pero sin molestar a los apasionados huéspedes.
La campaña de fiscalización de los llamados telos generó durante el día de ayer un generalizado rechazo en distintos sectores. “Hay medidas que generan una irritación. No sé si ese es el objetivo, pero el control en los hoteles no tiene que ver con una civilizada fiscalización”, afirmó el tributarista Elías Lisicky.
Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Albergues por Hora, Néstor Casaprima, se quejó porque “desde el anuncio de la medida hasta la fecha, la actividad fue nula” en los principales establecimientos. “Los clientes tienen temor de pasar un mal momento, yo le preguntaría (a Montoya) por qué no le pregunta a las personas que van al hipódromo o a las loterías”, disparó Casaprima.
En tanto, el abogado Daniel Sabsay fue todavía más crítico: “Está dando vueltas un afán de tipo extorsivo. No veo cuál es el motivo de elegir un lugar donde la gente desarrolla una parte de su vida tan privada”, aseguró el reconocido constitucionalista. “¿Por qué no lo hacen en otro lugar? Temo que se quiera hacer un control paralelo”, especuló.
Finalmente, el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Jorge Alvarez, coincidió en que el hecho de “que Santiago Montoya haya dicho que él sabe a qué hora sale la gente de los albergues transitorios suena a extorsivo” y advirtió que “se está violando la Ley de Hábeas Data”, que protege la identidad de los investigados por causas de evasión de la arbitrariedad de los funcionarios.
Ante la avalancha de críticas, en medio de la interna del PJ bonaerense, Solá optó por aquietar las aguas y desautorizar a su funcionario estrella. Hacia el mediodía, a través de un comunicado de prensa de la gobernación, manifestó que había dado “precisas instrucciones” al subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, para que “deje sin efecto la inspección a los albergues transitorios”. Y agrega que “la política de recaudación de impuestos y la persecución a los grandes evasores que lleva adelante con decisión y excelentes resultados el subsecretario Montoya proseguirá como hasta ahora, pero sin que los mecanismos para obligar a que cumplan con la ley afecten el derecho a la intimidad de los ciudadanos”.
El comunicado había sido acordado por la mañana con la propio Montoya, que más tarde salió a reconocer por los medios su “error”. Igualmente, el funcionario insistió con que un 60 por ciento las personas que utilizan tarjetas de crédito emitidas en el exterior concurren a los hoteles alojamiento de la provincia y que constituían interés fiscal para Rentas. “Son personas que en algunos casos gastan 10.000 pesos mensuales en promedio en joyas con sus tarjetas y tienen varias propiedades”, explicó Montoya, con la intención de mostrar que no se perseguía a contribuyentes pequeños.
Los operativos de Rentas en los albergues sólo se realizaron el lunes por la noche, concentrándose en las cajas registradores de los albergues y en la anotación de las patentes de los autos de los clientes, para corroborar el cumplimiento impositivo. Se inspeccionaron 16 hoteles de Panamericana, Vicente López, Morón, La Matanza, Avellaneda y La Plata.