El aumento de sueldos a los porteros se transformó en una cuestión de Estado. Roberto Lavagna llamó especialmente desde China, adonde viajó en misión oficial, para alertar que el Palacio de Hacienda no aceptará más situaciones como la planteada con los encargados de edificios. Al parecer, según el ministro, esos trabajadores llegaron a un acuerdo tan ventajoso que toda la estructura de precios minoristas se vio afectada y por eso la inflación de junio subió 0,9 por ciento. Después de dar esa explicación, Lavagna hizo saber que de ahora en más su cartera hará “un monitoreo estrecho de los convenios salariales”. La decisión causó indignación en sectores gremiales, que calificaron la medida como “una grave violación a la libertad de negociación sindical”.
“Lo único que falta es que nos echen la culpa de la candidatura de Moria Casán”, dijeron, entre enojados y divertidos, desde el sindicato de porteros. Su titular, Víctor Santa María, manifestó su incredulidad por las acusaciones de Lavagna, debido a que el convenio que supuestamente provocó el alza de precios consiste en un aumento para los encargados de 60 pesos, dividido en dos cuotas de 30 pesos en mayo y junio. “Las expensas no subieron por los sueldos de los trabajadores”, insistió el dirigente de Suterh, quien señaló que la incidencia del incremento de haberes sobre el valor de las expensas fue de alrededor de 2 pesos.
No es la primera vez que Lavagna arremete contra los salarios. En marzo pasado, cuando se supo que la inflación del primer trimestre había llegado a 4 por ciento, el ministro dijo que era responsabilidad del acuerdo marco que estaban negociando la Unión Industrial y la CGT. En esa oportunidad militó para que el Gobierno dejara de conceder aumentos por decreto y pidió que cualquier mejora surgiera de negociaciones paritarias, en base a los avances de productividad de cada sector.
Lavagna hizo conocer su opinión a través de su vocero, Armando Torres, quien ayer comunicó que el Ministerio de Economía “hará monitoreos de los acuerdos salariales de manera estrecha, con el propósito de evitar que se reproduzcan casos como el de los encargados de edificios de renta horizontal”. El funcionario precisó que el ministro impartió la directiva en una conferencia telefónica que mantuvo con su equipo desde China, adonde participa de una cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Según el mensaje de Lavagna, los incrementos salariales a los porteros “afectaron de manera sustancial el costo de vida, muy probablemente por la débil representatividad que tiene el sector empleador en este sector”.
De acuerdo con esa declaración, el Gobierno intervendría activamente en las próximas paritarias para fortalecer la posición empresaria y evitar que se pacten convenios con aumentos supuestamente desmedidos. El Ministerio de Trabajo prefirió guardar silencio, pese a tratarse de un tema de su injerencia. Los que no se callaron fueron los representantes sindicales. Horacio Meguira, director del departamento jurídico de la CTA, afirmó a este diario que lo que pretende hacer Lavagna es “ilegal”, puesto que la última reforma laboral bloqueó toda posibilidad de veto a los convenios colectivos por cuestiones económicas. “Es una grave violación a la intangibilidad de la negociación sindical”, agregó.
Su colega de la CGT Héctor Recalde coincidió en el señalamiento de que “los acuerdos salariales son homologados por el Ministerio de Trabajo, no por el de Economía”. También dijo que “el costo laboral está en su piso histórico”, con haberes en promedio un 15 por ciento por debajo del nivel previo a la devaluación. “Zapatero a tu zapato: que Lavagna se dedique a controlar a los formadores de precios”, sugirió. “Lo que está haciendo suena a intimidación, como si quisiera darles una excusa a las cámaras patronales para no conceder aumentos”, agregó, antes de concluir que “sus palabras no se compadecen que el objetivo de distribuir la riqueza de manera más equitativa”. Meguira, por su parte, protestó porque el ministro de Economía “primero dijo que cualquier aumento de sueldos debía surgir de las paritarias y ahora pretende imponer topes, sin aceptar la libre negociación”.