Por segunda vez en la misma semana, el Gobierno se vio obligado a enfriar las expectativas de los jubilados de obtener una recomposición de sus haberes. Un par de días atrás desestimó un inminente aumento generalizado. Y ayer confirmó que apeló ante la Corte Suprema la orden judicial de ajustar los sueldos de la clase pasiva nada menos que en un 70 por ciento. Sergio Massa, titular de la Anses, pidió que los jubilados no se generen “expectativas”.
En medio de la campaña electoral, el fallo de la Sala I de la Cámara de la Seguridad Social tuvo sin dudas un efecto negativo en el Gobierno. Néstor Kirchner, durante un acto en Ezeiza, resaltó que los jubilados son “una prioridad” para su administración. Que piensa en ellos “permanentemente”. Pero, en la práctica, el Gobierno volvió a desinflar las expectativas de mejoras en los haberes de los jubilados.
En segunda instancia, el Poder Judicial había ordenado al Ejecutivo reajustar los salarios desde abril de 1995. Implicarían aumentos de alrededor del 70 por ciento, ya que la sentencia obliga a una “movilidad” de los haberes: el ajuste debería aplicarse en función de la inflación de la última década o bien por la evolución de los sueldos del sector privado durante esos años. El fallo benefició a la jubilada cordobesa Elisa Lucinda Gómez.
El fallo de la Cámara devino por una demanda de una jubilada que reclamó la movilidad de sus haberes, que había sido eliminada por una ley del Congreso en marzo de 1995. Esa norma establecía que el Congreso era el responsable de esos ajustes. Pero como el Parlamento nunca los votó, quedaron en la nada. Ahora, la Cámara le dio la razón a la jubilada.
Desde las primeras horas de la mañana, el Gobierno intentó restarle trascendencia al tema. “He hablado con el Presidente y no me manifestó ningún disgusto. Se trata de la posición de una de las varias salas de la Cámara de la Seguridad Social, y siempre está el tribunal superior, que es la Corte Suprema de Justicia”, explicó Massa en declaraciones radiales.
Raúl Zaffaroni, miembro del máximo tribunal, descartó que la Corte Suprema se expida en el corto plazo. Dejó entrever, en cambio, que recién lo haría “dentro de cuatro, cinco o seis meses”. Cualquiera sea la circunstancia, el fallo definitivo ocurriría recién hacia fin de año o principio de 2006, una vez que las elecciones hayan pasado. La aseveración de Zaffaroni llevó tranquilidad a los despachos oficiales: una sentencia definitiva en contra de los jubilados, por parte del máximo tribunal, no haría más que restarle popularidad al Gobierno. De hecho, Massa vaticinó que la Corte “no va a tener un pronunciamiento en la misma dirección (que la Cámara de Apelaciones), básicamente porque tiene jurisprudencia en otro sentido”.
No fue casual que Kirchner utilizara su discurso de ayer en Ezeiza para resaltar la actitud de su administración frente a la clase pasiva: ya dio seis aumentos de la jubilación mínima desde que asumió hace dos años. Está claro que cualquier decisión final sobre el tema tendrá un impacto político y también económico, muy fuerte.
Sobre lo que puede pasar con este tema, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, opinó lo contrario de Massa. Estimó que la Corte fallará en favor de los jubilados. “Tenemos esperanzas. En otro caso, la Corte fijó una doctrina sobre este tema, y es muy probable que esto se pueda hacer extensivo al resto de los jubilados”, indicó.