Aguas Argentinas pasó de la amenaza a la acción. Ayer envió un virtual ultimátum al Gobierno: le dio treinta días hábiles para llegar a un acuerdo de renegociación del contrato o, de lo contrario, se considerará habilitada para pedir la anulación de la concesión, cargando la culpa sobre el Estado. La empresa remitió una nota oficial al Ministerio de Planificación y al ente de control, el Etoss, con esa advertencia. Se trata de un gesto contundente que deja muy poco margen para evitar la ruptura.
Lo primero que recordaron en la cartera de Julio De Vido es que la compañía está dando los mismos pasos que la llevaron a abandonar las operaciones en Santa Fe. Allí también le avisó al gobierno de Jorge Obeid que, si no había arreglo en treinta días, daría el portazo. El ultimátum no es sólo una herramienta de presión para demostrar que las cosas van en serio, es también un procedimiento formal establecido en el marco contractual. Aguas Argentinas movió primero y ahora queda en mejor posición para una eventual batalla legal.
El artículo 14.9.5 del marco regulatorio dice que “en caso de que se verifiquen causas para la rescisión del contrato por culpa del concedente, y si esas causas subsistieran en un plazo de 30 días hábiles, el concesionario podrá intimar la rescisión del mismo”. En la nota que dirigió al Etoss y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, área que depende del ministerio de De Vido y que es la autoridad de aplicación de la concesión, la empresa responsabiliza al Estado por haber llegado a esta situación.
La carta se redactó al término de una reunión de directorio. Las autoridades analizaron la última propuesta del Gobierno para renegociar el contrato, que fue remitida anteayer. La consideraron poco menos que una provocación, dado que no había ninguna oferta concreta de aumento de tarifas, ni respuesta al pedido de subsidio por 120 millones de pesos que formuló la compañía, ni promesa de ayuda para refinanciar su deuda. Todos esos pedidos habían sido planteados al Ejecutivo hace exactamente veinte días.
No hubo respuestas “a las propuestas hechas por la empresa, pero tampoco se ofrecen alternativas”, protestó Aguas Argentinas a través de un comunicado de prensa. Lo mismo, pero con términos más duros, le manifestó al Gobierno en la nota oficial. “Los accionistas decidieron hacer un pedido formal para que en un plazo de 30 días hábiles, conforme a las disposiciones contractuales, tome las medidas conducentes para restablecer el equilibrio del contrato”, agrega el comunicado. Si en ese lapso no hay una solución al conflicto, la empresa podrá pedir la rescisión.
Las negociaciones con Aguas Argentinas llevan más de tres años. El actual gobierno pasó varias veces de amenazar con la ruptura a buscar una solución a toda costa. Néstor Kirchner acusó más de una vez a la empresa de querer extorsionar al Ejecutivo, mientras que en otra oportunidad la puso como ejemplo ante el resto de las privatizadas cuando parecía que las conversaciones se encauzaban. Roberto Lavagna hizo gestiones ante el BID y el Banco Mundial para que aceptaran una refinanciación blanda de la deuda de la empresa.
Aunque Aguas Argentinas acumula una gran cantidad de incumplimientos contractuales, que justificarían la rescisión por parte del Estado, el Gobierno prefirió no dar ese paso porque no le interesa asumir la operación del servicio. “Esto no es el Correo”, comentó un funcionario a Página/12. “Si tenemos problemas con el agua, la misma gente que ahora nos impulsa para que echemos a los franceses después se la va a agarrar con nosotros”, admitió. El grupo francés Suez es el controlante de la empresa.
De Vido tanteó en su reciente viaje a España la posibilidad de que un grupo inversor de ese país se haga cargo de Aguas Argentinas. También intentó localmente con grupos como Roggio y Techint, así como con un pool de bancos comandado por Jorge Brito, del Macro Bansud. Sin embargo, todas esas posibilidades fracasaron. El negocio del agua es poco rentable a corto plazo y en las condiciones en que se encuentra la empresa, con una deuda de 600 millones de dólares a cuestas, por ahora nadie quiere hacerse cargo.
El Gobierno, por otra parte, no parece dispuesto a aceptar las condiciones que plantea la compañía, que son muy difíciles de justificar políticamente. Tanto por el subsidio de 120 millones de pesos, como por el aumento de tarifas a los residenciales, como por el préstamo millonario del Banco Nación. La empresa contestó con un ultimátum. En 30 días hábiles, a lo sumo, ese capítulo de la historia podría terminar.