La Corte Suprema confirmó ayer su fallo de mayo pasado, en el que dispuso que las jubilaciones concedidas antes de marzo de 1995 deben actualizarse mediante el Indice General de Remuneraciones. La medida favorece de manera directa a unos 1000 jubilados que tienen causas pendientes de resolución en el máximo tribunal, más otra cantidad que podría llegar a las 800 mil personas que quedaron habilitadas para ir a la Justicia a reclamar la correcta liquidación de sus haberes.
El fallo da lugar a aumentos que rondan el 45 por ciento, entre abril de 1991 –cuando arrancó la ley de convertibilidad– y marzo de 1995. En esta última fecha, el viejo mecanismo de movilidad cayó por la mal llamada Ley de Solidaridad Previsional.
Sin embargo, la Anses interpretó que la actualización de haberes terminó en octubre de 1993, cuando se votó la última reforma previsional. Con ese argumento se presentó ante la Corte con un recurso de revocatoria. El máximo tribunal rechazó el planteo y ratificó que los jubilados que se retiraron con la ley vieja (18.037) merecen el recálculo de sus sueldos para aplicar el IGR. Además, señaló que la Secretaría de Seguridad Social tiene 60 días para recrear aquel índice, que dejó de publicarse en 1994.