Mientras los expendedores de Gas Natural Comprimido aseguran que no habrá aumentos de precios hasta fin de año, el Enargas intenta mejorar el sistema de control de seguridad sobre vehículos y equipos, notoriamente relajado en los últimos años. Precisamente, aquellos en los que se produjo un boom en la conversión de automóviles nafteros a este combustible: el pase hoy involucra a unos 6000 autos por mes. Una flamante resolución del ente intenta corregir de algún modo los defectos que le imputó un trabajo de la Auditoría General de la Nación, en el que se les recrimina a los reguladores no haber tomado medidas para garantizar que sólo puedan cargar los coches habilitados ni haber fiscalizado debidamente la calidad de los equipos que se utilizan. Falencias que hicieron mucho más vulnerable un sistema de controles desde siempre bastante laxo.
Si bien el trabajo realizado por los técnicos de la AGN pone la mira sobre un período que concluyó en el año 2002, las debilidades señaladas subsisten hasta la actualidad, según admiten los propios expendedores. El complejo régimen de contralor en cabeza del Enargas (hoy comandado por el sureño Fulvio Madaro) incluye varios actores, comenzando por el Productor de Equipo Completo, conocido en el rubro por su siglas PEC. Esta categoría hace años era ostentada por un reducido grupo de fabricantes o importadores, pero hoy la tienen no menos de setenta titulares, incluidos algunos talleres que sólo deberían limitarse a la verificación técnica.
El PEC trabaja con talleres encargados de revisar anualmente los vehículos que funcionan con GNC y otorgarles la oblea que los habilita a cargar por otro año. A su vez, esos productores están sometidos al juicio de los Organismos de Certificación (Instituto de Tecnología Industrial, Instituto del Gas Argentino o la consultora Buró Veritas), que evalúan la calidad de los equipos. Pero este circuito de contralor sobre la seguridad se habría ido distorsionando al punto que hasta se hizo factible comprar las calcomanías sin ser sometido a revisión.
Según imputa el informe de AGN, “el Enargas no estableció mecanismos alternativos que garanticen la carga de GNC únicamente a los vehículos que estén habilitados” ni “controló los procesos de certificación correspondiente a equipos y/o accesorios”.
Como ejemplos de su objeción, los técnicos bajo el comando del auditor Leandro Despouy señalan que en el 2003 el organismos de control “no realizó ninguna auditoría a los organismos de certificación”, con el agravante de que muchos de ellos poseen certificaciones precarias para su desempeño, otorgadas en la medida en que el parque del GNC fue creciendo.
A través de una resolución fechada el 7 de julio, el Enargas intentó pulir un régimen con notorias deficiencias, admitidas por los propios expendedores. “Siempre hay algunos delincuentes que hacen las cosas como no corresponden a pesar de los controles”, relativiza Fausto Maranca, directivo de la cámara que los nuclea.
Según aquella norma, de ahora en más los talleres que controlan los vehículos deberán obtener el reconocimiento de “aptitud técnica” de parte de los organismos de certificación acreditados. Unos y otros, a su vez, serán objeto de inspecciones sorpresa de parte del Enargas. Dos tímidos paliativos a las enormes falencias que ponen en riesgo la seguridad de operar con un combustible mucho más barato que la nafta y cuyo precio promete no moverse hasta el año próximo.
El principal insumo de los productores y expendedores de GNC es el gas natural, cuyo valor permanecerá estable. Eso sí: después de las cuatro subas al valor boca de pozo que el Gobierno autorizó a los productores desde abril del 2004.