El Gobierno elevaría la jubilación mínima en 40 pesos, con lo que alrededor del 70 por ciento de los jubilados de la base de la pirámide, unos 2,5 millones de personas, pasaría a cobrar entre 390 y 420 pesos a partir de este mes. El anuncio sería hecho por el Poder Ejecutivo esta misma semana. Se trata del séptimo aumento en el haber mínimo concedido por la actual administración.
En julio pasado Página/12 había adelantado la voluntad oficial de volver a incrementar la jubilación mínima a sólo un mes del ajuste que lo había llevado en junio de 308 a 350 pesos. La filtración del potencial anuncio provocó por entonces la reacción del presidente Néstor Kirchner, quien acusó genéricamente a los funcionarios que habían dejado trascender la información de “decir pavadas”. Las especulaciones no fueron pocas. La interpretación oficial fue que el Gobierno seguía preocupado por la inflación y que los mayores ingresos en manos de los jubilados serían un impulso para los precios. En esta misma línea y luego de la contención de la inflación consolidada en agosto con el 0,4 por ciento, habría llegado el momento de conceder el aumento. Esta interpretación, que no tiene en cuenta la continuidad de los aumentos en la canasta básica, la que consumen quienes tienen el ingreso mínimo, se sostiene también en que el sistema de seguridad social cuenta con los recursos necesarios para abastecer los cerca de 100 millones de pesos mensuales que costará la medida, unos 1200 millones por año. Sin embargo, la segunda interpretación escuchada en julio fue que el Gobierno prefería guardar la buena nueva para incidir en la disputa electoral que se aproxima.
Dejando de lado las especulaciones, la medida beneficiaria a 2,5 millones de jubilados, alrededor del 70 por ciento del total de los pasivos. Entre ellos, los más de 2 millones que cobran de las cajas de jubilaciones y pensiones, los alrededor de 50 mil de las cajas provinciales transferidas a la Nación y los cerca de 400 mil que reciben pensiones de origen no contributivo. El beneficio también llegará a quienes reciben el subsidio socio-sanitario de 30 pesos que otorga el PAMI, para quienes el nuevo mínimo será de 420 pesos.
Aunque desde el punto de vista técnico se considera que el ingreso de un pasivo debería estar en torno al 75 por ciento del haber del trabajador activo, con el actual salario mínimo de los trabajadores que aportan a la seguridad social, que es de 650 pesos, la relación se encuentra en el 67 por ciento. Un porcentaje que se encuentra menos desfasado si se compara con el salario mínimo de los trabajadores en negro.
Cuando finalmente se produzca el postergado anuncio será el séptimo aumento concedido por la actual administración. A pesar de la aceleración inflacionaria producida en el 2002, cuando se produjo el shock postdevaluatorio, el haber mínimo quedó congelado en 150 pesos hasta agosto del 2003, cuando se agregaron 70 pesos. El 2004 fue un año mejor. Las subas fueron 4 y llevaron el mínimo de 220 a 308 pesos: 20 pesos en enero, julio y agosto, más el 10 por ciento concedido en septiembre para las retribuciones de hasta 1000 pesos, lo que dejó el mínimo en los referidos 308 pesos. Aunque transitorio, otro extra fue el suplemento navideño de 200 pesos. La secuencia se completó el pasado junio con la suba de 42 pesos que llevó la mínima a los 350 que se perciben actualmente.
La política de recomposición de ingresos para los jubilados muestra un sentido más claro que la tendencia existente en el mercado de los trabajadores activos. La persistencia del trabajo en negro y el aumento de la canasta básica por encima de la inflación, junto con una desocupación que, pese a descender, se mantiene en los dos dígitos, provocan que la indigencia sea más resistente a reducir que la pobreza. El sector de asalariados que logró recuperar su poder adquisitivo fue el de los registrados. Entre los pasivos, en tanto, el virtual congelamiento de las jubilaciones que exceden el mínimo, y en especial las de más de 1000 pesos, provoca el achatamiento de la pirámide de ingresos.