No podía ser de otra forma. Apenas horas después que la empresa francesa Suez hiciera pública la decisión de recomendar al Directorio y accionistas de Aguas Argentinas dejar la concesión del servicio de aguas corrientes y cloacas en el área metropolitana, el otro accionista importante de la compañía, Aguas de Barcelona, dejó trascender una posición similar. Un vocero del grupo, con sede central en dicha ciudad catalana, realizó una escueta declaración en la que se limitó a informar esa decisión. Agbar controla el 25,01 por ciento de las acciones de Aguas Argentinas, que al sumarse al 39,93 por ciento detentado por Suez le otorgaban a ese anuncio una trascendencia muy particular. Sin embargo, no cabía esperar otra definición, puesto que Suez es, a la vez, controlante de Agbar. Como una última instancia de negociación, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, tiene agendado conversar del tema en Nueva York (adonde viajó anoche) con los mandatarios de Francia y España que participen del encuentro en esa ciudad.
Kirchner ya tiene agendada la reunión con el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. También habrá un encuentro con su par francés, Jacques Chirac. Si éste finalmente resigna su viaje por sus problemas de salud, se encontrará con su primer ministro, Dominique de Villepin. De estas tertulias saldrá la definición de la novela en torno de Aguas Argentinas. Entre Suez y Aguas de Barcelona (Agbar) controlan poco menos del 65 por ciento de la empresa argentina. Pero Suez tiene la mayoría accionaria de Hisusa, que es la propietaria del 47,1 por ciento de Agbar, y una participación adicional del 1,5 por ciento en la empresa catalana.
La decisión de Agbar salió a la luz pública tras la publicación, en el diario especializado español Cinco Días, que la empresa concretaría una desinversión masiva en América latina. Además de la Argentina, Aguas de Barcelona tiene presencia en Uruguay, Colombia, Brasil, México, Cuba y Chile. Frente a la versión, el vocero se vio obligado a admitir que la decisión de retirarse involucraba sólo a la Argentina. Y se negó a dar detalles de la determinación.
Suez y Agbar ya demostraron que juegan en bloque cuando hace tres meses y medio decidieron renunciar a operar Aguas de Santa Fe. En la compañía provincial, los franceses dominaban con el 51,69 por ciento del paquete accionario y su vinculada detentaba el 10,89. Ambos socios pegaron un portazo luego de varios meses de negociaciones con el gobierno santafesino. Todavía les queda el manejo de Aguas Cordobesas. Por ahora no hubo una definición pública sobre esta empresa, pero cabe reparar en los dichos del vocero de Aguas de Barcelona: dijo que la intención era irse de la Argentina.
Frente a la crisis empresaria, la postura del Gobierno fue componedora.
“Si ellos (los ejecutivos) deciden negociar en los términos que nosotros planteamos, estamos siempre dispuestos”, aseguró De Vido durante el transcurso de un acto en José C. Paz, donde acompañó a Kirchner. Desde un primer momento, en los despachos oficiales creyeron que todavía no está dicha la última palabra, pese a la dureza de los empresarios. En la misma línea se pronunció el jefe de Gabinete: “Es una decisión de ellos”, apuntó Alberto Fernández.
Ahora, la expectativa se trasladó a La Gran Manzana, en donde Kirchner se encontrará con sus colegas europeos. “Seguramente (los mandatarios) harán consultas y nosotros les contaremos cuáles son las diferencias”, sugirió De Vido antes de volar hacia Nueva York.
Desde París, el gobierno galo dio un indicio de su postura frente a la cuestión. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Jean-Baptiste Mattei, enfatizó que “Francia lamenta el desarrollo de este asunto”. Pero dejó en claro que “corresponde a Suez apreciar la situación” y aseguró quela relación bilateral entre los gobiernos no se rige únicamente por las cuestiones económicas.
Desde que explotó la situación, el Gobierno evitó todo tipo de confrontación pública. Ni siquiera se hizo mención a la larga lista de incumplimientos por parte de la compañía durante los 12 años como prestadora del servicio. “Tenemos que cumplir con la ley que nos obliga a renegociar el contrato y debemos pasar todas las instancias”, contestó el ministro de Planificación cuando Página/12 lo consultó sobre la chance de dejar caer los acuerdos, en vista de esos incumplimientos.