“Nos une el espanto”, confesó ayer uno los empresarios presentes en el acto de lanzamiento de la Asociación Empresaria Argentina, flamante entidad que congrega a firmas en su mayoría de capital nacional pero de intereses diversos, hasta contrapuestos. La falta de poder político y la consiguiente incertidumbre acerca de cuáles serán las reglas de juego para los negocios en la Argentina reunió a firmas en principio tan disímiles como laboratorios, alimenticias, constructoras, bancos, telefónicas, transportistas o medios de comunicación, que se juntaron para clamar por el libre mercado pero, al mismo tiempo, para exigir una compensación estatal por los traumas que ocasionó la devaluación del peso.
El nuevo bloque de poder es en algún sentido una reedición de lo que fueron los capitanes de la industria durante el gobierno de Raúl Alfonsín: empresarios nacionales fuertes, con vocación de influir en las decisiones oficiales y animados por lo que advierten como un vacío de poder. Se trata de un núcleo de lobby para que el frágil gobierno de Eduardo Duhalde reconstruya la deshecha economía sin tentarse con controles estatistas, pero protegiendo a las inversiones locales de la eventual voracidad de los acreedores externos.
Oscar Vicente (Pérez Companc) Amalia Lacroze de Fortabat (Loma Negra), Paolo Rocca (Techint), Enrique Pescarmona (Impsa) y Santiago Soldati (Comercial del Plata) son algunos de los tantos rostros conocidos que ayer pudieron fotografiarse reunidos en el salón del Museo Fernández Blanco. En una especie de corralito, separados de la prensa por cintas demarcadoras y rodeados de objetos de culto católico, los ilustres empresarios proclamaron el nacimiento de la Asociación –surgida de la unión de la Fundación Invertir y el Consejo Empresario Argentino– y recordaron que la intervención estatal no siempre es mala palabra.
Por el contrario, Oscar Vicente, estrenó su rol de presidente clamando amparo del Estado, básicamente, a empresas que tienen obligaciones en dólares y que no pueden ajustar los precios internos siguiendo el ascendente derrotero de la divisa norteamericana. “La deuda privada tendrá que estar bajo el paraguas de un acuerdo estatal”, sentenció ayer Vicente. En otros términos, el gobierno tendría que asumir el compromiso de extender las condiciones que consiga de tasas, plazos y, por qué no, quitas o gracia a la reestructuración de las obligaciones privadas.
Pero el debilitado Estado, que debería resignar cualquier mecanismo intervencionista como un eventual control de precios, no podría, sin embargo, librar a su suerte a los empresarios que tienen ingresos en pesos y deudas o insumos dolarizados. A decir de la máxima figura de AEA, esos negocios se salvarían gracias a una singular “perinola” que se detendría en “todos ponen”, aunque no necesariamente en la misma proporción.
Una parte presumiblemente modesta de la devaluación se trasladará a los precios finales. Otra, será absorbida por las empresas mediante achique de costos, incluyendo la no distribución de dividendos y reducción de sueldos gerenciales. Pero lo que reste para compensar a las empresas por la diferencia que aún subsista entre el precio de sus servicios y el valor alcanzado por el dólar libre tendrá que ser aportado por el Tesoro Nacional vía un bono.
“La situación es grave, y hay muchas empresas que no podrán sobrevivir, ya que después de la devaluación tienen patrimonio neto negativo”, advierte el vice de Pérez Companc, grupo que tiene una alta deuda en dólares, pero millonarias exportaciones de combustibles. Pero más allá de la ecuación individual, cada empresa está en condición de reclamar algo al Estado bajo la genérica recriminación de que se rompieron todos los contratos y, por consiguiente, que se vulneró la seguridad jurídica.
Vicente, virtual vocero de la Asociación, tampoco quiso referirse a cuál sería la solución mejor vista para desmantelar el corralito financiero ni cómo ve el empresariado un eventual adelantamiento de las elecciones, algoque a más de un hombre de empresa le preocupa. No tanto porque les simpatice el presidente Duhalde, sino porque suponen que la apertura de un proceso eleccionario haría aún más difícil controlar una situación que perciben fuera de sus manos.
“Todo tiene precio, pero nada tiene valor”, se lamentaba ayer Juan Carlos Masjoan, presidente de Telecom. “No sé si habría que anclar el tipo de cambio, ya que eso forma parte de un plan integral, pero es muy difícil saber cada día qué reglas tengo para producir, vender y pagar 19 mil sueldos”, era la queja del supermercadista Alfredo Coto.
Según aseguran en público sus responsables, AEA no tiene intenciones de intervenir en el corto plazo con propuestas para salvar la coyuntura, sino que prefiere señalar “las grandes líneas” que deberían orientar la gestión de gobierno. Sin embargo, el viernes se reunirá la comisión directiva -Luis Pagani, Paolo Rocca, Amalia Lacroze de Fortabat, Sebastián Bagó, Enrique Pescarmona, Manuel Sacerdote, Carlos Miguens, José Ranero Díaz, Héctor Magnetto– para trabajar en el bosquejo de un eventual proyecto. O, quizás, el plan que el empresariado local intentará imponerle a la administración duhaldista.
Los que no están, como Franco Macri o el grueso de las privatizadas, podrán sumarse en breve si consiguen diez socios que los avalen con sus firmas y logran ser aprobados por el 75 por ciento de los votos de los actuales miembros. Pero hasta ayer, al menos, no había indicios de que ninguna figura estelar del firmamento empresario pudiera ser discriminada por el nuevo núcleo de poder.