El ministro de Economía, Roberto Lavagna; el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, negaron ayer públicamente que el Gobierno esté dispuesto a asumir como propia la deuda externa de empresas privadas vía seguro de cambio o por cualquier otra alternativa. Fue una respuesta exagerada, quizás sobreactuada, al reclamo que esbozó la flamante Asociación Empresaria de la Argentina para que el Estado compense al sector privado por los efectos de la devaluación. Este anhelado subsidio, sin embargo, está dividiendo aguas en el propio seno de AEA, donde conviven empresas con intereses y situaciones muy disímiles.
Quien habló con más nitidez del tema fue Oscar Vicente, titular de la poderosa entidad de lobby, que nuclea a las principales figuras empresarias del país. El vice de Pérez Companc reiteró lo que tiempo atrás ya había sugerido en un seminario académico organizado por la Universidad Católica Argentina: que la deuda privada en dólares debía reestructurarse bajo el amparo de la renegociación estatal.
El martes, durante el lanzamiento de la Asociación, reclamó un favor estatal adicional destinado a aquellas empresas que no pueden trasladar íntegramente a sus precios y tarifas la devaluación y, encima, tienen compromisos en moneda dura con el exterior. En este caso, el problema podría solucionarse con un mix de aumento de precios, achique de costos y, básicamente, un bono del Estado.
“Las deudas privadas son las deudas privadas. De ninguna manera el Estado va a aumentar sus compromisos ni a otorgar un seguro de cambio a las empresas endeudadas con el exterior”, se agitó ayer Lavagna. El jefe de gabinete reforzó la negativa al añadir que la actual gestión “no estudia ninguna variante” para hacerse cargo de la deuda empresaria.
Ni uno ni otro faltaron a la verdad, ya que el gobierno de Eduardo Duhalde ni siquiera definió aún una estrategia para afrontar las obligaciones del sector público. Pero tampoco respondieron exactamente el reclamo sugerido por Vicente, porque lo que éste pidió no es estrictamente un seguro de cambio con el alcance tradicional.
La idea de una subvención estatal, sea cual fuere la forma que ésta asuma, no tiene consenso generalizado en el interior de la AEA, a la que muchas empresas se arrimaron con la intención de influir en las decisiones oficiales pero sin el afán de una prebenda inmediata. Es más. Hay muchos empresarios a los que poco les seduce la eventualidad de una ley que aplace ejecuciones o imponga refinanciaciones por la fuerza, o que el Estado aumente la presión fiscal para afrontar un nuevo bono de compensación a un puñado de firmas afectadas por la devaluación. “Esto sacará a las empresas argentinas del mercado de capitales” se quejaba ayer en off un empresario no interesado en el auxilio que pide Vicente.
El tema ya se discutió en algunas preparatorias al lanzamiento de AEA y podría ponerse nuevamente sobre la mesa mañana, durante la reunión en la que el comité directivo intentará definir la agenda. Allí volverán a surgir las diferencias propias de un nucleamiento tan heterogéneo, donde Telecom, en default y con tarifas pesificadas, convive con prósperas alimenticias y petroleras, favorecidas por la exportación a un dólar caro.