La Asociación Empresaria Argentina intentará seducir a Eduardo Duhalde con una nueva propuesta para administrar los millonarios recursos de la asistencia social, que bajo la administración duhaldista asumió la forma de un subsidio de 150 pesos por mes para jefes y jefas de hogar desempleados. La iniciativa que están puliendo las principales empresas del país contempla la emisión de una tarjeta de débito para hacer compras, que permitiría identificar a cada beneficiario, tener al día su historia previsional y hacer un estricto seguimiento de sus consumos. Con este sistema, los empresarios presumen que podrán contener en la red comercial el dinero que hoy se escurre de las manos de los más pobres a raíz del clientelismo político. Pero para convencer al Presidente utilizarán el argumento de que aquella solución informática también podría servir para generar empleo.
La idea está fogoneada por Alfredo Coto, cuyo gerente de Informática diseñó al detalle el proyecto que AEA asumirá como propio, quizá con algunos ajustes menores. Es una especie de programa comodín, adaptable al proyecto político que fuere, ya que es el Gobierno el que debe resolver con qué dinero hacer asistencialismo y delimitar el universo de beneficiarios. El sistema, denominado en el borrador al que accedió Página/12 “Plan de Ayuda Solidaria”, sería el vehículo para que los fondos lleguen a sus destinatarios, pasando por los comercios que lo integren.
Se trata de un régimen que permitiría conocer qué, por cuánto y dónde consumió cada titular de un plástico. Así, se podría elaborar no sólo una matriz de los consumos básicos, sino hacer un seguimiento que limitaría las posibilidades de fraude. Con énfasis en estos atributos, las empresas delinean una propuesta basada en los siguientes ejes:
- Cada beneficiario se identificaría por una tarjeta de débito recargable mensualmente a través de un depósito que el Estado haría en su cuenta individual, bien sea con una única acreditación en el mes o a través de aportes semanales. Podrían admitirse consumos libres o acotarse a determinados productos básicos.
- Para confeccionar el padrón se tomaría como base la información del Registro Nacional de las Personas y de otras reparticiones estatales como la Administración Nacional de la Seguridad Social. El supuesto es que el Estado tiene toda la información necesaria para construir un perfil de los postulantes, pero falta interconectar los sistemas informáticos oficiales. Algo que, según los hombres de empresa, podría hacerse a bajo costo y con sólo la decisión política.
- Con su tarjeta, cada beneficiario podría consumir en los comercios que tengan el equipo necesario para hacer la lectura magnética del plástico. Inclusive, Metrovías ya habría dado un primer okey para hacer extensivo el sistema al uso del subte, ya que la intención es ampliarlo para el pago de otros servicios públicos y, eventualmente, para la extracción del efectivo a través de los cajeros automáticos.
Esta última alternativa, sin embargo, es la que menos seduce a los autores de la propuesta, inspirada en el afán de que el dinero de asistencialismo no pase por las manos de los beneficiarios pero, mucho menos, por las de los administradores estatales.
- El manejo del programa tendría que estar a cargo de un ente específico de carácter mixto, a través del cual un núcleo de empresas privadas controlaría el prorrateo de los fondos públicos, amén de las auditoras externas que podrían contratarse.
- Si bien el financiamiento del asistencialismo quedaría en manos del Estado, las empresas privadas que lo deseen podrían hacer aportes. Pero éstos no engrosarían el pozo general sino que irían exclusivamente a las cuentas individuales de aquellos beneficiarios que incorporen temporariamente a su grilla de personal. Según el programa bosquejado, el beneficiario de un subsidio podría ser empleado en alguna de las firmas adherentes, que asumirían el pago de su subvención o la reforzarían conuna suma adicional. La empresa tendrá así mano de obra barata y el desocupado en cuestión ganaría una chance para conseguir un empleo, que podría ser formal.
- Los hombres de empresa harán hincapié ante Duhalde que el costo de instrumentación es muy bajo. El Estado debería comprar y distribuir las tarjetas, afrontar el costo bancario de las transacciones y la administración del sistema. Los comercios, afrontar la instalación de terminales lectoras, en caso de no tener ninguna de las más difundidas.
Informalmente, Coto ya le acercó a Duhalde un borrador muy preliminar hace poco tiempo. Pero entonces se topó con el inquebrantable criterio presidencial de que la distribución de la ayuda social debe hacerse indefectiblemente a través de los municipios. Ahora no será sólo el hipermercadista sino el nuevo y poderoso núcleo de grandes empresarios el que podría elevarle una propuesta para auxiliar a los más pobres, minimizando la potestad del poder político en el reparto del dinero y aprovechando las redes informáticas ya tendidas.
Siderca hará una prueba piloto en Zárate y Campana con el régimen de tarjeta de débito, donde distribuye a través de Cáritas ayuda a carenciados. Si el ensayo es exitoso, el gobierno tendría menos argumentos para decir que no.