Las ofertas que presentaron en junio las empresas a adjudicarse los contratos de reparación y mantenimiento de rutas no concesionadas superaban entre un 20 y un 90 por ciento los valores presupuestados oficialmente. Esta irregularidad dio lugar a la anulación de las diez licitaciones que habían sido convocadas a tal efecto y a la suspensión de otras 15 en proceso de convocatoria dentro del mismo programa, según difundió ayer a través de un comunicado la Dirección Nacional de Vialidad. También en referencia a la denuncia formulada por el ministro Roberto Lavagna sobre prácticas de cartelización en este sector, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, indicó que estas licitaciones fueron dejadas sin efecto por Vialidad Nacional el mismo 6 de julio y agregó que en el área de vivienda ya fueron más de 200 las licitaciones dejadas sin efecto durante la administración de Néstor Kirchner.
La información que ofreció ayer la Dirección Nacional de Vialidad se inscribe en el marco de versiones de que las declaraciones de Lavagna habían recreado el clima de malestar entre Lavagna y De Vido, al que también aportó lo suyo Elisa Carrió (ver aparte).
Desde Tucumán, adonde acompañó a la primera dama Cristina Fernández de Kirchner, el ministro De Vido aclaró que el problema de los contratos de obra pública “se resuelve declarando desiertas las licitaciones que tengan sobreprecios por encima del presupuesto oficial. Lavagna a través de su área (Defensa de la Competencia) –agregó– está investigando no los sobrecostos sino si hay procesos de cartelización. Está en todo su derecho de hacerlo porque es la autoridad de aplicación”.
Ante las preguntas de los periodistas sobre las versiones del malestar con el titular de Economía, De Vido señaló que Lavagna “es un colega del gabinete nacional” y que su relación con él “es la misma relación que con el resto de los ministros” y calificó como “una estupidez” esas versiones.
El comunicado de Vialidad, que lleva la firma de su titular, Nelson Periotti, destaca especialmente las acciones desarrolladas tanto por la cartera de Economía como por la de Planificación en el mismo sentido: evitar convalidar las contrataciones con “excesos de costos” y para “adoptar las acciones correctivas que fueran necesarias”.
Las obras de reparación y mantenimiento de las rutas no concesionadas por peaje cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Es por ello que los pliegos de convocatoria bajo este programa (denominado Crema, Contratos de Reparación y Mantenimiento) deben seguir ciertos lineamientos dictados por el organismo. En general, estos requisitos tienden a restringir la participación de los oferentes, en particular en favor de las empresas constructoras de mayor tamaño y con preferencia hacia las extranjeras. Sin importar, incluso, la magnitud del contrato del que se trate.
Los llamados que resultaron anulados se llevaron a cabo entre el 10 y el 24 de junio. Al ser evaluadas las ofertas, se verificó que los valores nominales excedían entre el 23 y el 90 por ciento a los presupuestados. A estas propuestas de las empresas aludió Lavagna el martes último en la Cámara Argentina de la Construcción, cuando habló de “sospechas de cartelización y sobreprecios” en los contratos del Estado.
Cuando se decidió la anulación de estos diez contratos, desde Economía se promovió la denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, en tanto que la cartera a cargo de De Vido inició la tarea de revisión de los pliegos de convocatoria y suspendió preventivamente otros 15 procesos de licitación en marcha.
Periotti destacó el trabajo realizado por ambos ministerios e informó que además fueron contratadas cinco consultoras para analizar los presupuestos oficiales de esas obras y se solicitó al Banco Mundial que modifique los pliegos modelo que se utilizan en esos contratos.