“Los empresarios piden seguridad jurídica, pero a la hora de bajar los precios nunca están dispuestos a hacerlo.” El reproche no se escuchó en el coloquio de IDEA, que terminó el viernes en Mar del Plata. Lo hizo ayer la subsecretaria de Defensa de la Competencia y el Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, quien volvió a cargar contra los supermercadistas por la suba de precios. Dijo que “no tienen vocación de acompañar el bolsillo de la gente” y los instó a hacer una “autocrítica”. “Buscan justificaciones para decir que no hay remedio para que los precios suban”, cuestionó. La frase de Vaca Narvaja sumó un capítulo más a la pelea oficial contra los propietarios de hipermercados, que tuvo su momento más álgido el jueves cuando el propio Néstor Kirchner criticó a Alfredo Coto y a Horst Paulmann, propietario de Jumbo.
La funcionaria, una pingüina que debió convivir durante estos dos años con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el mismo Palacio de Hacienda, coincidió con el Presidente en sus críticas a los supermercadistas. “Al ser pocas cadenas grandes, se ponen de acuerdo fácilmente en algunos productos”, dijo. Luego usó la palabra “cartelización”, la misma que había usado Lavagna para cuestionar a las empresas vinculadas a la construcción de obra pública. Después de hacer el diagnóstico, Vaca Narvaja anticipó que desde el Gobierno se adoptarán medidas para que se cumpla la ley y haya “transparencia” en el mercado. “Hay que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor”, determinó.
La forma en que debe intervenir el Estado ante una supuesta “cartelización” se está convirtiendo en tema de debate. El viernes, el gobernador Felipe Solá anunció una “movilización” social para exigir transparencia en la formación de los precios de artículos de consumo masivo. Si se concretara, sería un recurso similar al que eligió Kirchner cuando Shell aumentó la nafta. En el Gobierno consideran que es una herramienta que contribuye a fortalecer la participación popular en asuntos muy sensibles. Sin embargo, algunos sectores de la oposición consideran que el oficialismo, además de hacer declaraciones públicas contra los empresarios, debería aplicar la ley vigente.
Quien usó esos argumentos fue el diputado Héctor Polino, del socialismo, quien reclamó al Gobierno la aplicación del paquete de leyes de Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia –también conocida como ley antimonopolio–, de Lealtad Comercial y de Emergencia Económica y Social. Según Polino, la sociedad está enfrentando “la acción concertada que llevan a cabo las grandes cadenas de supermercados, que provocan permanentes aumentos de precios en los artículos de la canasta familiar”.
El socialista recurrió a una conocida frase del histórico dirigente radical Juan Carlos Pugliese, ya fallecido, que retrataba sus desventuras durante su gestión en el ministerio de Economía. “El problema no se va a resolver pidiéndoles (a los propietarios de grandes cadenas de supermercados) comportamientos sociales. La experiencia histórica ha demostrado, de manera recurrente, que cuando se les habla con el corazón siempre contestan con el bolsillo”, dijo el socialista.
Por lo pronto, ayer Vaca Narvaja estuvo muy filosa para describir la conducta de los empresarios del sector alimentario. “Los empresarios deberían hacerse alguna autocrítica, porque el Gobierno está impulsando políticas que les permiten rentabilidad pero es indudable que muchos prefieren la exportación al mercado interno”, advirtió. Para terminar, volvió a cuestionar a los supermercadistas. “Tres cadenas de supermercados manejan más del 70 por ciento de las ventas, por lo tanto es fácil ponerse de acuerdo para fijar los precios”, alertó.