Al haberse sentado a negociar rebajas de precios, las grandes cadenas de supermercados cayeron en el mismo tipo de trampa que la mayoría de los líderes empresarios le marcaban críticamente al Gobierno en su actitud hacia los piqueteros. El hecho de ceder ante la presión política que les metió el presidente Kirchner con su absurda acusación de cartelización, es la prueba de que es una lógica de poder que funciona, y por ende, estimula a repetirla. Igual que los piqueteros, que durante largo tiempo obtuvieron concesiones cortando calles, y también igual que muchos sindicatos que llegaron a recurrir a la acción directa para potenciar sus reclamos.
El economista Miguel Bein comparte la idea de que lo que sucedió alimenta la política del apriete, pero explica por qué los supermercadistas se avinieron a dialogar. “Más allá de la razonabilidad de la acusación, el peligro de la desacreditación social puede llegar a ser costosísimo, como ya quedó demostrado con el caso Shell.” Agrandado por encabezar otra vez el ranking de aciertos en los pronósticos de variables macro que recopila el Banco Central entre consultores, Bein ejemplifica: “Seguramente que a Alfredo Coto le costó bastante imponer el slogan Yo te conozco, y Kirchner se lo destruyó de un plumazo diciéndole en público precisamente eso, Yo te conozco, Coto”.
Y apunta una paradoja algo burlona sobre la demonización propiciada por el Presidente: “Es curioso que hoy se culpe de subir los precios a los mismos que se culpaba hace poco de fundir a los almaceneros con precios bajos”. Pero al mismo tiempo sostiene que “no se puede pasar por alto que los empresarios en este país no suelen adelantarse a los acontecimientos aportando soluciones”.
Lo mismo que otros expertos consultados por Página/12, Bein relativiza el éxito que pueda llegar a tener el anuncio del otro día. “Por ahora no se conoce más que el titulo de una carta de intención y habrá que ver cuál es su contenido, pero me temo que las rebajas sean una extensión de las ofertas que ya venían realizando las cadenas. Por algo es que en el acta las cadenas se comprometen a bajar los precios nominales, es decir los de lista y no los que efectivamente cobran.”
Cabe acotar que cada día que pase sin definir la lista prometida hace ya cuatro días, será un día menos de vigencia de un acuerdo que tiene fecha de vencimiento dentro de 58 días; aunque por supuesto podría prorrogarse.
Alguien cercano a Roberto Lavagna que para no echar leña al fuego pidió reserva de identidad, se mostró más escéptico aún sobre la iniciativa lanzada el jueves: “La veo como muy improvisada y como una expresión de deseos”. Añadió que “tampoco me parece prudente que el Presidente se involucre tanto; ¿qué pasa si no funciona?”. Es difícil precisar cuánto habrá de rencor en esta visión.
Jorge Todesca habla desde la experiencia de haber sido primero director de Precios y luego secretario de Comercio cuando en los años ’80 los acuerdos de precios eran política habitual. “Si bien hay que esperar a conocer el contenido, me parece bien intentar aplicar mecanismos de concertación, que han demostrado ser eficaces tanto en la historia argentina como en experiencias en muchos otros países, entre ellos Estados Unidos. Pero lo que veo es que la solución al repunte inflacionario está focalizada en este instrumento, siendo que se trata de un problema multicausal que requiere de un ataque por varios frentes.”
Los tres entrevistados para esta nota forman parte del enorme consenso que existe respecto de que el salto inflacionario obedece a un desequilibrio entre demanda y oferta, que por más que suene tautológico, se origina tanto por un sostenido nivel elevado de consumo como por restricciones en la capacidad de producción.
En cuanto a lo primero, Bein indica que el actual ritmo de crecimiento está en términos anualizados por encima del 10 por ciento, fogoneado entre otras cosas por un fuerte incremento del gasto público. Todesca agrega: “Por supuesto que es deseable que la economía crezca a tasas altas, pero las de ahora son altísimas y no convendría aportarle más combustible con el gasto público”.
El último informe de la consultora Finsoport que tiene como socio a Todesca, incluye una didáctica manera de comprender cómo se está desfasando la demanda de la oferta. La explicación gira alrededor de la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria, que pasó del 71,8 por ciento en promedio para todas las ramas manufactureras un año atrás a 75,1 por ciento ahora. Sin embargo, este número de toda la industria subestima el problema, ya que el promedio está devaluado por dos ramas de alta capacidad ociosa (automotriz y tabaco), y por ende, esconde la realidad de otros sectores cercanos al agotamiento. Sin tabaco y autos, la UCI se ubica casi en el 80 por ciento, con ramas sensibles como alimentos y bebidas en ese número, con la metalurgia en el 87 por ciento y con textiles en más del 88 por ciento.
El ingenio del informe en este aspecto es advertir que mientras hace un año por cada punto porcentual de incremento de la producción industrial la UCI subía 0,19 puntos porcentuales, esa elasticidad fue subiendo y ahora casi es el doble. Esto revela que la diferencia de velocidad entre lo que crece la producción y la capacidad de producción (que no es otra cosa que la inversión) es cada vez mayor. De continuar así, el choque es inevitable. Sobre la escasez de inversión, Todesca señala una paradoja interesante. “Este gobierno no ha tomado ninguna medida que se pueda catalogar de antiempresaria, pero la sensación es que tiene una actitud hostil hacia los empresarios, lo que no me parece redituable ni para el Gobierno ni para el país”.
Para concluir uniendo lo anterior con el principio, cabe plantear como duda e interrogante si lo que gana el Gobierno con su estilo de presión política no lo pierde por otro lado.