“El acuerdo será hacia fines de junio o mediados de julio”, estimó Roberto Lavagna, corriendo la fecha tope una quincena más. El ministro se subió a la cinta sin fin por la que transita el Gobierno desde el momento mismo de su asunción. Lo cierto es que el acuerdo con el FMI está tan cerca como hace una semana, un mes o seis meses. El ministro de Economía admitió ayer públicamente lo que ya se sabía: que Washington planteó nuevas exigencias, que todo sigue abierto y que a esta altura ni siquiera está resuelto si la próxima semana llegará a Buenos Aires una misión negociadora o una de carácter técnico, que dilatará las discusiones todavía más. Frente a un paisaje tan árido, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió ayer un mensaje de aliento. Lanzó un comunicado para “apoyar” que viaje una misión la semana que viene, aunque recordó que “hay por delante desafíos formidables” para el Gobierno y que “un liderazgo valiente y decidido por parte de las autoridades argentinas sigue siendo crítico”.
Si no llega a viajar la misión, Lavagna no descartó que sea él quien se traslade a Washington, junto a los gobernadores Felipe Solá, José de la Sota, Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero. Pero prefirió no avanzar sobre esa idea y la dejó como algo que eventualmente podría pasar.
“No quieren la ley de Quiebras”, respondió luego el ministro, en una conferencia de prensa con saladitos y canapés. Fue durante el brindis que ofreció el Ministerio de Economía por el Día del Periodista, durante el cual Lavagna contestó preguntas durante 45 minutos y se fue sin acordarse de hacer el brindis. Hace un año, el anfitrión había sido Domingo Cavallo, quien ayer abandonó la prisión, y el tema principal fue la detención de Carlos Menem.
–¿Cómo que no quieren la ley de Quiebras, si la acaban de modificar? –preguntó un corresponsal extranjero, ya mareado con la confusa realidad argentina.
–“No, lo que no quieren es el proyecto de ley que protege a las empresas de base cultural. La ley de Quiebras que modificó el Congreso hace poco está bien” –aclaró el ministro. La propuesta en cuestión impide que los acreedores de medios de comunicación asuman el control de las compañías ante la falta de pago de los compromisos asumidos. Lavagna no especificó su posición respecto del proyecto.
Otro punto de conflicto con el FMI es por la ley de Subversión Económica. A pesar de la derogación, el organismo cuestiona que los legisladores traspasaron al Código Penal figuras legales que estaban en la norma anulada. En Washington sospechan que el Congreso mantuvo los medios para “perseguir injustamente” a banqueros. Por tanto, el objetivo último de la derogación no está cumplido. El nuevo pedido del FMI es que el Poder Ejecutivo vete todos los artículos que van más allá de la eliminación de la Ley de Subversión Económica.
“El Presidente le envió una carta al embajador en Estados Unidos para que transmita al FMI que el Gobierno no vetará ningún artículo”, subrayó Lavagna, fijando la posición oficial ante el reclamo. La negativa es utilizada como excusa por el Fondo para demorar una definición sobre la continuidad de las negociaciones. El jefe del Palacio de Hacienda dialogó antenoche con la número dos del organismo, Anne Krueger, y volverá a hacerlo pasado mañana. “El lunes veremos si viene una misión técnica o una misión negociadora. Nosotros decimos que tiene que venir alguien con capacidad de negociación”, enfatizó el ministro. Por ahora no se sabe si vendrá o no el economista indio Anoop Singh. El Gobierno no tiene ninguna simpatía por ese funcionario, pero como es quien está a cargo del caso argentino preferiría que viniera para que haya avances reales en la negociación. De venir un equipo técnico, la fecha del 15 de julio quedará corta y habrá que correrla nuevamente.
Después de reconocer que hay una discrepancia por la Ley de Subversión Económica, Lavagna se refirió a otra ley polémica: la de inmunidad para las autoridades del Banco Central. “A mí nunca me pidieron esa ley”, afirmó, y tras ello dejó en claro su opinión sobre el tema. “No queremos ni inmunidad ni impunidad. Las autoridades del Banco Central están en la misma situación que cualquier otro funcionario público”, sostuvo. De inmediato, recordó el caso de Darío Lopérfido, ex vocero de Fernando de la Rúa, quien “fue acusado por un spot publicitario” difundido durante el gobierno de la Alianza.
“Todos los funcionarios cuando toman decisiones se exponen a acciones legales y en eso no veo la diferencia con los del Banco Central”, añadió. Tal vez el FMI no le exigió la ley de indemnidad a Lavagna, pero desde que Roque Fernández estaba en Economía y Pedro Pou en el Banco Central que presiona para que la norma sea aprobada. El jefe de Hacienda, por otra parte, es consciente que Mario Blejer, actual titular del BCRA, trabaja intensamente por su aprobación. Se sabe que Blejer se irá de su cargo, pero es evidente que Lavagna no quiere hacer nada por impedirlo.
Una última cuestión que el ministro admitió que se discute con el FMI es el plan de salida del corralito. “Ellos hubieran preferido que se aprobara un Bonex compulsivo, pero nosotros no estamos de acuerdo”, indicó, y prometió que no habrá cambios.
Una de las pocas coincidencias es que “tiene que haber control en la emisión” y para eso dejó entrever que se limitarán los redescuentos a los bancos. “Con el Fondo negociaremos cómo reestructurar el sistema financiero, sobre política monetaria y sobre política fiscal”, puntualizó el ministro. Por el lado fiscal, señaló que quedó en suspenso la idea de aplicar un impuesto a las empresas con ganancias de más de un millón de pesos beneficiadas por la pesificación de sus deudas.