Uno de los desafíos que tiene pendiente el Gobierno para el próximo año es concretar aumentos generalizados en las tarifas de servicios públicos evitando, al mismo tiempo, que se desboque el índice de precios al consumidor. Para enfrentar este dilema, está animado por varios trabajos técnicos que minimizan el impacto de los ajustes previstos, tanto en el costo de las industrias como en el IPC. Sin embargo, hay indicios de que las promesas de ajustes globales contenidas en las actas acuerdo que está firmando con las privatizadas podrían quedar deshonradas.
Según un trabajo que hace meses tiene a mano la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, el aumento del 15 por ciento en las tarifas eléctricas que las distribuidoras podrían aplicar a los usuarios industriales (equivalente a una suba del 23 por ciento en el valor agregado de distribución) remontaría los costos de las empresas productoras en menos del 1 por ciento. Claro que se trata de un impacto promedio, que difiere según el tipo de actividad y, por consiguiente, en algunos casos aquella suba puede ser superada. Aun así, aquel estudio es un buen argumento para defender los ajustes habilitados en los acuerdos transitorios que el Congreso comenzó a refrendar, con un aval expreso a Edelap y el guiño del Senado a Edenor y Edesur.
La Unidad de Renegociación de Contratos dispone de otro ejercicio para medir la incidencia de un eventual incremento tarifario, en este caso, del precio del gas. El cuadro en manos del equipo que comanda Gustavo Simeonoff muestra que un incremento del 12 por ciento en las tarifas de todos los segmentos de consumidores empujaría un 0,8 por ciento el índice de precios al consumidor. Un impacto relativamente magro, si no fuese porque el piso inflacionario real para 2006 está en un preocupante 11 por ciento, que la administración kirchnerista intentará no superar.
Para la consultora Abeceb.com, el IPC podría crecer entre un 1 y un 1,5 por ciento por el efecto combinado de las subas que durante los últimos meses se previeron para todos los servicios públicos. Otra pauta de que la consecuencia inflacionaria de un ajuste en el precio de los servicios públicos es, desde el punto de vista técnico, relativamente “controlable”, aunque inconveniente en una coyuntura de precios inquietos y, como siempre, políticamente urticante.
Desde el Gobierno se dejó trascender que en el año próximo podrían no concretarse los aumentos comprometidos en las actas acuerdos que ya conquistaron el aval del Congreso o que están esperando completar el trámite parlamentario. En su mayoría, esos documentos contemplan subas inmediatas sólo para grandes consumidores, pero prevén aumentos también extensivos a los usuarios domiciliarios, que se habilitarían a través de las revisiones tarifarias integrales previstas para el año que está por comenzar.
Ignorar esas promesas oficiales, que Planificación y Economía formularon a través de la Uniren, también podría resultar políticamente costoso, en particular si se considera que se llegó a esos acuerdos después de arduas negociaciones con empresas a las que se les reclama un programa de inversiones, aunque drásticamente menguado en relación con el proyecto original. O cuando se espera que desistan de sus reclamos indemnizatorios presentados ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, al que los accionistas extranjeros acudieron en masa para denunciar los perjuicios del congelamiento tarifario.
Ningún funcionario dijo expresamente que el año próximo transcurriría sin ajustes a los domicilios, pero desde el entorno de Felisa Miceli se filtró la idea de que podría ocurrir. Amén que la modesta pauta inflacionaria para el año próximo incluida en el Presupuesto (del 8,9 por ciento) no incluiría aquellas subas. En los despachos oficiales saben que en el mix de ingresos de las privatizadas, los consumos domésticos suelen no representar la porción mayor, lo que les daría resto para seguir transitando unos meses sin ese beneficio. Quizá sobre este mismo supuesto, los asesores de empresas también hacen sus proyecciones sin el incremento que hasta ahora se quiso eludir.
Finalmente, nadie pierde de vista que el congelamiento de tarifas afecta sólo a una porción de usuarios, ya que los grandes sí están afectados por subas que, en algunos casos, se refuerzan con cargos específicos, como los que pagan los industriales que financian con una sobretarifa del 75 por ciento la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur.