El Ministerio de Economía comenzará en enero a trabajar con vistas a lograr que los acuerdos con los empresarios para mantener los precios de los productos de primera necesidad se extiendan al menos por 90 días más, al tiempo que trabajará junto a la cartera de Trabajo para reducir el empleo “en negro”. Ambas medidas fueron adelantadas la semana pasada a los funcionarios de carrera de ambas carteras tanto por la ministra de Economía, Felisa Miceli, como por el titular de Trabajo, Carlos Tomada, confiaron fuentes oficiales.
Miceli señaló a sus colaboradores que quiere ir a un sistema de precios “acordados” con las empresas, como el que rige en Francia, para los productos de primera necesidad que se contemplan en la Canasta Básica. “No es importante si el precio del televisor de plasma es tres veces más caro o suben los alquileres de los lugares de vacaciones; lo importante es mantener los precios de los productos de primera necesidad, que son los que más impactan en los bolsillos de los que menos tienen”, les dijo la ministra a los funcionarios del Palacio de Hacienda.
En este orden, el secretario de Coordinación Técnica, Lisandro Salas, anticipó a organizaciones de defensa del consumidor que “a partir de 2006 se trabajará en el monitoreo y diálogo permanente para llevar a cabo acciones de mediano y largo plazo”. El modelo es el que lleva adelante Francia, por el cual se logran acuerdos de precios por 180 días, “pero para empezar, confiamos en lograr pactos por 90 o 120 días”, agregó la fuente.
En paralelo, Economía comenzó el diálogo con el cartera de Trabajo para intensificar la lucha contra el “empleo en negro”, que ronda el 46 por ciento de la economía, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “Cuando se salió de la crisis de la convertibilidad, había que crear empleo. Por eso se pasó de una desocupación del 25 por ciento a una cercana al 10. Pero ahora hay que mejorar la calidad de ese empleo”, dijo Miceli esta semana a sus colaboradores.
En esta línea, la ministra recibió con agrado las quejas que varios empresarios hicieron respecto de competidores que están trabajando con empleados “en negro” o de manera irregular. Estas quejas fueron trasladadas a la cartera de Trabajo, donde su titular, Carlos Tomada, reunió a todos los funcionarios políticos junto a los de carrera para informarles que durante 2006 “se intensificará la campaña del Plan de Regularización del Trabajo”.
El dilema para los funcionarios de Trabajo es cómo lograr que esta regularización no provoque despidos, en momentos en que la desocupación está muy cerca de caer por debajo del 10 por ciento, algo que no se produce desde 1995. Para la cartera de Trabajo, la tendencia al crecimiento de la economía para el año que viene asegura un buen marco para seguir aumentando la oferta de empleo y para mejorar la calidad de las contrataciones.
En lo que va del año, el empleo privado acumula una suba del 10,3 por ciento. Más de la mitad de las 700.000 nuevas contrataciones se debió a la expansión de la demanda y a nuevos negocios u obras. Además, el 77 por ciento de las nuevas incorporaciones se hicieron a “tiempo indeterminado”, es decir con mayor estabilidad que la registrada en épocas anteriores.