Los mismos sectores empresarios que ya firmaron acuerdos de precios con el Gobierno desfilarán esta semana por el Ministerio de Economía para empezar a negociar la renovación de los convenios. Hoy será el turno de las compañías alimenticias agrupadas en la Copal. Aunque la intención del Ejecutivo es ampliar la lista de bienes rebajados de 228 a 500, por ahora no convocará a otras firmas para que adhieren a los descuentos. El objetivo es que los consumidores puedan encontrar promociones del mismo tipo de producto –por ejemplo leche– de distintas marcas, para evitar los problemas de desabastecimiento. Sin embargo, la respuesta empresaria no sería tan entusiasta, sino que, por el contrario, podrían surgir fuertes discrepancias.

Una de las dificultades en la implementación de los acuerdos fue la demora en la reposición de las mercaderías en oferta. Las asociaciones de consumidores se encargaron de hacerlo notar rápidamente, lo que generó malestar en el Palacio de Hacienda. Si bien los funcionarios reconocen que existieron problemas de implementación, se manifiestan “sorprendidos” por la actitud de esas entidades. Esperarían una actitud más comprensiva hacia un intento heterodoxo de controlar la inflación. Cerca de Felisa Miceli reprochan que en lugar de colaborar en la fiscalización de los convenios y denunciar con nombre y apellido a las empresas que no lo cumplen o lo hacen parcialmente, varias asociaciones disparan contra el instrumento.

Pero la ministra de Economía asumió como uno de sus principales desafíos hacer prosperar esta institución. Los equipos técnicos analizaron en detalle las últimas semanas la experiencia francesa, basada en “un triángulo” compuesto por el Gobierno, las empresas y las asociaciones de consumidores. En aquel país los acuerdos son permanentes para una canasta básica de productos, también de 500 artículos. Los entendimientos se van renovando cada tres o seis meses, e incluso hay algunos que tienen una duración de un año. La metodología está tan incorporada que, cuando alguna empresa se desvía de las pautas fijadas en el convenio, los consumidores llegan a producir escraches, según cuentan en Economía.

Todavía falta mucho para alcanzar que la medida se naturalice de tal modo que genere un grado de compromiso semejante. De hecho, supermercados e industriales dicen por lo bajo que la nueva ronda de negociaciones no será tan sencilla como lo presenta el Gobierno. Es más, anticipan que habrá resistencias. El Gobierno fue más allá de lo que esperaban al plantear la prolongación de los acuerdos por todo 2006, y también con la ampliación de la lista a 500 productos de almacén.

En principio, la mayor predisposición que notaron en Economía fue de los proveedores de insumos básicos: Techint, Aluar, Acindar y las petroquímicas. Todas ellas accedieron a cobrar precios preferenciales en las mercaderías que entregan para la fabricación de envases para alimentos. La mayoría de esas cartas de entendimiento vencen el próximo día 31. Para esas grandes empresas los convenios no les resultaron demasiado costosos, ya que se comprometieron a rebajar nada más que la producción destinada a las mercaderías que se ofrecen con descuento en los supermercados. Para su nivel de facturación, se trata de cifras mínimas.

Además de negociar la prórroga de los acuerdos con supermercados e industriales, el secretario de Coordinación de Economía, Lisandro Salas, y el secretario de Ganadería, Miguel Campos, insistirán esta semana para lograr rebajas de la carne. Hasta el momento, el precio bajó en el mercado de Liniers, pero la mejora no se reflejó en toda su magnitud en los canales de comercialización al público. La promesa de las distintas cadenas de supermercados y de la cámara de carniceros de la Ciudad de Buenos Aires fue que los precios se adecuarán esta semana. Su argumento para justificar la demora fue que tuvieron problemas de stock debido al fuerte consumo de las Fiestas.