La noticia, dada a conocer en la mañana de Madrid (madrugada en Argentina), conmocionó a los mercados bursátiles: Repsol YPF informaba el recorte del 25 por ciento de las reservas declaradas en sus balances, entre ellas las ubicadas en Argentina. Con el transcurrir de las horas y las declaraciones, la noticia adquirió un matiz más político: la petrolera había decidido, además, suspender su plan de inversiones en territorio boliviano hasta tanto el gobierno de Evo Morales defina cómo será la nueva forma de contratación con los concesionarios. Y no fue todo: al mediodía, en teleconferencia, Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, le anunciaba a la prensa argentina que la reducción de las reservas locales respondía, además, a un recorte en la estimación de la capacidad de producción del principal yacimiento gasífero del país, Loma La Lata (Neuquén), del orden del cinco por ciento. Mucho para un solo día, y una sola empresa.

El precedente había sido una dura declaración del flamante ministro de Hidrocarburos del gabinete de Evo Morales, Andrés Soliz Rada, cuestionando la decisión de Repsol YPF de inscribir a nombre propio las reservas pertenecientes a los yacimientos bajo concesión en Bolivia, que convirtió luego en advertencia de denuncia internacional (ver nota aparte). Esto prenunciaba una espinosa relación entre el nuevo gobierno del Altiplano y la petrolera hispanoargentina, cuando debía encararse la renegociación de los contratos. La respuesta de Repsol fue tan rápida como sorprendente: decidió aplicar los criterios “de máxima prudencia” recomendados por la Comisión de Valores de Nueva York (los mismos que había citado Soliz en su cuestionamiento), con lo cual no sólo recortó el volumen de reservas de gas declaradas como “propias” en Bolivia, sino también en Argentina y el resto de los países en los que opera. Conclusión: declaró tener 1254 millones de barriles de petróleo (o su equivalente en otros hidrocarburos) menos que los que figuraban en sus libros, un recorte del 25 por ciento del volumen anterior.

En La Paz, las autoridades prefirieron guardar silencio. En Buenos Aires, también. La única expresión pública que se oyó fue la del presidente de la estatal YPF Bolivia, Jorge Alvarado, quien señaló que la brasileña Petrobras y la francesa Total le habían manifestado su disposición para aceptar el replanteo de los contratos de concesión, contrastándolo implícitamente con la postura de Repsol de suspender sus inversiones.

La delicada situación está dada porque, mientras entre los gobiernos de Bolivia y Argentina pareciera correr una suerte de aceitada afinidad política, en el plano energético existe más de un cortocircuito. El nuevo gobierno boliviano exige un sensible incremento del precio del gas que le exporta a Argentina, pero es Repsol Bolivia (por su participación en Andina) la que le vende a Repsol Argentina, para que ésta lo distribuya y comercialice en este país. Repsol, a su vez, es un aliada estratégica del gobierno argentino, mientras que por algunas señales vistas esta semana el gabinete de Evo Morales parecería estar inclinando sus preferencias por la empresa de mayoría estatal brasileña Petrobras. Por otro lado, está Venezuela, que con su proyecto de megagasoducto hasta Buenos Aires le podría soplar a Bolivia el negocio de venderles gas a los dos socios principales del Mercosur. De hecho, el Gasoducto NEA, planificado por Techint y Repsol para traer gas de Bolivia al área metropolitana pasando por la Mesopotamia, ya está guardado en el freezer. ¿Será posible integrar a todos estos actores sin que ninguno se someta o entregue más de lo que está dispuesto a ceder?

Los dichos de Antonio Brufau de ayer abrieron varias especulaciones políticas, pero ninguna cerraba. Mientras la cotización de Repsol se desplomaba en la Bolsa de Madrid en un 8,76 por ciento, su titular explicaba que la nueva ley de hidrocarburos de Bolivia generaba “incertidumbres sobre la viabilidad comercial” de algunos de los proyectos en danza, que podrían “dejar de ser rentables”. “Las inversiones por valor de 400 millones de euros (de Repsol en Bolivia) han quedado temporalmente congeladas (...). Necesitamos un esclarecimiento de las reglas”, disparó. Muchos analistas interpretaron estas palabras como una amenaza al flamante gobierno de Morales.

Horas después, el propio Brufau daba una nueva versión de estas declaraciones, pero esta vez comunicado en teleconferencia con una decena de medios argentinos (entre ellos, Página/12). “He estado conversando con el presidente Morales y uno de sus ministros, le planteé la necesidad de contar con un marco de actuación que permita operar; a la nueva ley de hidrocarburos todavía le queda por desarrollar la aplicación práctica, aún no queda claro cómo serán los nuevos contratos. Entendemos que al nuevo gobierno hay que dejarlo que se asiente, que conozca los temas. Tenemos confianza. Lo que sea mejor para el pueblo boliviano será lo mejor para las compañías petroleras”, completó Brufau, calzándose el traje de político en el que no suele sentirse incómodo. Había logrado, al menos, transformar la primera imagen de “extorsión” a Evo en otra de incertidumbre con respecto a la estrategia que seguía la empresa. El silencio posterior de las autoridades oficiales lo ayudó.

El directivo catalán no ahorró esfuerzos para tratar de despejar cualquier sensación de debilitamiento del negocio de la firma en Argentina. “Ratificamos plenamente el plan de inversiones de 8400 millones de euros, enunciado a fines de 2005”, expuso. Explicó luego que la reducción de la estimación de reservas, que en el caso argentino supone recortar 509 millones de barriles de petróleo equivalente (sobre un volumen de 2364 millones a diciembre de 2004), obedece a criterios de la Comisión de Valores de Nueva York (la SEC), mucho más estrictos que los que sigue la Secretaría de Energía. Mientras la SEC sólo permite contabilizar las reservas “probadas” (90 por ciento o más de probabilidad de extracción), Energía computa aquí las “probadas” más las “probables” (50 por ciento o más de probabilidad de extracción). Bajo este criterio, Repsol casi no habría perdido reservas con la revisión, para las normas de valuación locales.

Pero, como al pasar, Brufau señaló otro factor de recálculo hacia abajo de las reservas argentinas. “A veces los campos no se comportan como uno espera y rinden menos”, comentó, agregando que ése había sido el caso con algunas zonas de Loma La Lata, el gigantesco yacimiento gasífero de Neuquén. Por falta de presión en los pozos, dijo que “con las técnicas actuales” buena parte de las reservas no pueden ser extraídas “en condiciones de costos razonables”. Por esa razón, un volumen de gas natural de nada menos que 254 millones de barriles equivalente de petróleo de las reservas de Loma La Lata “no pueden ser drenados” y, por lo tanto, fueron bajados de las reservas probadas.

Sumado a las carencias en otras áreas gasíferas, estimó que la producción de gas natural en los próximos años se resentirá en un 4 al 5 por ciento con respecto a lo proyectado en el plan estratégico. Las inversiones en tecnología deberán suturar la herida, según prometió. Lo dicho: demasiadas preocupaciones para un solo día.