Felisa Miceli instaló ayer un debate al salir en defensa del Gobierno por el informe del Indec que reveló que hubo un deterioro en la distribución del ingreso. El organismo informó que en el tercer trimestre del año pasado el 10 por ciento más rico de la población tuvo ingresos 31 veces superiores al 10 por ciento más pobre. La desigualdad antes de la devaluación era de 27 veces, trepó hasta 30 veces en 2002, para caer a principios de 2005 (el mejor registro en la era Kirchner) a 25 veces.

“La metodología que utiliza el Indec no incluye todo el esfuerzo que hace el Estado en mejorar la distribución del ingreso, solamente toma en cuenta el ingreso monetario”, advirtió la ministra, quien al mismo tiempo reveló que esa metodología “será modificada próximamente con estudios que se están realizando”.

El argumento central del Gobierno es que el aumento del gasto público –en comparación con la década pasada– para atender la cuestión social neutraliza los efectos nocivos en la distribución del ingreso del modelo económico. La devaluación y el dólar alto potenciaron las ganancias de algunos sectores, y esa mejora no derramó en igual proporción sobre el resto de la sociedad. Miceli apuntó contra “los resabios metodológicos de los ’90, donde evidentemente el Estado no estaba presente”, y también ratificó que el Ejecutivo mantendrá una política de fuerte crecimiento. En ese sentido, rechazó el pedido de los economistas de la city de subir las tasas de interés para frenar la economía.

En relación con los datos de distribución del ingreso del Indec, dados a conocer anteayer, Miceli insistió en que durante la década pasada “el Estado no construía viviendas para la gente, no entregaba gratuitamente remedios a través de un plan absolutamente general como es el Plan Remediar, estaba ausente de la cobertura del desarrollo social y de la educación pública”. El objetivo final del Gobierno, remarcó, “es mejorar la distribución de los ingresos: no queremos un país donde haya diferencias tan importantes entre los distintos actores económicos”.

En esa búsqueda de mejorar el reparto, la ministra incluyó las negociaciones con los distintos sectores para contener la suba de precios y las políticas públicas de impulso a la inversión. “Tanto la estrategia para incrementar la inversión como la resolución del tema del aumento de precios tiene como destino mejorar la distribución del ingreso”, consideró.

Respecto de la metodología de medición, la jefa del equipo económico señaló que “en todos los países del mundo se incluyen las políticas públicas que hacen reducir la brecha distributiva, menos en la Argentina”. Eso es lo que determina las diferencias con países que a priori tendrían peor distribución que la Argentina, como Brasil y México, y que sin embargo muestran cifras menos escandalosas.

De acuerdo con la interpretación de Miceli, “los números que se registran en cuanto a diferencias monetarias están muy amortiguados por esta inclusión del gasto social, que se ha retomado con mucha fuerza a partir de mayo del 2003 y va en crecimiento permanente porque todavía son muchas las obligaciones del sector público con los sectores más desprotegidos de la población”.

Por la tarde, la ministra firmó un acuerdo con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) para que esa entidad y otras asociadas a ella empiecen a realizar un monitoreo de precios en las diferentes etapas de la producción y distribución. El objetivo es detectar en qué eslabón de la cadena se producen subas de precios injustificadas. En ese contexto, Miceli sostuvo que los acuerdos de precios, “cuyos resultados se están viendo en los últimos meses, sobre todo en el rubro alimentos”, son una alternativa a la receta clásica de aumento de la tasa de interés para contener el aumento de la demanda, que genera inflación.

“La suba de la tasa de interés tiene dos efectos sobre la economía: primero, el poder del líquido en manos de la gente, que le permite ejercer la demanda que hoy estamos viendo tan dinámica, pasa al sistema financiero, y el segundo efecto es que atrae capitales del exterior”, indicó. El ingreso de esas divisas “tiende a bajar el tipo de cambio y a apreciar la moneda local, lo que significa recesión, falta de producción y desempleo”.

En esa línea, Miceli explicó que “cuando baja el tipo de cambio nuestra economía se hace más vulnerable a los factores externos y tanto el proceso de sustitución de importaciones como el de exportaciones y el de consumo interno se interrumpen, y eso es lo que no queremos hacer”. Fue una respuesta directa a los economistas ortodoxos que insisten con su advertencia de que la economía marcha demasiado rápido y en necesario frenarla para contener la inflación. Es la misma receta que antes transmitía el FMI. El cierre de la explicación de la ministra fue que “estamos apelando a estos mecanismos (de acuerdos de precios) para tender un puente de plata hasta que la inversión madure y podamos tener la oferta adecuada a la demanda”.