El Congreso volvió a dar un respiro a deudores hipotecarios. Lo hizo ayer al sancionar una nueva prórroga de 90 días al vencimiento de las ejecuciones de viviendas. La nueva norma tiene como objetivo que en ese período el Congreso sancione una ley que resuelva la cuestión de fondo, que tiene en vilo a unos 100 mil deudores hipotecarios desde la salida del 1 a 1. Los que están amparados en la ley de Fideicomiso, creado para ayudar al pago de las deudas, suman 14 mil, pero la nueva prórroga lo abre para el resto. La ley suspende los desalojos de viviendas únicas y familiares de valor inferior a los 100 mil, con créditos tomados durante la convertibilidad que promedian los 30 mil dólares.

“Gracias a Dios no salió el proyecto que envió el Ejecutivo, porque si no los deudores hubiéramos tenido que pagar con el criterio que usa la Justicia del ‘esfuerzo compartido’, y eso era como poner la bandera roja de remate sobre nuestras casas”, opinó Gladys de Ferro, presidenta de la Asociación de Deudores Argentinos (ADA).

Todos coincidieron en que la solución de fondo sigue pendiente. En realidad, en noviembre, cuando se votó la anterior prórroga, los diputados y senadores expresaron lo mismo. Pero la ley de fondo no apareció.

Ayer los deudores fueron escuchados en la Comisión de Legislación General, y argumentaron en contra del proyecto que envió el Ministerio de Economía. Esa iniciativa establecía que el juez correspondiente “citara a las dos partes para negociar la compensación, por afuera del banco el deudor tenía que hacerse cargo de esa diferencia tras la salida del 1 a 1. Con el enojo acumulado en estos tres años esa instancia es imposible, y además nosotros no tenemos plata. Hasta a los legisladores kirchneristas les pareció una locura”, relató la deudora Marta Martínez.

Hasta ahora el sistema que implementó el Gobierno a través de la creación de un Fondo Fiduciario dispuesto en la ley aprobada en

2003 no resultó eficaz para resolver la situación que se planteó en la post-convertibilidad. Ante esa realidad el Congreso viene suspendiendo los remates en los últimos años mediante leyes sancionadas de emergencia. A media tarde, el Senado aprobó por unanimidad la prórroga y desechó la redacción que venía del Ejecutivo. En defensa de aquella propuesta, el senador Jorge Capitanich precisó días atrás que “catorce mil deudores se presentaron al fideicomiso del Banco Nación”, pero muchos jueces declararon inconstitucional la ley “y propiciaban la ejecución hipotecaria”. Por eso, remarcó que el proyecto del PEN que ingresó la semana pasada al Senado pretende “la conciliación entre las partes y que haya una solución definitiva”. Sin embargo, esta posición naufragó, pero tampoco lograron los bloques ponerse de acuerdo en una propuesta de fondo.

Las sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados incluyeron fuertes cuestionamientos hacia los jueces que permitieron seguir adelante con los remates a pesar de las suspensiones, y fueron un trámite veloz. El jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, afirmó que la nueva prórroga era también “un mensaje a otro poder, un poder independiente pero que queremos comprometido con lo social, con el país”, en directa alusión a los jueces.

En Diputados, el kirchnerista Heribero Mediza buscó un punto medio entre el sector bancario y los deudores. Advirtió que el Gobierno reconocía la importancia de “preservar las hipotecas como un instituto que permite a muchas familias acceder a un crédito” pero también era necesario “proteger a los deudores hipotecarios ante la posibilidad de perder el techo”. Los ex duhaldistas y el bloque PRO propusieron, sin éxito, que el Banco Nación instrumentara créditos blandos para que los deudores refinancien su deuda. A su turno, el jefe del bloque radical, Fernando Chironi, enfatizó: “Acá falta decisión del Poder Ejecutivo para abordar la injusticia causada por el propio Estado con la pesificación asimétrica”.