No hizo falta esperar demasiado para comprobar que el Gobierno se endeudó caro en la última licitación de bonos. Si lo hubiese hecho ayer, apenas un día más tarde, en lugar de pagar una tasa de interés del 8,36 por ciento anual hubiese afrontado un costo del 8,14 por ciento. El negocio fue aprovechado por los bancos –la mayoría extranjeros– que participaron de la licitación: el recargo les permitió embolsar 4,4 millones de dólares adicionales. La situación provocó tensión entre Felisa Miceli y Martín Redrado.

En Economía culpan al jefe del Banco Central por haber tenido que pagar ese sobrecosto. Poco antes de concretarse la operación, el Central advirtió sobre maniobras irregulares en el mercado de bonos, lo que provocó una caída en las cotizaciones. Ese movimiento bajista se tradujo en una suba de la tasa de interés en la emisión del nuevo papel, el “Bonar V”. Ayer, en cambio, se notó una leve recuperación de los papeles de la deuda, de hasta 0,6 por ciento, como fue el caso del Discount en pesos. Como puede apreciarse, el costo pagado en la licitación es muy sensible al valor de los bonos en el mercado.

La objeción que hicieron en el Palacio de Hacienda fue que Redrado pudo postergar hasta después de la licitación su advertencia a los financistas. El argumento fue que, de todos modos, la entidad rectora señalaba en su comunicado que había detectado maniobras irregulares pero se reservó la difusión de los bancos y agencias bursátiles involucradas.

Cierto es también que a Economía le faltó reacción frente a la polémica decisión del Banco Central. Atento a la caída de los títulos públicos, Alfredo Mac Laughlin, secretario de Finanzas, pudo haber dado marcha atrás con la operación, pero prefirió seguir adelante. Quedó a la vista que la postergación apenas por un día de la licitación hubiera significado, además de un ahorro, la posibilidad de no convalidar un aumento de la tasa de interés.

Justamente, algunos bancos están pronosticando un encarecimiento de los créditos. Hace una semana fue el BBVA Banco Francés y ayer hizo lo propio su competidor de origen español, el Río-Santander. En su último informe, el equipo conducido por el economista Juan Arranz advirtió que el costo del dinero aumentará en el corto plazo. Entre las razones de ese pronóstico figuran algunas medidas tomadas por el Banco Central en las últimas semanas. En especial, la suba de los encajes bancarios sobre las cuentas a la vista, que le quitó liquidez al sistema financiero.

El otro factor que empuja a las tasas se relaciona con que en el último mes y medio, Redrado aplicó una política monetaria más restrictiva. Se calcula que, desde que empezó el año, el Central sacó de circulación alrededor de 2000 millones de pesos del mercado. En un contexto donde el crédito al sector privado crece en forma acelerada –de hecho lo hace a un mayor ritmo que los depósitos–, la absorción de pesos restó capacidad prestable a los bancos y está presionando sobre las tasas de interés. El informe del Río-Santander destacó que los préstamos a individuos y empresas se está expandiendo al 36 por ciento anual, contra 29 por ciento anual de hace un semestre.

En este contexto, la estrategia del Central parece más destinada a enviar señales al mercado de su preocupación por la inflación que a satisfacer la demanda crediticia y alimentar el crecimiento económico.

La calificadora estadounidense Standard & Poor’s tomó nota de la mayor solvencia de la economía y ayer elevó la nota de la Argentina. Elevó de “B-” a “B” la calificación de la deuda de largo plazo; y de “C” a “B” la deuda de corto plazo. El economista de Standard & Poor’s Joydeep Mukherji fue muy claro al evaluar la situación del país: “Los últimos años de notable crecimiento económico y superávit fiscales, juntamente con la reducción del nivel de deuda soberana en 2005 luego de la renegociación con los acreedores han fortalecido el perfil financiero del Gobierno”.