Bancos, compañías de seguros, agencias de bolsa, escribanos y contadores deberán entregar información sobre sus clientes cuando sospechen que alguna operación pueda estar conectada al lavado de dinero. Ya no habrá más secreto ni confidencialidad. Así estaba por disponerlo al cierre de esta edición la Cámara de Diputados, a través de una reforma a la ley de lavado que el oficialismo buscaba sancionar para evitar un apercibimiento del Grupo de Acción Financiera (Gafi). Argentina está afiliada al organismo y se comprometió a modificar su legislación en base a sus recomendaciones. Los cambios que se aprestaba a introducir el Congreso están pendientes desde hace más de un año.

La aprobación de la reforma se activó cuando el Gafi, organismo que depende políticamente del gobierno de Estados Unidos, anunció una visita al país de su presidente, Kader Asmal, y de su secretario ejecutivo, Alain Demais. Ambos funcionarios llegarán hoy a Buenos Aires junto a un equipo técnico para auditar los progresos en el combate a las operaciones de lavado.

La votación de anoche en Diputados buscaba demostrar que hubo avances en el tema. Los hombres del Gafi mantendrán una serie de reuniones con Felisa Miceli, Jorge Taiana y personal de la Unidad de Información Financiera (UIF), la dependencia local que se encarga del trabajo de campo.

El oficialismo de la Cámara baja tenía previsto sancionar el proyecto la próxima semana. Pero finalmente decidió tratarlo sobre tablas –para sortear el plazo parlamentario de una semana de espera desde el dictado del despacho de comisión, lo que había ocurrido anteayer– y de ese modo buscó ser más contundente en su demostración al Gafi.

El punto central de la reforma es hacer prevalecer la ley de lavado sobre el secreto bancario, bursátil o profesional. Si bien la primera de esas normas ya establecía que esos agentes deben informar a la UIF cuando sospechen de operaciones de lavado de sus clientes, otras leyes también vigentes preservaban el derecho al secreto. Ahora quedó resuelto el conflicto en favor de la primera ley.

La reforma, sin embargo, no levantó el secreto fiscal. La UIF deberá conseguir que un juez le ordene a la AFIP que entregue información sobre algún contribuyente. El único cambio respecto de la situación anterior es que ahora la Justicia tendrá sólo 30 días para resolver si autoriza o no el envío de los datos. El otro punto destacado de la reforma es que la UIF ya no necesitará tener “convicción plena” de la comisión de delito de lavado para iniciar una causa judicial, sino que alcanzará con que sus técnicos consideren que hay sospechas suficientes.