Quizá respaldado por su condición de empresario nacional, hábil para incursionar en negocios disímiles y, a veces, prósperos, Eduardo Eurnekian no sólo consiguió tejer buenos lazos con el Gobierno sino que ahora también planea utilizar esa proximidad para construir una nueva alternativa para renegociar el polémico contrato de adjudicación de los aeropuertos. Una alternativa en estudio, a la que tuvo acceso Página/12, consiste en que el Estado se asocie a la Corporación América y sus compañeros italianos en este emprendimiento –la estatal SEA–, junto a Riva Construcciones para operar las principales estaciones aéreas del país, dejando en el olvido multimillonarios pleitos cruzados.

La fórmula para la conformación de esa eventual sociedad mixta aún no está pulida, pero una variante para reformular el cuestionado contrato de concesión permitiría al Estado cobrarse algunas acreencias con acciones del grupo. Ya existe un ensayo de ese acople en Edcadassa, la firma que opera los depósitos fiscales bajo el comando conjunto del Estado y Aeropuertos Argentina 2000 y que, a ojos de Eurnekian, “funciona de maravillas”.

La idea tampoco resulta muy novedosa si se la considera a la luz del esquema que la gestión kirchnerista estaría eligiendo para resolver los problemas relativos a las prestaciones de servicios públicos. Según ese molde, el Estado interviene haciéndose cargo de las inversiones más onerosas y delega en manos privadas el gerenciamiento. Algo así ocurrió cuando decidió reprivatizar las rutas nacionales por el sistema de peaje, reservando para el Estado la inversión en infraestructura. O cuando, antes de que Suez resolviera su partida, ya había dispuesto que la expansión de la red se concretaría con recursos públicos.

En el caso de los aeropuertos aún no está resuelto cuál sería el aporte estatal para integrar la sociedad, pero los antecedentes sugieren que se podrían destinar fondos públicos para mejorar la infraestructura aeroportuaria. En este caso se cumple la misma condición que en otros en los que el Estado concurre en auxilio: el negocio de la privatizada resultó más magro de lo que se previó, en particular, porque para lucrar con algunos aeropuertos rentables hay que mantener otros de apenas un vuelo diario.

La historia de este contrato es conflictiva y enrevesada. Hace tiempo que, según las causales de rescisión enumeradas en el punto 23 del contrato original, éste podría haberse considerado como caduco. A poco de comenzar la ejecución del contrato, se gestaron los pleitos judiciales que hoy podrían quedar en el olvido. Aeropuertos Argentina 2000 no sólo no pagó la suma adeudada sino que exigió al Gobierno un resarcimiento por la entrega tardía de varias estaciones aéreas, porque debía hacer obras no previstas originalmente y por la alteración de la ecuación económica, al mermar la cantidad de pasajeros.

Los reclamos cruzados en Tribunales quedaron congelados cuando días antes de terminar su gestión Eduardo Duhalde promulgó el Decreto 1227, avalando un remozado contrato que, entre otras ventajas a la empresa, reconocía la fijación de un canon en pesos y proporcional al número de pasajeros en lugar de aquella suma fija. Este criterio, que exasperó tanto a los opositores del Congreso como al recién llegado Néstor Kirchner, finalmente se adoptó de facto para la actual liquidación del canon y como norma para un acuerdo definitivo.

La última novedad formal sobre este contrato se produjo el 28 de julio pasado, cuando la Unidad de Renegociación y AA2000 fijaron pautas para reformularlo. Entre ellas, un canon proporcional a la cantidad de pasajeros, lo que ligará esa contribución no ya a la suerte global del negocio sino al número de viajeros, cuyo pago de tasas aporta sólo una de las fuentes de ingresos que tiene el grupo privado. Tampoco habría inversiones fijas, tal como se había planeado en la privatización menemista: tal como le apetece a Eurnekian, se irían resolviendo en base a la necesidad del negocio.