En el país operan 110 instituciones que prestan servicios microfinancieros y cuyo objetivo primordial es el combate a la pobreza. Tienen una cartera activa por un valor cercano a los 55 millones de pesos y financian exclusivamente emprendimientos productivos y construcción de viviendas. En su mayoría son organizaciones no gubernamentales, pero también hay sociedades anónimas, cooperativas, asociaciones civiles de carácter mixto y entidades religiosas. El dato surge de un relevamiento reciente realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires donde se incluye también a dos programas públicos que no responden expresamente a la definición de instituciones de microfinanzas, pero tienen una fuerte presencia en este mercado y permiten comparar su desempeño con el de las entidades restantes.

La cartera de microcréditos evidencia un grado de desarrollo escaso en comparación con otros países de Latinoamérica y Asia. En México, la institución de microfinanzas Compartamos tiene más de 300 mil clientes con una cartera activa cercana a los 120 millones de pesos. El Banco Sol de Bolivia suma 60 mil clientes y Grameen Bank de Bangladesh cuenta con 1092 sucursales en más de 40 mil aldeas rurales y ha concedido créditos a más de dos millones de personas. En el país, en cambio, las 43 entidades más grandes que operan en la sociedad civil reúnen en conjunto apenas 14.931 cuentas activas.

No obstante, la actividad cobró mayor relevancia desde que el gobierno nacional comenzó a apostar por esta modalidad para tratar de reducir la pobreza. En el informe de la UBA, coordinado por la economista Marta Bekerman, se destaca el elevado peso de los programas públicos en el monto global de los préstamos. Solamente Fomicro representa el 55 por ciento del total y si se considera también el programa Redes, una línea de financiamiento del Plan Manos a la Obra sobre la que el informe no incluye datos precisos, el porcentaje podría superar el 70 por ciento.

En el Ministerio de Desarrollo Social sostienen que la mayoría de los excluidos son nuevos pobres que están vinculados al mercado informal a través de distintos oficios, pero tienen retraso tecnológico, falta de capacitación y la necesidad de obtener capital de trabajo e insumos para ganar escala. Por ese motivo apuestan por los microcréditos tratando de ampliar su alcance.

Para precisar mejor los indicadores económicos y sociales de las instituciones orientadas al microcrédito sin fines de lucro, el informe presenta una evaluación económico-financiera y de impacto socioeconómico de cuatro de las asociaciones más relevantes de la sociedad civil (Pro Vivienda Social, Banco Social de Moreno, Asociación Civil Avanzar y la Fundación Grameen Mendoza) y de dos programas públicos de alcance nacional (Fomicro y Redes).

Con relación a la cartera en riesgo, las cuatro entidades civiles tenían apenas un 5 por ciento de los créditos con riesgo de no pago por demoras de al menos 30 días, mientras que en el caso de los programas públicos no se pudieron presentar resultados porque Fomicro no brindó la información y en el Programa Redes “resulta imposible calcular este indicador a partir del sistema vigente para el seguimiento de los pagos”, destaca el informe.

Al analizar la tasa de recupero histórica también surgen diferencias importantes entre las ONG y los programas públicos. En el primer caso es de 97,9 por ciento, mientras que en el segundo se estima que Fomicro tiene una tasa de recupero del 75 por ciento y Redes apenas 30 por ciento, aunque como el programa no realiza un control de la recuperación el dato es sólo indicativo y se basa en la cantidad de prestatarios que pidieron ampliaciones de fondos, ya que el requisito en ese caso es la presentación de los recuperos de los créditos.

El informe también compara el período de evaluación para medir la eficiencia. En las cuatro instituciones de la sociedad civil el tiempo de formulación y evaluación de un primer crédito es de 42 días promedio, mientras que en los programas públicos se superan los 100 días de espera. La comparación de la tasa de interés favorece claramente a los programas públicos ya que promedia 6,5 por ciento anual contra 46,4 por ciento de las otras cuatro entidades. Resultó imposible calcular la sustentabilidad operativa y financiera, pues sólo dos de las seis instituciones analizadas aportó información. No obstante, en las conclusiones del estudio se destaca que lo importante no es que estas instituciones sean sustentables, ya que eso podría limitar su impacto social, sino eficientes y transparentes.