El Gobierno suspendió ayer la recepción de solicitudes de inscripción para operar como exportador de carne vacuna hasta fin de año. La norma, elaborada por la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca), prepara el camino para una apertura gradual de las exportaciones. Fuentes del Gobierno señalaron a Página/12 que el principal objetivo de esa medida es evitar que, una vez reabierto el mercado externo, los exportadores intenten burlar los cupos que se establezcan creando firmas fantasma para mantener los niveles de ventas previos al cierre.

“Varios empresarios ya estaban yendo a la Oncca a inscribir empresas. Pensaban exportar un poco con cada una para eludir las limitaciones. De esta manera les pusimos freno”, señaló la fuente. Mientras tanto, del lado empresario continúa la presión para que la apertura se concrete cuanto antes. Ayer se realizó una asamblea en 9 de Julio donde los productores criticaron la “política de carnes” adoptada por el Gobierno y solicitaron a la cúpula dirigencial de Confederaciones Rurales Argentinas “la realización de una movilización y paro agropecuario nacional”.

El lobby ejercido por los frigoríficos y los productores para que se liberen las exportaciones viene siendo fortísimo. La industria amenaza seguir suspendiendo trabajadores, reclama subsidios y asegura que la Unión Europea aplicará sanciones si no se cumple con los compromisos de la Cuota Hilton. Mientras, desde el campo agitan el fantasma de un lockout consistente en no enviar vacas a Liniers y prometen movilizarse el próximo 25 de mayo, fecha que el presidente Kirchner tiene reservada para celebrar sus tres años de mandato. Ayer recrudecieron las presiones, en este caso desde la localidad de 9 de Julio, donde se reunieron cientos de productores. Javier Jayo Ordoqui, titular de Carbap, afirmó que “todas las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar los precios de la carne al consumidor son equivocadas”.

Sin embargo, y más allá de los reclamos, los principales dirigentes aún no rompieron lanzas con Kirchner. Aseguran haber cumplido con los precios de referencia que fijó el Gobierno para toda la cadena y ahora esperan una señal. Así lo expresó Luciano Miguens en una carta que circuló ayer entre los productores, donde destaca que el sector “ha hecho importantes concesiones en los últimos tiempos” para “resolver el aumento de los precios de la carne. Por eso consideramos también que llegó el momento de que por parte del Gobierno se cumpla con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo del 6 de abril de levantar las restricciones a la exportación”.

La decisión depende del presidente Kirchner, quien hasta ahora se mostró inflexible frente a las presiones empresarias (el último en tratar de convencerlo fue el presidente de ABC, Carlos Oliva Funes) y las recomendaciones de mayor flexibilidad formuladas por algunos integrantes de su propio equipo, como el secretario de Coordinación Técnica, Guillermo Moreno. Fuentes oficiales afirman que Kirchner demora la decisión porque espera que la baja de precios se consolide y porque no le gusta que sus acciones parezcan una consecuencia de presiones. Si la apertura no se decide porque la baja de precios se demora, no queda claro por qué el Gobierno no avanza con las sanciones que había prometido Moreno para los incumplidores. Si, en cambio, los precios se cumplen pero lo que se espera para tomar la decisión es que las presiones disminuyan, la resolución será difícil de tomar, porque a medida que los días pasan los reclamos empresarios aumentan.

La semana pasada, la ministra de Economía, Felisa Miceli, le acercó a Kirchner un informe elaborado por técnicos de la Secretaría de Agricultura donde se recomendaba comenzar autorizando la exportación de los contenedores demorados en el puerto de Buenos Aires para evitar conflictos mayores. La decisión de suspender las solicitudes de inscripción para exportar aparece como una señal que podría estar indicando una flexibilización inminente, aunque la resolución sólo destaque la necesidad de “depurar el padrón a efectos de lograr una eficaz fiscalización y control”.