MARIO CAFIERO *.
Esconder o investigar

Es hora de replantear la política petrolera, como ya lo han hecho otros países de la región (Bolivia, Venezuela y Ecuador). El debate no es si hay que hacerlo o no, sino de qué manera se hará. Hay dos alternativas. Una es seguir con la confusa política actual, que esconde basura debajo de la alfombra y es una continuidad del menemismo, maquillada con la aparición de Enarsa como instrumento de nuevas entregas del patrimonio off-shore. La otra es implementar una verdadera política de soberanía energética, que debe tener como punto de partida realizar una auditoría integral de la privatización de los ’90. Esta seguramente determinará que hubo graves irregularidades en la venta final de las acciones a favor de Repsol; que se otorgaron prórrogas de contratos como el de Loma La Lata (vergonzoso y desesperado fraude de De la Rúa, Machinea y Sobisch); que hay graves incumplimientos ambientales y de compromiso de inversiones, etcétera. La Argentina debe renacionalizar sus hidrocarburos antes de que queden sólo migajas de la renta petrolera. Y esto es lo que está justamente en discusión en la región. O sea se trata de una decisión fundada no en cuestiones eminentemente ideológicas, sino en razones estratégicas que hacen al porvenir de la Nación. Esta batalla ya se dio y la perdimos cuando hace 50 años fue derogada la Constitución de 1949 con su artículo 40. No volvamos a desperdiciar esta oportunidad.

* Ex diputado.

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RUBEN LO VUOLO *.
“Empresa estatal y ente de regulación”

El debate se debe plantear en relación a la elevación sustancial de la parte de la renta petrolera que capta el Estado argentino. Con esa óptica, se puede plantear la nacionalización o no. La nacionalización es una de las formas, pero se deben discutir los instrumentos para captarla. Hay una necesidad imperiosa de definir una estrategia de desarrollo energético que atienda la creciente proyección de la demanda en el país. El carácter estratégico de la región obliga a realizar emprendimientos de gran envergadura, no sólo en exploración de hidrocarburos, sino también –y fundamentalmente– en energías alternativas y renovables.

Como lo hemos planteado varias veces, el tema de hidrocarburos y gases es el centro de la cuestión. El tema es cómo captar recursos de la renta petrolera. El porcentaje actual que capta el Estado es muy bajo. Los instrumentos son muy limitados y de corte estrictamente fiscal.

Es imperiosa la necesidad de una estrategia de desarrollo energético para el país que incluya la promoción de fuentes de energía renovable y que cambie la matriz energética. Actualmente, el país es hidrocarburodependiente en materia energética. Una visión de futuro implica avanzar en hidroelectricidad, en energía eólica y en la nuclear. Y esto implica un fuerte financiamiento, que sólo puede venir de la renta petrolera. Sabemos que el sector privado no va a invertir en estos emprendimientos, porque es necesaria una política activa del sector público.

Existe un documento sobre el sector energético en las bases del ARI de 2003. Habíamos propuesto la constitución de una empresa estatal. Señalamos que hay una cantidad de áreas, donde hay concesiones de muy dudoso uso, que podrían utilizarse para capitalizar las empresas públicas. Planteamos la constitución de un ente de regulación para toda la cadena energética. Hoy no existe un ente para el petróleo, pero nosotros buscamos uno que integre a todos.

* Economista, cercano a Elisa Carrió.

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HERMES BINNER *.
Petróleo y soberanía

El presidente de Bolivia ha anunciado la nacionalización de los hidrocarburos. Entendemos la medida como una política activa, habida cuenta del marco mundial, las reservas que detenta Bolivia y la necesidad de que los estados ejerciten su soberanía para captar y orientar los excedentes de una actividad crítica. Las condiciones vigentes en Argentina son muy diferentes. Con reservas en permanente retroceso, con una empresa estatal de petróleo ya privatizada, la desregulación de precios de hidrocarburos y habiendo entregado en propiedad los yacimientos a empresas internacionales, el margen de maniobra es sensiblemente inferior.

La actual coyuntura de crisis energética mundial está poniendo al desnudo las trágicas consecuencias del proceso privatizador en Argentina. El esquema trazado estaba facilitando a las empresas hacer lo que finalmente sucedió. En lugar de invertir en prospecciones para ampliar el horizonte de reservas, se dedicaron sólo a extraer petróleo y gas de los yacimientos descubiertos en base a inversiones de la YPF estatal. De esta manera, elevaron su tasa de ganancias.

La salida a este problema tiene dos direcciones. Por una de ellas se debe otorgar prioridad a los esfuerzos para descubrir nuevos yacimientos. A partir de allí será posible ejercer la capacidad regulatoria del Estado. Tenemos un cauto optimismo sobre la tarea que desarrolla Enarsa suscribiendo convenios (que hubiésemos preferido por licitación) para la búsqueda de hidrocarburos en la plataforma continental. La otra dirección es la integración energética de Sudamérica.

El camino que debe recorrer Argentina lo vienen señalando: el pocero Fuchs –que descubrió nuestro petróleo–, el general Enrique Mosconi –que defendió su nacionalización–, los luchadores Julio Nota y Adolfo Silenzi de Stagni, quienes junto a otros vincularon al petróleo con la soberanía argentina.

Y el circuito podrá cerrar si los argentinos comenzamos, junto a estas acciones, a dar el gran debate sobre si debemos volver a detentar una empresa pública de hidrocarburos.

* Diputado socialista.

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MARGARITA STOLBIZER *.
Sobre el país que queremos

La nacionalización del petróleo debe enmarcarse en un profundo debate sobre el país que queremos, sostenido en qué recursos y en base a qué valores. Nada más y nada menos que para eso, la riqueza de nuestro suelo debe ser considerada patrimonio colectivo. La ola privatizadora, con la que se concretó la más brutal transferencia de recursos del pueblo a los grupos de poder, incluyó la privatización del sistema de protección del Estado sobre sus trabajadores, sobre la salud y la seguridad social. Y también la depredación de nuestros recursos con la entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa superavitaria y orgullo nacional. La complicidad de algunos que han levantado montañas de fortuna al amparo de la medida hace difícil pensar en la posibilidad de discutir hoy una ley nacional de hidrocarburos, entre otras cosas que pueda sostener un nuevo concepto de soberanía en la recuperación de los recursos naturales y su rentabilidad para asegurar con justicia el presente y el futuro de todos los argentinos. Esto sería darle un sentido moral al crecimiento, basado en la distribución de la riqueza y del esfuerzo, sin que los más pobres tengan que esperar el derrame de los sectores dominantes, con acceso a la tierra, al agua y al petróleo que son, sin dudarlo, bienes colectivos que deben ser administrados por el Estado. Claro, si tuviéramos un gobierno sinceramente popular y progresista.

* Secretaria general del Comité Nacional de la UCR.

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JORGE ALTAMIRA *.
“Estatizar íntegramente”

El gobierno nacional está dejando trascender que cancelaría las concesiones de las empresas que no han invertido, pero mantiene en pie el subsidio estatal de doscientos cincuenta millones de pesos al proyecto de gasoducto del norte de Repsol y Techint y las provincias están cediendo áreas nuevas a las compañías privadas. ¿Estamos ante un intento de poner fin a la privatización menemista o ante una tentativa de rescate económico de los pulpos petroleros, por parte del Estado? La opción es clara: o una pseudonacionalización funcional al rescate de los pulpos petroleros o una nacionalización real. En este último caso se debe, por un lado, estatizar integralmente la industria y, por el otro, auditar integralmente a las empresas beneficiarias de las privatizaciones. Quedará claro, de este modo, que han recuperado varias veces el capital invertido (en especial cuando YPF regaló sus reservas a 10 dólares el barril) y que no les corresponde indemnización alguna. Asimismo, correspondería someter a un juicio de responsabilidades políticas a todos los involucrados en la entrega de YPF. Es claro que una nacionalización real de la industria petrolera daría un empuje histórico sin precedentes a la unidad nacional de América latina, al unificar a todas las tendencias que se movilizan por la recuperación de los recursos energéticos. Reclamamos el apoyo incondicional de Argentina a la nacionalización emprendida por Bolivia.

* Líder del Partido Obrero.

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JORGE SOBISCH *.
“Somos rehenes de Evo Morales”

Desde principios del año 2002, a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Económica y reforma del régimen cambiario (la salida de la convertibilidad), Neuquén viene reclamando y advirtiendo que la situación energética es un asunto de los más urgentes a resolver.

Sabemos que en ningún país existe un gobierno dadivoso tal que acceda a regalarnos esos recursos no renovables a los precios ficticios y más bajos del mundo, permitiendo así que el gobierno nacional pueda sostener la mentira de que las tarifas no deben aumentar.

Debido a que todos los que tienen responsabilidades en la Argentina hicieron caso omiso a nuestros reclamos, en el presente somos rehenes de las decisiones que tomó el presidente de Bolivia Evo Morales y también de las decisiones que pueda tomar con respecto a los precios del gas.

Nuestra matriz energética se compone en un 48 por ciento de este fluido y los volúmenes de producción disponibles en nuestro país –así como también las reservas– cada día son menores, debido a la falta de una política energética de largo plazo que aliente las inversiones, con señales de precio de mediano y largo plazo, reglas de juego claras e incentivos a la exploración, para que seamos capaces, como ya hemos demostrado, de autoabastecernos y además exportar.

La inacción del gobierno nacional en los últimos 3 años nos condena no sólo a la falta de gas, sino también a que en el corto plazo la Argentina se convierta en un importador neto de petróleo crudo, por el que deberemos pagar también precios internacionales.

Esa irresponsabilidad conlleva además un grave perjuicio económico a las provincias productoras, debido a las pérdidas millonarias en concepto de regalías que son pagadas a un precio subsidiado encubiertamente.

Entendemos como justo el reclamo del presidente de Bolivia al pretender mejores precios por su gas, pero no entendemos cómo hasta ahora se le han reconocido valores de hasta 3 U$S/MBTU mientras a la provincia del Neuquén se le abona 1 U$S/MBTU, dilapidando un bien escaso que es de todos los argentinos. ¿No será que nos quieren castigar por haber hecho bien las cosas por más de 40 años?

* Gobernador de Neuquén.