El artículo clave del decreto supremo 28.701 con el que Evo Morales nacionalizó la explotación de los hidrocarburos es el cuarto, porque es el que establece el nuevo reparto de la renta de los megayacimientos gasíferos, que pasó de dividirse por mitades a un 82 por ciento del valor de la producción para el Estado y el restante 18 por ciento para las compañías.

Ese artículo señala expresamente que con el 18 por ciento alcanza para que los privados puedan “cubrir los costos de operación, amortización de inversiones y utilidades”, de lo que se desprende que el 50 por ciento que se llevaban hasta ahora les permitía ganancias siderales, y que el 82 por ciento que les correspondía a los firmas extranjeras hasta hace no mucho implicaba un descomunal saqueo.

Además de ser un reparto inverso al que rigió durante la época del mayor saqueo, el 82/18 de ahora fue definido en base a las conclusiones cruzadas de varios estudios realizados por expertos bolivianos, venezolanos, mexicanos y europeos, según reveló el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera. El funcionario explicó que esos trabajos demostraron que los concesionarios (YPF-Repsol, Petrobras y Total) de los megayacimientos de San Alberto y San Antonio “ya recuperaron su inversión y que ahora casi todo es ganancia. Con el 18 por ciento que les corresponde a partir de ahora tendrán una ganancia que fluctúa entre el 15 y el 19 por ciento, que está en torno al promedio continental”. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, dijo que “incluso si se quedaran con un 10 en lugar de con el 18 por ciento, seguirían gozando de ganancias como tienen en otras zonas”.

Más allá de las histerias, presiones y amenazas propias de un sacudón como el que pegó Evo Morales, es seguro que ninguna de las dos multinacionales más afectadas abandonará Bolivia. Por empezar, debido a las cifras señaladas, que además están sujetas a las variaciones que surjan de la negociación que quedó abierta. Pero hay una segunda razón de igual relevancia, y es que tanto los españoles de Repsol como los brasileños a través de su estatal Petrobras necesitan de manera imprescindible mantener el abastecimiento boliviano.

En cuanto a la Argentina, antes que preocuparse por el muy leve impacto que podría tener el encarecimiento del gas marginal que se le compra a Bolivia, resulta más urgente preguntarse qué sucede domésticamente con el reparto de la renta hidrocarburífera y con el horizonte de autoabastecimiento que está dejando la actividad privada. Una primera aproximación surge de datos recopilados por el especialista del grupo Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) Félix Herrero en un reciente trabajo. Cita un informe de la Cepal según el cual el costo de producción del petróleo en la Argentina es de 2,6 dólares. Pero aun cuando fuera, según informa Repsol, de 6 dólares en promedio en los países donde extrae, o de 12 dólares, como hace un par de semanas señaló el ministro Julio De Vido, la distancia hasta los más de 70 dólares que cotiza el barril en el mercado internacional deja márgenes extraordinarios para la exportación y buenas ganancias para la operatoria local. Lo primero está siendo compartido con el Estado a través de las retenciones, que son de magnitud razonable para el crudo, pero muy bajas para los combustibles. En cuanto a lo segundo, Herrero asegura que la Argentina “es seguramente uno de los países con menor carga impositiva sobre la actividad, ya sea a través de las regalías a las provincias u otros tributos”.

Respecto de la disponibilidad futura de hidrocarburos, el panorama es poco auspicioso por culpa de la escasa reinversión de los privados. Para prueba alcanza con la siguiente comparación: mientras en los años previos a la privatización de YPF se perforaban por año más de cien pozos deexploración para buscar reservas, en el último quinquenio nunca se alcanzó siquiera la mitad de ese número.

El menú para incrementar la porción de la impresionante renta petrolera que es capturada por el Estado y de recuperar el poder público de decisión sobre la forma de explotar un recurso estratégico y no renovable es muy amplio. Incluye desde la creación de una regalía para la Nación, pasando por una mayor presión tributaria, un aumento adicional de retenciones, hasta medidas más extremas que podrían afectar la sacrosanta seguridad jurídica.

Claro que todo esta problemática no tendría razón de ser si el gobierno de Carlos Menem no hubiera ejecutado la más absurda y original de las privatizaciones. No sólo porque la privatización del negocio petrolero fue un caso raro para un país en vías de desarrollo (Brasil mantuvo Petrobras en la órbita pública, México a Pemex, Chile a la cuprífera Codelco, etc.), sino porque para colmo ese mismo gobierno demostró que era posible gestionar desde el Estado a YPF con criterios de eficiencia y rentabilidad propios del capitalismo. La Argentina menemista no fue en verdad la única en hacer semejante disparata. Hasta hace unos días compartía la rareza con Bolivia.