CALLEJA
“Solos en el mundo”

–¿Qué debería hacer Argentina?

–Como no tenemos una empresa estatal en condiciones de asumir el control de las áreas petroleras, habría que hacer lo mismo que Evo: transformar los contratos de concesión en contratos de locación de servicios, pagarles a las empresas por sacar el petróleo y que el Estado defina cuánto se extrae, a quién se le vende y a qué precio. Arturo Illia pudo recuperar las áreas porque tenía YPF, hoy Enarsa no es más que un sello.

–¿Hay otros países productores de hidrocarburos con un régimen como el argentino?

–Eramos dos, Bolivia y nosotros. Ahora quedamos solos. Los contratos de concesión vigentes murieron en el mundo en la década del ’80. Fueron reemplazados por contratos de participación, como el Houston, donde la empresa privada explora, asume riesgo minero, si le va mal, pierde y si le va bien, se asocia con el Estado. Es el esquema que asumió Chávez, que rige en Arabia Saudita, en Colombia, en varios países. También hay contratos para desarrollar un área y explotarla en asociación con la empresa estatal, como en la Cuenca del Orinoco, en Venezuela. Y hay contratos de locación de servicios, como en Brasil.

–¿Es posible cambiar la naturaleza de los contratos de manera unilateral?

–Bolivia lo fundamenta en actos jurídicos nulos. Podemos hacer lo mismo. Decretar la nulidad de todas las concesiones otorgadas de Menem en adelante, que fueron burdas. Violaron todas las leyes. La Ley de Hidrocarburos prohíbe que una misma empresa tenga más de cinco áreas concesionadas y no se cumple, la ley de privatización de YPF no autorizaba la prórroga de las áreas que tenía la empresa cuando era estatal y Cavallo lo hizo por decreto, no se constituyeron sociedades mixtas en áreas donde se aplica recuperación asistida como manda la Ley de Reforma del Estado, se otorgaron prórrogas para la explotación de los yacimientos Loma de la Lata, Ramos y Acambuco con 17 y 20 años de anticipación, cuando la condición para extenderlos es evaluar el desempeño de la empresa durante los últimos veinticinco años, la venta de YPF se hizo sin tasación oficial previa, como marcaba la Ley de Reforma del Estado.

–¿Cuál supone que sería la reacción de las empresas?

–La misma que en Bolivia, con los argumentos conocidos: la seguridad jurídica, que jamás debe ser entendida como un aval de ilícitos; la suspensión de inversiones, que nunca realizaron, porque recibieron áreas funcionando y en perfecto estado y lo único que hicieron fue cubrir los costos de producción normales; las apretadas políticas de los gobiernos, cuyas empresas se vean afectadas, como España, Brasil, Inglaterra y Francia.

–¿Cree que se irían?

–Nadie se va a ir porque los contratos de locación de servicios siguen siendo muy buen negocio. Chávez lo hizo hace dos años y se quedaron todos, salvo Exxon. Con Fidel están todos, en Irán están todos. El empresario petrolero argentino se hizo millonario con los contratos con la YPF estatal: Pérez Companc, Bridas, Astra, Plus Petrol. Van a aceptar porque en todo el mundo es así.

–¿Estima que el Gobierno hará algún cambio?

–No lo sé, espero que sí. Supongo que puede haber algún anuncio de cosmética en el acto del 25. Hasta ahora, sigue en la línea del menemismo. Bolivia obligó a Repsol a rectificar a la baja sus reservas de gas y acá nadie dijo nada. La única reacción fue obligar a la empresa a informar sus reservas una vez al año, en lugar de cada dos. Pero siguen siendo declaraciones juradas de las empresas sin auditoría estatal. Enarsa hace dos años que tiene la obligación de crear una base de datos y no hizo nada. Y encima el Gobierno envió al Congreso un proyecto para desgravar las inversiones en exploración, y liberó el gas en boca de pozo como no se animaron Menem y Cavallo.

–¿Qué pasaría con la renta petrolera en caso de nacionalizar los hidrocarburos?

–El Estado ganaría más de 10 mil millones de dólares al año. Entre el Estado nacional y los provinciales retienen el 36 por ciento de la renta. Es el nivel más bajo del mundo, junto con el de Bolivia. Venezuela se queda con el 87 por ciento y Bolivia subirá a ese escalón.

–Se suponía que la eficiencia privada y su capacidad de inversión aumentarían los niveles de producción de hidrocarburos y que el Estado pasaría a ganar más de lo que obtenía cuando YPF era estatal. ¿En qué medida se cumplió esa promesa?

–En nada. Desde 1934 a 1989, la renta petrolera permitió crear toda la infraestructura vial nacional y provincial, se construyó la red troncal y las redes domiciliarias de gas, se construyeron todas las represas hidroeléctricas, se hicieron aportes a las cajas de previsión, se financió a las otras empresas del Estado, se crearon pueblos, había reservas de gas por 36 años y de petróleo por 23. Hoy estamos con 10 y 8, medido por empresas mentirosas. Desde 1989 no se construyó una sola represa hidroeléctrica, no se hizo un solo gasoducto destinado al mercado interno, con el 40 por ciento de la población sin gas.

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LAPEÑA
“Mejor no imitar”

–¿La Argentina haría bien en imitar a Bolivia?

–No, no haría bien. Hay que buscar soluciones propias. El Gobierno debe tener un discurso más claro, una política energética de la que carece y un diagnóstico preciso. Hoy, por ejemplo, no admite que estamos en una crisis energética muy profunda, sobre todo en el gas. Dice tener resuelto el problema, pero no es cierto. En este contexto, con diagnóstico equivocado y sin plan energético, yo trataría de no imitar a nadie.

–¿Cuál sería la solución para la crisis?

–En los últimos 15 años la Argentina dilapidó sus reservas. El Estado estuvo ausente, prescindente de ese proceso, dejando actuar al mercado por las suyas. Eso es lo que hay que cambiar. Hoy sólo arbitra entre sectores frente a una demanda que no puede ser satisfecha en su totalidad: no cumple los compromisos con Chile, importa fuel oil, le corta el suministro a la industria, importa gas desde Bolivia.

–¿Debería forzar a las empresas a invertir?

–No, forzar a nadie. Hay que hacer una política atractiva para que las empresas inviertan. Hay que tener una política petrolera: una nueva ley de hidrocarburos, un marco regulatorio cumplible. La ley de 1967 quedó desactualizada con la privatización de YPF y con la reforma constitucional de 1994. Sin un marco jurídico que le permita tanto al inversor como al Estado saber cuáles son los derechos y obligaciones, es difícil que venga una corriente inversora.

–Venezuela atrae inversiones a pesar de que renegoció los contratos.

–La Argentina primero debería hacer cumplir lo pactado. Si el Estado no controla, difícilmente las empresas respeten sus obligaciones. En 12 años todas las áreas concesionadas vuelven al Estado. Lo primero que habría que hacer es prepararse para recibir esas áreas y, mientras tanto, que las cosas se hagan como dicen los contratos.

–¿Qué aportó el esquema de explotación privada en la Argentina?

–El vacío que dejó la privatización de YPF nunca fue llenado. Todas las compañías juntas no lograron descubrir yacimientos como hacía YPF. Las empresas que la reemplazaron no mejoraron en este aspecto, que es estratégico. El mercado no elige explorar. El Estado tiene que darse una política para que el privado explore, no una política de látigo, sino atractiva, o que explore con el Estado, pero lo que no puede pasar es que nadie explore. Necesitamos un Estado que controle, planifique, tenga políticas y diagnóstico. Eso no ocurre. En ese sentido, no hay cambios respecto de lo que vivimos desde hace 15 años.

–¿La nacionalización sería posible?

–El tema es si es conveniente o no. Bolivia tiene gas y yacimientos descubiertos muy importantes. Nosotros necesitamos descubrirlos. Es otra situación. Tenemos que explorar nuevas áreas y para eso se requieren inversiones muy fuertes. Además, en el caso boliviano el tema del gas está en el centro de la escena política desde hace cuatro años, se llevó a dos presidentes, hubo un referéndum vinculante, una promesa electoral y un cambio en la ley de hidrocarburos. Todo eso no forma parte del contexto político argentino. Sería ilógico copiarlo.

–¿Qué opina de la decisión del gobierno boliviano?

–Es un acto soberano respetable. Me parece saludable pensando en que es el cumplimiento de una promesa de campaña. Es como cuando Alfonsín enjuició a las Juntas o Illia anuló los contratos petroleros. Forma parte de un proceso histórico, en el cual el pueblo boliviano quiere captar una mayor porción de la renta petrolera. Ahora debemos ver cómo se implementa, qué ocurre en la renegociación de los contratos de los próximos 180 días. Hasta ahora no se puede saber cuánto gana Bolivia. Si este proceso discurre por el camino de la racionalidad, andará bien. Si, por el contrario, camina por el grito, la controversia y el voluntarismo, se puede desmadrar. A Bolivia es lo que menos le conviene. Si la producción baja, el remedio será peor que la enfermedad.

–¿Qué impacto tiene la medida para la Argentina?

–En el corto plazo no tiene demasiada influencia, pero a mediano y largo plazo me preocupa. Ahora no hay cambios sustanciales porque Argentina importa menos del 5 por ciento de su consumo de gas. Por más que aumente el precio, se diluye en el total. Y no veo ninguna razón para que el flujo se interrumpa. Ahora, a mediano plazo me preocupa porque la Argentina necesita cerrar rápidamente un acuerdo con Bolivia para aumentar la importación de gas de 5 a 20 millones de metros cúbicos por día durante varios años. Esta ya es una operación más grande. Y el acuerdo se necesita en forma urgente para abastecer una demanda que crece. Hasta que Bolivia reordene su situación va a pasar tiempo. Hay que recordar que desde 2004 estamos dando vueltas con la construcción de un gasoducto de Bolivia a Rosario y todavía no hay nada. Tenemos un problema para ayer, no para hoy, y la solución se dilata.