“Históricamente los datos del Indec han incomodado a todos los gobiernos; en la actualidad las cifras del Indice de Precios al Consumidor (IPC) provocan en algunos medios de comunicación reacciones que atentan contra la institución y sus trabajadores.” En un inusual comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos salió ayer a responder a las críticas sobre que el índice de precios no se corresponde con la realidad.

Para relevar la inflación minorista, el Indec elabora una canasta de consumo de lo que se supone el “consumidor promedio”. Esa cesta de productos y servicios es la que mide el IPC. Los orígenes del IPC se remontan al año 1924. Desde entonces se hicieron distintas revisiones del índice, introduciéndose modificaciones sobre los bienes y servicios que componen la canasta y las características de la población de referencia. Es necesario estudiar los gastos de las familias para saber cómo llenar la canasta. Como informó este diario, la canasta del IPC se basa en una encuesta de gastos de los hogares del año 1996. Así, la inflación que difunde el Indec refleja las pautas de consumo de una década atrás. En cualquier sociedad diez años es mucho tiempo, pero en la Argentina bien podría equipararse con un siglo. No hace falta ser un experto para distinguir el abismo entre aquellos tiempos de convertibilidad y la economía posterior a la gran crisis de 2001.

El operativo de relevamiento es impecable: “moviliza mensualmente a un equipo de encuestadores que visitan 8 mil negocios informantes y relevan 115 mil precios de más de 800 artículos”, recuerda el comunicado del Indec. Es cierto. Pero se releva una canasta desactualizada. Basta echar una mirada a sus componentes para divisar la grieta que se abre entre las estadísticas y la realidad. En el IPC oficial sólo el 31 por ciento de la canasta está integrada por alimentos y bebidas. Ese escaso peso del rubro alimentos contrasta con todas las encuestas más recientes, que muestran que el “argentino medio” destina entre el 60 y 70 por ciento de su ingreso a alimentos y bebidas. No hace falta aclarar que los más de 2 millones de jubilados que cobran la mínima o los 5 millones de trabajadores en negro destinan, probablemente, más del 90 por ciento a comer. En el otro extremo, el IPC otorga una alta ponderación al rubro “esparcimiento” (turismo, computación, diarios, espectáculos).

Todo pareciera indicar que la inflación oficial refleja el consumo de un selecto grupo de ingresos medios y altos, y una inflación para el resto de los argentinos, más alta.

Debatir sobre estas cuestiones difícilmente “atente contra la institución y sus trabajadores”. Sí lesiona la reputación del organismo que el presidente Kirchner difunda, desde la tribuna, los datos que el Indec debería guardar en secreto hasta su divulgación oficial. La institución tiene un cronograma anual de difusión de las estadísticas que es respetado desde hace años, como ocurre en los países más desarrollados. Sin embargo, el Presidente suele anticiparse a las cifras, anunciando informalmente la buena nueva. El colmo ocurrió esta semana, cuando Kirchner reveló que la desocupación cayó al 10,8 por ciento en abril, con la intención de compensar el impacto de la noticia de la suba de la desocupación durante el primer trimestre. El dato de abril forma parte de la cocina interna de las estadísticas del Indec, que sólo publica oficialmente tasas de desocupación trimestrales. Aunque la información se supone secreta hasta su publicación, entre otras cosas porque debe ser sometida a un proceso de revisión técnica, la cúpula del Indec volvió a soplarla al oído presidencial. El último párrafo del comunicado emitido ayer por el Indec, cuyo titular es el prestigioso sociólogo Lelio Mármora, no deja dudas del alineamiento con la Rosada: asegura que el organismo está trabajando “para hacer de Argentina un país en serio”.