Las diferencias entre Roberto Lavagna y Felisa Miceli son sutiles dentro de la lógica de funcionamiento del modelo del dólar alto de la administración Kirchner. Apenas matices en las políticas básicas de la macroeconomía. Eso no implica que sean iguales. Las leves inclinaciones para uno u otro lado de cada uno de ellos marcan una orientación, que resulta importante para lo que significa el gran desafío de este y de futuros gobiernos: mejorar la distribución del ingreso. Así, si bien ambos tienen una visión similar del proceso económico que se inauguró con la megadevaluación, los separa la estrategia para alcanzar esa meta. Y no es poco. Porque para quebrar la tendencia del reparto inequitativo de la riqueza se deben instrumentar medidas en el marco de ese mismo modelo que los identifica. Aunque no hay que ignorar voces que dicen que, más allá de los deseos, el sendero de la desigualdad no se puede alterar dentro del actual esquema económico.

Lavagna no fue como ministro-político y no lo es ahora como político-a secas partidario de modificar, ni con grandes ni pequeñas reformas, estructuras que reproducen desigualdad. Está convencido de que la declamada movilidad social se alcanzará con instituciones fuertes, estabilidad y crecimiento. Es un refinamiento de la conocida teoría del derrame, adaptada a un Estado que no está ausente sino que se hace presente solamente para actuar de árbitro para racionalizar la puja distributiva. Por eso expone su preocupación por la competitividad y productividad, que no es otra cosa que resolver la contradicción interna del modelo del dólar alto que requiere salarios bajos en moneda dura. Por esa vía la distribución no mejora y sólo reproduce una sociedad desigual. Es el modelo chileno. Fuerte crecimiento del Producto, aumento del empleo, elevada tasa de ganancia empresaria, lenta recomposición salarial y caída de la pobreza. Pocas manos se siguen quedando con gran parte de las porciones de la torta.

Felisa Miceli manifiesta, en cambio, que aspira a transitar otro camino y está convencida de que Néstor Kirchner también. En el Ministerio de Economía se ha conformado un equipo de trabajo con la colaboración de técnicos del Indec para elaborar un diagnóstico más fino sobre cómo se reparten los ingresos. Para mostrar cifras más amables y además como una herramienta para intervenir con más precisión. Miceli, a diferencia de su anterior jefe, quiere que su gestión tenga el signo distintivo de la distribución. Sin descuidar los pilares básicos del modelo, los cuales repite una y otra vez como el del superávit fiscal, la ministra pretende extender los estrechos límites que le impone la actual política económica. Está estudiando y evaluando medidas en ese sentido. Habrá que ver si tiene éxito en implementarlas o fracasa en el intento, por sus propias restricciones o por los tiempos políticos que se definen en la Casa Rosada.

Si existe un debate relevante y perturbador para gendarmes de buenos modales es el de la distribución del ingreso. Este es el que merece incorporarse prioritariamente en el temario de la sociedad. Tema que es ignorado en la agenda ilustrada que presenta Lavagna desde su tradicional conservadurismo, que no es nuevo sino que ahora queda en evidencia. Siendo ministro siempre desdeñó a todos los que le planteaban la cuestión, los calificaba de setentistas y tenía una particular inquina con la CTA y sus informes económicos que destacaban, precisamente, su desinterés en avanzar en mejorar el reparto de la riqueza. Uno de esos trabajos de investigación liderado por el economista y diputado Claudio Lozano lo incomodó mucho, porque detallaba el aumento de clientes-empresas que contabilizó Ecolatina, consultora que fundó para luego retirarse de esa compañía cuando pasó a revistar en la función pública.

Pese a los deseos de Lavagna y el capitalismo de amigos que lo acompaña, ya sea por el discurso del Gobierno o porque la sociedad aprendió luego de la dramática crisis de 2001 que para su propia seguridad se necesita construir un país diferente al de los últimos treinta años, se ha instalado el debate sobre cómo repartir los frutos de la bonanza. En un reciente documento de E&R-Política Económica, de Alejandro Peyrou y Hernán Neyra, se destaca que “para que realmente mejore la distribución del ingreso a futuro hacen falta políticas públicas”. Apuntan a un punto central de ese debate. Más allá de la más o menos eficiente iniciativa en términos económicos que se instrumente tras esa meta, la decisión es política. Esos especialistas lo resumen en que “la decisión a tomar en esta materia es política y está relacionada con valores sociales y con un criterio de largo plazo: las sociedades más equitativas son más estables y tienen desde todos los puntos de vista mejores calidades de vida que otras, incluyendo menores niveles de violencia”.

Los economistas del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) indican, en cambio, que esa voluntad política se enfrenta con las restricciones del propio modelo económico. En su último informe publicaron un capítulo referido a ese punto, al señalar que las mejoras salariales de los últimos dos años y medio –desde un pozo profundo– han venido de la mano de dos procesos que marcan algunas “contradicciones del nuevo modelo”. Estas son, por un lado, que la recuperación de los ingresos salariales ha venido acompañada de un aumento de la desigualdad distributiva entre asalariados, entre capitalistas y asalariados y a escala regional. Por otro, precisan que “la creciente presión salarial está comenzando a cuestionar las bases de sustentación del nuevo régimen macroeconómico que supone la contención salarial como principal instrumento para ganar competitividad”. Es lo que piensa Lavagna y, por eso, propone minimizar la puja distributiva y así mantener la elevada tasa de ganancias empresariales. Los del IEFE lo plantean exactamente al revés: “El acelerado proceso de recuperación de la actividad económica ha sido financiado por un fuerte aumento en la explotación del trabajo, es decir por un incremento en la porción del ingreso creado por el trabajo que fue apropiado por el capital”.

Esto es lo que hoy está en controversia en la polémica sobre la inflación, los salarios y los acuerdos de precios. Cuando Lavagna critica lo que él considera “desvíos” de la política económica, está ratificando su posición a favor de la estrategia del derrame adaptado a los nuevos tiempos. Cuando Miceli reafirma el actual camino con “desvíos”, envía la señal de que el sendero transitado por su antecesor fue necesario en su momento, pero que ahora es insuficiente. De todos modos, la ministra sabe que se requiere de algo más que esa política con “desvíos” para una mejora sustantiva en la distribución del ingreso.

Miceli sostiene que hoy el flujo reproduce el stock. Entonces está convencida de que se tiene que modificar el stock avanzando con cambios en el mercado laboral, en la estructura impositiva, en el sistema financiero (con leyes y regulaciones del modelo neoliberal) y en el régimen previsional (con comisiones y ganancias elevadas para las AFJP). Pero también tiene en cuenta que en ninguno de esos casos habrá una gran reforma, sino pequeñas medidas para cambiar lentamente el sistema. Su equipo está trabajando en ese tipo de iniciativas, evaluando costos y beneficios, pero con una consigna inmodificable: ninguna medida avanzará si implica pérdida de recursos fiscales. Están analizando el IVA, revisando el costo de los reintegros por tarjetas de débito y crédito, que alcanzaron los 760 millones de pesos el año pasado. Esas devoluciones son para todos sin discriminar niveles de ingresos y para todo tipo de consumo. Una posibilidad sería la de disminuir o eliminar ese reintegro y bajar el IVA a alimentos de la canasta básica, que impacta de lleno en los sectores de menores ingresos. También están analizando la cadena de valor de varios sectores productivos clave concentrándose en la elevada informalidad que, por caso, en la del trigo-harina-pan la estiman en el 50 por ciento, porcentaje similar al que se registra en la de la carne. Los técnicos estimaron que la baja de 10 puntos en la informalidad equivale a un mejora de casi 3 puntos en el coeficiente de Gini –un método para medir la distribución del ingreso– por el blanqueo de trabajadores.

El esquema de retenciones a las exportaciones también está en estudio para dejar atrás la uniformidad que lo hace injusto. Los Miceli boy’s creen que la materia prima (trigo) no puede tener el mismo porcentaje de retenciones que el eslabón siguiente de la cadena que incorpora valor agregado (harina). Ni la soja tener la misma retención que el resto de los granos. Estiman que debería ser más alta para desincentivar el monocultivo, proceso que está generando tensiones en el abastecimiento del mercado local de trigo, maíz y carne.

De todos modos, Miceli y su equipo son prudentes y no piensan que en el actual mandato de Kirchner se vaya a avanzar mucho, porque no existe el ánimo de generar sobresaltos en la economía y en la política. Señalan que basta con mirar la reacción destemplada del mundo empresario por tenues modificaciones de la legislación laboral. Peyrou y Neyra recuerdan, si embargo, que “un período histórico con crecimiento del Producto y de los ingresos fiscales es el momento ideal para introducir mejoras en el sistema”. El riesgo de no hacerlas es perder la oportunidad y quedarse en la simpática posición de las buenas intenciones.