La estrepitosa denuncia con la cual Roberto Lavagna se fue del Gobierno, sobre la existencia de sobreprecios y cartelización de oferentes en obras públicas de Vialidad Nacional, podría volverse en su contra si prosperase la denuncia judicial hecha por un particular para que se investigue la presunta responsabilidad de Julio De Vido y la del propio ex ministro de Economía en tal cuestión. Este trámite en Tribunales es por ahora el único al que dio lugar el planteo público de aquel urticante tema, que siguió investigándose en instancias administrativas sin que hasta ahora hubiera un dictamen claramente incriminatorio para nadie. Discretamente, las licitaciones objetadas por el ex ministro de Economía fueron anuladas.

Lavagna eligió la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción para disparar a fines de noviembre aquel brulote contra su entonces colega del gabinete, el ministro de Planificación, Julio De Vido, responsable en última instancia de todas las contrataciones que tienen lugar bajo su órbita. Lo hizo pocos días después de haber aludido al presunto problema en otra tribuna más discreta de la ciudad de Rosario y después de haberle encomendado a Defensa de la Competencia la investigación de las posibles transgresiones.

Por entonces, esa repartición era responsabilidad del secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, hijo de un constructor, que después de la partida de Lavagna fue reemplazado por Lisandro Salas, hombre del riñón de De Vido que ahora recaló en Comunicaciones. Ese recambio no habría inhibido la investigación en curso, para la cual Defensa de la Competencia contrató a un grupo de consultoras privadas, encomendándole analizar pliegos y contratos de las obras viales.

Esa asistencia particular puso de manifiesto una cierta brecha entre los términos de las convocatorias y los acuerdos que finalmente se firmaban con las adjudicatarias, generalmente por montos mayores. Pero hasta ahora no hubo ningún pronunciamiento formal y concluyente sobre esta cuestión que los constructores ya explicaban en su momento como un problema de “inflación de costos”. La demora entre el llamado a concurso y la firma de los contratos explicarían un aumento en el valor de los insumos, que finalmente se traduce en una cotización de los trabajos, muchas veces superior al presupuesto oficial para licitarlos.

El Banco Mundial, que aporta millonarios fondos para el mejoramiento de los caminos, comenzó su propia indagatoria, convocando a las constructoras. Estas respondieron orgánicamente, a través de la Cámara Argentina de la Construcción, que alertó sobre la magra capacidad instalada del sector post crisis, poniendo el foco sobre el mismo punto que señaló Aldo Roggio cuando Lavagna activó el explosivo: como muchas empresas habían quedado devastadas en los últimos años, ahora no calificaban como oferentes para las contrataciones, algo que propiciaría una natural selectividad de potenciales licenciatarias.

Quizás algunos de estos argumentos deban exponerse ante la Justicia en la medida en que avance el trámite iniciado por un particular, quien después de las declaraciones de Lavagna denunció a De Vido por la presunta comisión de irregularidades y a Lavagna por supuesto encubrimiento, ya que el ex titular de Economía habría elegido canales informales para advertir sobre una transgresión que, de constarle, a juicio del denunciante tendría que haber formulado en los Tribunales.

Los constructores están tan interesados como el propio Ministerio de Planificación en darle al tema un tratamiento discreto. Pero para ellos las chances de formular una imputación concreta y severa se diluirían porque el puñado de contrataciones objetadas por Lavagna fueron anuladas. “Eso torna abstracto el hecho denunciado”, conjetura un encumbrado dirigente de la CAC.

Muchos constructores, aun aquellos que están afuera del circuito de licitaciones públicas, lo reivindicaron en su momento como un ministro que alentó al sector con la asignación de importantes partidas para resucitar la obra estatal y lo rescatan ahora como un economista más afín a la filosofía empresaria que su sucesora, Felisa Miceli: muy celoso del superávit fiscal y menos generoso a la hora de convalidar aumentos salariales.