Un nuevo frente de tormenta asoma en la relación entre el gobierno nacional y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman. El problema es que en el medio de la disputa hay 560 mil jubilados. La Anses propuso días atrás implementar en la ciudad el mismo mecanismo de exención del impuesto inmobiliario acordado con Santiago Montoya en la provincia de Buenos Aires. La idea es que los jubilados con haberes inferiores a 1250 pesos y una vivienda de menos de 180.000 pesos de valuación fiscal puedan quedar exceptuados del pago del impuesto inmobiliario. En la provincia de Buenos ese sistema se empezará a aplicar de manera automática a partir de agosto. Sin embargo, en la Capital, el proyecto de la Anses fue rechazado por el flamante ministro de Hacienda porteño, Guillermo Nielsen, con el argumento de que representaba un costo fiscal excesivo.

El titular de la Anses, Sergio Massa, cerró primero con la provincia de Buenos Aires un convenio para eximir del impuesto inmobiliario a unos 500 mil jubilados y pensionados con domicilio en la provincia, que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. El subsecretario de Ingresos Públicos provincial, Santiago Montoya, fue el encargado de instrumentar el beneficio. Gracias a un cruzamiento de datos de la Anses y de Rentas, la exención se hará de manera automática, sin necesidad de trámite alguno, a partir de los haberes de agosto. Los jubilados radicados en la provincia de Buenos Aires dejarían de pagar unos 260 pesos anuales en concepto de impuesto inmobiliario.

Massa ya cerró un acuerdo similar con la provincia de Tucumán y tiene encaminada la negociación con la provincia de Mendoza, cuyo gobernador, el radical filokirchnerista Julio Cobos, pretende anunciar el beneficio apenas se resuelvan los aspectos técnicos. En todos los casos el esquema es el mismo: a los jubilados con haberes inferiores a 1250 pesos y una vivienda única de menos de 180 mil pesos (U$S 60 mil dólares) de valuación fiscal, las provincias conceden el provecho de no pagar el inmobiliario.

Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires la propuesta de la Anses chocó con la negativa del ministro de Hacienda, Guillermo Nielsen, quien consideraría demasiado elevado el costo fiscal. En el organismo aseguran que no existe ningún convenio con el gobierno porteño que beneficie a los jubilados que cobran a través de Anses. Y que las tratativas iniciadas con el equipo de Nielsen no encontraron una respuesta favorable. Según los registros nacionales, hay en la ciudad 560 mil jubilados que podrían calificar. Paradójicamente, la ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones con mayor superávit fiscal, gracias a que concentra los niveles más altos de prosperidad. Uno de los argumentos que podría justificar el fiscalismo de Nielsen es una deficiencia administrativa de la propia ciudad. A diferencia de Rentas de la provincia de Buenos Aires, que actualizó en los últimos años los valores fiscales de los catastros, en la ciudad las valuaciones fiscales están muy atrasadas. Así, por debajo del techo de 60 mil dólares de valuación fiscal pueden hallarse lujosos departamentos que no coinciden con el nivel de vida de un jubilado que cobra 800 pesos. Pero en lugar de afinar la puntería, Nielsen optó por dejar sin el beneficio a 560 mil jubilados.