A través de un críptico comunicado difundido anoche, Aeropuertos Argentina 2000 anunció la firma con el gobierno nacional de un nuevo contrato de concesión por el cual el Estado será socio del grupo comandado por Eduardo Eurnekian. La vía para transformar AA2000 en una empresa mixta será la capitalización de deudas a favor del Fisco que el propio concesionario privado estima en unos 850 millones de pesos. Planificación, la cartera con competencia específica en el tema, prefirió guardar silencio sobre este nuevo camino para zanjar los diferendos con las privatizadas: asociarse para cobrar las deudas, flexibilizando, al mismo tiempo, las condiciones para prestar el servicio.

“De esta manera quedan saldados los reclamos mutuos”, sentencia el texto difundido por la firma que opera las principales estaciones aéreas del país desde 1998, cuando Eurnekian desplazó a todos sus contrincantes ofertando un canon de 171 millones de pesos/dólares. Esta obligación nunca fue honrada debidamente, generando una millonaria deuda a favor del Estado, que el concesionario logra ahora cancelar parcialmente compensándola con otras obligaciones que éste habría contraído a su favor, en parte contraídas por la tardía entrega de algunas estaciones aéreas o la omisión de ciertas obras de remediación ambiental.

Para ese juego de compensaciones, el grupo privado también argumentó una merma importante en sus ingresos debido a la caída del tráfico aéreo, desgracia que atribuyó a “razones de fuerza mayor”, como el derrape que hubo en todo el mercado aerocomercial después del 11 de septiembre. Aun atendiendo este argumento, habría quedado un saldo a favor de las arcas públicas de poco más de 800 millones de pesos, de los cuales AA2000 sólo pagaría 150 en efectivo.

Estas precisiones fueron ofrecidas a este diario por fuentes de la empresa, pero no están en el texto de prensa difundido ayer. En éste se sostiene que el remanente a favor del Fisco (700 millones) “se cancelará mediante un mecanismo que permite el resguardo de la ecuación económico-financiera contractual y los intereses de la Nación” y que “se prevé la apertura inmediata del capital a inversores privados y al Estado nacional”.

La intención es emitir obligaciones negociables que luego serán convertidas en acciones preferidas y ordinarias. Por esta vía el Estado tendría una participación total en el capital accionario que oscilaría entre un 20 y un 30 por ciento, según cómo resulte aquella prevista oferta pública en la Bolsa. Así se formalizaría la integración de una empresa mixta que operará bajo condiciones más laxas que las previstas en la licitación convocada por Carlos Menem.

“El acuerdo ratifica y cumple las pautas preestablecidas en la Carta de Entendimiento suscripta en julio del 2005 entre la empresa y la Unidad de Renegociación”, subraya certeramente el comunicado. Efectivamente, allí ya se preveía la capitalización de pasivos y otras pautas como la conversión del canon fijo en un aporte variable, proporcional a los ingresos totales del concesionario, es decir, ligado a la suerte del negocio.

Según aseguraba la empresa anoche, esto significa que de ahora en más tributaría el 15 por ciento de su recaudación total, es decir, un monto equivalente a unos 120 millones de pesos anuales. Tampoco habrá un plan fijo de inversiones, sino sólo un programa marco de obras, revisable periódicamente en función de las necesidades del negocio, algo que también aliviana la carga sobre la sociedad que Eurnekian operó hasta ahora con los italianos de SEA.

Aunque prefiera eludir pronunciamientos públicos, Julio De Vido hace tiempo que abrazó la idea de que esta asociación es la única manera de cobrarle a un empresario nacional que no deja de simpatizarle, a pesar de que los millonarios pleitos en los tribunales. “Finalmente, él invirtió”, se consuelan en Planificación.