Si las provincias aumentaran este año su nivel de gasto un 25 por ciento, algo absolutamente factible, se pulverizaría el superávit que obtuvieron el año pasado, equivalente al 0,75 por ciento del PBI. El dato, que surge de un análisis del Ieral en base a información oficial, desnuda la debilidad relativa del interior y su eventual dependencia del poder central en el año electoral que se avecina, no sólo para ejecutar obra pública, sino para atender erogaciones corrientes como el pago de salarios. Aunque en menor medida, la Nación también podría quedar en una situación fiscal incómoda si quisiera, por ejemplo, corregir las jubilaciones por inflación, llevando el gasto provisional al mismo nivel en relación al Producto Bruto Interno que tenía en 2001, antes de la devaluación. En tal eventualidad, el mayor gasto previsional demandaría unos 8000 millones de pesos, equivalente al 40 por ciento del superávit primario que hoy tiene el gobierno central.

Pero este riesgo existe sólo como hipótesis de trabajo en el caso de la administración nacional que, a diferencia de las provincias, tuvo un aumento del gasto más en sintonía con la mayor recaudación. Es cierto que el ministerio a cargo de Felisa Miceli viene destinando una mayor proporción del superávit a cubrir nuevos gastos en lugar de ahorrarlo (la porción del ahorro sobre los mayores ingresos pasó del 32 en 2004 al 11 en 2005). Pero también es cierto que hay una intención de frenar el drenaje de recursos, como lo prueba el menor ritmo de crecimiento de las erogaciones este año. En los primeros tres meses de 2006 los gastos corrientes crecían a razón del 26 por ciento, porcentaje que en mayo se derrumbó a sólo el 13,9.

Hay otro dato a favor de la presunta austeridad fiscal nacional. El gasto público nacional consolidado es el mayor de los últimos trece años, ubicándose en torno al 20 por ciento del PBI. Pero, tal como destacan los economistas del Ieral –brazo académico de la Fundación Mediterránea–, lo que aumentaron fuertemente fueron las transferencias a las provincias, mientras que las erogaciones de la administración nacional se mantuvieron estables o, con más precisión, aumentaron tanto como el producto.

Aquí es donde la mira se vuelve hacia las provincias, ya que sus gastos aumentan más rápido que los recursos, a pesar de que éstos son notoriamente crecientes. La cuestión se explica en parte porque, a pesar del rezago que aún tienen los salarios públicos, muchas gobernaciones comenzaron a recomponer los sueldos, que representan en promedio la mitad de los gastos de las administraciones provinciales.

Sobre esta base, el equipo comandado por el economista Nadín Argañaraz advierte que la situación fiscal podría complicarse con las discusiones abiertas sobre los sueldos de estatales, en particular en los estados más grandes. Buenos Aires ya comenzó a registrar déficit, un problema de tal seriedad que en su resolución la administración de Felipe Solá intenta involucrar a Miceli.