Una de las próximas y descollantes medidas que se apresta a tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia tributaria es la imposición de un gravamen adicional sobre las propiedades de mayor valor, que se añadirá a lo que ya tributan por el Impuesto Inmobiliario. Esa carga extra sobre los inmuebles de lujo será dispuesta a través de un proyecto de ley que Felipe Solá se apresta a enviar a la Legislatura con la mayor discreción posible para evitar el lobby en contrario que hace poco tiempo abortó un revalúo general.

En ese frustrado caso –como ahora–, el propósito era subsanar la inequidad en el Impuesto Inmobiliario bonaerense, por la cual las viviendas más modestas terminan pagando proporcionalmente más que las más onerosas. La falencia que se intenta corregir está en el corazón mismo del régimen y se explica por un sistema de valuación fiscal que favorece a éstas en detrimento de aquéllas.

Las alícuotas del gravamen son progresivas, ya que suben a medida que crece el valor del inmueble a gravar. El problema es que las propiedades más baratas tienen una valuación fiscal muy próxima a su valor de mercado, mientras que en las otras esta brecha suele crecer enormemente, porque para el fisco están cotizadas muy por debajo de lo que finalmente se pagan en una operación de compraventa. El resultado es que un propietario adinerado termina pagando menos en términos relativos que uno más modesto.

Los técnicos de la Secretaría de Ingresos Públicos a cargo de Santiago Montoya tienen un ejemplo ilustrativo. El dueño de una casa radicada en territorio bonaerense que vale 450 mil pesos al año tributa el equivalente al 0,25 por ciento de ese valor (1125 pesos al año), mientras que el dueño de otra que no supera los 150 mil pesos paga el equivalente a 0,40 de la base (600 pesos anuales).

Para subsanar esa inequidad, la administración de Solá hace un tiempo impulsó un revalúo general, finalmente frustrado por la gran resistencia que generó el tema. Sus detractores argumentan que el resultado de tal revisión sería un aumento de la presión fiscal general, sin discriminar entre los pobres por ingresos y los que no lo son. Ahora, el gobierno de Solá intentará una vía alternativa, en base a la pauta de aumentar la carga tributaria exclusivamente sobre los inmuebles más caros. Pero la línea de corte para definir este universo y la envergadura de la presión adicional son cuestiones que aún están bajo análisis técnico.

“El 2006 será el año del fortalecimiento de la estructura tributaria y en el 2007 vamos a avanzar sobre el núcleo duro de la evasión, yendo sobre los que tienen cuentas en el exterior y pagan la cuarta parte de lo que tributa un asalariado”, declaró Solá días atrás a un periódico bonaerense, desnudando la intención de hacer cambios en el sistema tributario con miras a reforzar la recaudación.

Junto a Ingresos Brutos y Patentes, el Inmobiliario es uno de los pilares clave de la estructura tributaria de la provincia, cuyas cuentas fiscales están en una situación delicada por el aumento de los gastos y el crecimiento más atenuado de los recursos.

Quizá por esto, mientras Montoya trata de amedrentar evasores de alto poder adquisitivo con el secuestro de las TV con plasma, obleas en los autos de los morosos que vacacionan e instrumentando el control electrónico de la carga de camiones, o pretende seducirlos con moratorias como la que acaba de lanzarse horas atrás, con fuertes quitas sobre los intereses, el diputado bonaerense Jorge Sarghini junta firmas para un proyecto de ley que pretende capturar para las arcas de las provincias al menos parte de los fondos que la Nación tiene atesorados como Aportes del Tesoro Nacional y cuya distribución hoy es potestad de Aníbal Fernández.