El Ministerio de Trabajo informó ayer que, durante las inspecciones laborales realizadas en el último año y medio, el 38 por ciento de las empresas presentó algún tipo de irregularidad y se detectó un 23,8 por ciento de trabajadores no registrados. El relevamiento abarcó a 134 mil establecimientos privados de todo el país donde se desempeñan 462 mil trabajadores. Para combatir el empleo en negro, el ministro Carlos Tomada anunció la creación de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social, que será presidida por Julio Casavelos. “Hemos trabajado mucho y bien, pero ha llegado la hora de dar un paso adelante. La etapa de la didáctica terminó. Seremos inexorables con quienes no cumplan”, aseguró el ministro.

Pese al alto porcentaje de informalidad detectado, desde el ministerio se esforzaron por mostrar lo realizado a partir de la entrada en vigencia el Plan Nacional de Regularización del Trabajo. Entre abril de 2004 y 2006, el personal afectado al plan aumentó de 331 a 818 (147 por ciento) y el equipamiento informático creció un 200 por ciento. Según Tomada, eso posibilitó que actualmente de cada 100 empleos que se crean, 85 sean en blanco. Además se informó que en los últimos tres años la cantidad de trabajadores que aportan al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones subió de 3,8 a 5,1 millones (32,2 por ciento).

En cuanto a las sanciones, los funcionarios informaron que se resolvieron 17.605 expedientes iniciados luego de detectar irregularidades laborales. En el 82,7 por ciento de los casos (14.559 empresas) se aplicaron multas por un monto acumulado de 23,4 millones de pesos. Mientras que el 17,3 por ciento de las compañías resultó absuelta. Además se destacó que el 15 por ciento de los empleadores obtuvieron una reducción en el monto de la multa por regularizar la falta de la clave de alta temprana de los trabajadores. También se dieron a conocer los resultados del Operativo Turismo realizado en el verano 2006 cuando se relevaron 10.645 establecimientos, detectándose un 29,5 por ciento de trabajadores no registrados. De ese total, el 38,2 por ciento fue regularizado antes de que la empresa fuera convocada a la audiencia previa a la iniciación del sumario. Así lograron reducir en un tercio el costo de la multa. Un operativo similar se anunció para las vacaciones de invierno (ver aparte).

Julio Casavelos, flamante subsecretario de Fiscalización del Trabajo, aseguró a Página/12 que la creación del área que va a conducir implica un nuevo impulso al combate de la informalidad, porque a partir de ahora “habrá un funcionario dedicado específicamente a esa actividad”. Además, aseguró que pronto entrará en vigencia un régimen para simplificar el trámite de inscripción de empleados y se impulsará ante el Congreso la sanción de una ley que introduzca nuevos mecanismos de registración para el empleo rural.

La simplificación registral ya había sido anunciada por Tomada en marzo de este año. El sistema unifica los trámites para dar de alta a un trabajador, con el objetivo de bajar los costos de inscripción y reducir así el empleo informal. El sistema, que iba a entrar en vigencia el 1º de julio pero luego se postergó, facilita la inscripción de los trabajadores ya que en un solo trámite informático el empleador podrá dar por cumplida la registración del empleado ante la AFIP, la Anses y las superintendencias de Riesgos del Trabajo, de Servicios de Salud y de AFJP. Por su parte, a través de la iniciativa que prevé cambios en la registración para el empleo rural se intentará cobrar los aportes patronales en algún lugar de la cadena de comercialización, sin abandonar el mecanismo de alta temprana de trabajadores eventuales y permanentes.