La relación entre la Argentina y Chile entró en una espiral de conflicto en el área energética. Paso a paso, las partes van endureciendo el tono de la disputa sin que los contactos informales entre los dos gobiernos hayan conseguido hasta acá acercar posiciones. El Ministerio de Planificación Federal amenaza con dejar de lado el primer criterio del aumento de los combustibles para automóviles con patente extranjera que cargaran en áreas de frontera, que según la resolución respectiva debía ser de carácter optativo para los expendedores. Ayer lanzó la versión de que el aumento sería obligatorio. El endurecimiento de la medida sería la respuesta al tono hostil en que respondió el gobierno chileno, que acusó –en boca de su canciller– a la administración de Kirchner de usar “un doble discurso”. Ayer, Julio De Vido ratificó que se fijarán retenciones adicionales a las exportaciones de gas a Chile, como forma de obtener recursos que compensen “en su exacta incidencia” el aumento que debería pagar la Argentina, a partir de hoy, por el gas boliviano.

En el sector petrolero privado, en tanto, aseguraban ayer que todavía no se había informado cómo se implementará desde hoy la compra de gas boliviano para el mercado interno, dado que según el acuerdo firmado con el gobierno de Evo Morales Enarsa debería empezar a actuar como intermediario, comprando en Bolivia y vendiendo a los agentes que operan localmente (petroleras, usuarios industriales o distribuidoras).

Alejandro Foxley, canciller chileno, que el jueves había cuestionado el “doble discurso” de la conducción argentina, que por un lado habla de integración y por otro grava discriminatoriamente la venta de combustibles a extranjeros, volvió ayer a la carga sobre el mismo tema. “No hemos descartado ninguna acción en el plano que corresponda, estamos evaluando varias alternativas”, respondió con tono severo a la medida dispuesta esta semana. Según fuentes del país trasandino, las localidades de Los Andes (próxima a la ciudad de Mendoza, de este lado de la cordillera) y Puerto Natales (en el extremo sur chileno) son las que se verían más perjudicadas.

La respuesta de Foxley pareció dirigida a la derecha opositora al gobierno de Michelle Bachelet, que propuso recurrir a la Organización Mundial de Comercio o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, para denunciar la actitud argentina. También se oyeron, desde esa misma vereda, propuestas de boicot a la compra de productos argentinos o a hacer turismo en la Argentina, llegando incluso a pedir el retiro del embajador en Buenos Aires. El gobierno chileno debió responder con dureza a las restricciones y penalidades que la Argentina impuso a los combustibles, ante el desprestigio que sufrió frente a la población, que presintió que debería pagar más caro por sus servicios públicos. Chile tiene a la Argentina como su único proveedor de gas natural, utilizado no sólo para consumo de industrias y viviendas, sino además como combustible de las centrales térmicas.

En tanto, en el gobierno argentino no cayeron bien las declaraciones de Bachelet ni las de Foxley, criticando su actitud. Ayer, De Vido insistió en la aplicación de retenciones a las exportaciones de gas cuya magnitud, dijo, está a estudio del Ministerio de Economía. “Será equivalente a la incidencia exacta que tienen en el precio del gas para Argentina” el aumento a 5 dólares por millón de BTU acordados con Bolivia. Respecto de este punto, la administración chilena anunció que esperará hasta que Argentina defina el tema para hacer conocer su posición.

Ayer, en forma sorpresiva, el Ministerio de Obras Públicas de Chile informó que el proyecto de construcción del llamado tren trasandino quedaba “suspendido por razones técnicas”. Casualidad o no, lo escueto del comunicado que no brinda más información al respecto dio pie a las especulaciones. La medida parece conllevar la intención de represalias,que afectan la firma de capitales argentinos Tecnicagua, que presentó el proyecto como iniciativa privada. Esta conexión ferroviaria forma parte del Corredor Bioceánico Central, que uniría a Buenos Aires con puertos chilenos. El llamado a licitación para la construcción del ferrocarril debía ser anunciado formalmente en agosto próximo por ambos presidentes, lo que hace más significativa la decisión unilateral adoptada ayer por el gobierno chileno. Un elemento más de tensión a una cuerda que ya está demasiado tirante.